Referéndum: los tres antecedentes y qué impacto tuvieron en el mapa político uruguayo

Este mecanismo de democracia directa fue instituido con la reforma constitucional de 1967. El último antecedente data de hace 19 años. En 2003 estaba sobre la mesa el mismo debate binario de una papeleta rosada por el Sí y una celeste por el No, pero la discusión tenía que ver con Ancap y su funcionamiento monopólico. Una década atrás se había puesto a consideración la ley de empresas públicas aprobada por el gobierno de Luis Lacalle Herrera y, en 1989, el histórico debate por la ley de caducidad que, en pocas palabras, habilitaba que los militares acusados de violar los derechos humanos durante la dictadura no pudieran ser juzgados.

Al igual que este domingo, aquellas instancias cayeron en el medio de una administración y por esa razón generaron consecuencias políticas distintas: desde la “ratificación” que obtuvo Julio María Sanguinetti al “golpe de gracia” que cosechó el gobierno de Jorge Batlle como corolario de la crisis económica de 2002.

Ley de caducidad: entre lo histórico y lo dramático

El camino que llevó a Sanguinetti a gobernar el Uruguay por primera vez comenzó un buen tiempo antes de las elecciones de 1984, cuando a comienzos de esa década empezó la transición democrática luego de que los militares perdieran el plebiscito constitucional que pretendía legitimar a las Fuerzas Armadas en el poder.

El líder colorado se sentó en el sillón presidencial el 1 de marzo de 1985 tras una campaña donde “el cambio en paz” se tornó su idea fundamental y llave clave para enmarcar una salida lo menos traumática posible. Al año siguiente, el Parlamento abrochó el cierre de la transición cuando con votos colorados y del sector mayoritario del Partido Nacional se aprobó la ley que estableció “la caducidad del ejercicio de la pretensión punitiva del Estado” respecto de los delitos cometidos “por funcionarios militares y policiales durante el período de facto”.

La discusión sobre la fórmula encontrada para facilitar la salida fue intensa en las colectividades políticas e incluso en la ciudadanía, tanto que a pocas semanas de la aprobación en el seno del Legislativo se formó una comisión para impulsar una campaña de recolección de firmas que habilitara, por primera vez en la historia, una instancia de referéndum. Y se logró.

Aquella elección “marcó un hito” para el politólogo Antonio Cardarello porque fue la primera vez que se utilizó ese mecanismo de democracia directa, pero además porque en boga había un tema que el experto definió como “bastante delicado, álgido y sensible”. En ese sentido, el politólogo Daniel Chasquetti consideró que se trató “del referéndum más dramático de todos” porque la democracia uruguaya estaba todavía en proceso de consolidación.

La histórica convocatoria recién se concretó en el último año del gobierno de Sanguinetti, en 1989, tras un período de idas y venidas en la ratificación de las firmas. El 16 de abril, casi dos millones de uruguayos eligieron entre el “voto amarillo” que confirmaba la ley y el “voto verde” que la derogaba.

La permanencia de la ley de caducidad fue elegida por el 56% y según los expertos esto le dio un espaldarazo a la transición que se había procesado. “Sanguinetti, que estaba en retirada (de la presidencia), logró una ratificación porque la mayoría de la población aprobó la salida que él había propuesto”, reflexionó Cardarello tras ser consultado por El Observador. Las cifras, además, mostraron cierto relegamiento de la discusión sobre los derechos humanos en la época, si bien el tema volvió a recobrar fuerza un tiempo después.

Las empresas públicas y el golpe político a Lacalle

Fue presentado como uno de los proyectos “más trascendentes” del gobierno blanco y Lacalle Herrera la concibió como uno de los mojones fundamentales para la ambiciosa reforma del Estado que se enmarcaba en una fuerte visión liberal.

El primer día de octubre de 1991 y luego de maratónicas sesiones de discusión en las cámaras del Palacio Legislativo, la ley que pretendía modificar la estructura de algunas compañías estatales habilitando la desmonopolización y la privatización de los entes fue promulgada por el Poder Ejecutivo. En la discusión parlamentaria había recibido el apoyo de la mayoría de los legisladores blancos y de algunos sectores del Partido Colorado.

Pero en el Uruguay de José Batlle y Ordóñez donde el Estado y las empresas públicas siempre tuvieron un papel relevante, la cosa no quedó allí. El PIT-CNT (en el que el sindicato de Antel tenía un peso importante) y la izquierda comenzaron una campaña para que los uruguayos definieran en las urnas el destino de los principales artículos de aquella ley.

La comisión prorreferéndum necesitó de dos instancias para habilitar la votación porque en la primera no alcanzó las voluntades necesarias, algo que en ese momento despertó un espíritu triunfalista en el gobierno de Lacalle Herrera que luego hizo más estrepitosa la derrota.

La papeleta blanca del Sí que impulsaba la derogación se alzó con el 66%, a poco más de un año y dos meses de su aprobación, mientras que el No (es decir, quienes querían mantener la ley) cosechó un 25%, lo que significó un duro revés para la administración blanca. En su lectura, Cardarello explicó que el contundente resultado dejó a su paso un debilitamiento político de Lacalle Herrera como mandatario. “El referéndum marcó un quiebre en la dinámica de su gobierno”, explicó el experto.

El presidente de la República había asumido la magistratura con un débil respaldo que desde el comienzo del período había intentado fortalecer con la construcción de una “coincidencia nacional”, pero esa convergencia política se desfibriló rápidamente y no logró grandes acuerdos. De hecho, para Cardarello, el resultado electoral de 1992 fue el punto final de aquella incipiente coalición.

Según los expertos, la derrota significó un freno al programa de gobierno de la administración Lacalle Herrera, que se proponía importantes reformas, fundamentalmente en el ámbito económico. Chasquetti opinó que “la agenda se diluyó” y atribuyó como una de las principales explicaciones la amplitud del arco opositor. El propio Sanguinetti, de hecho, le soltó la mano al presidente y apoyó la derogación impulsada por el Frente Amplio y las organizaciones sociales. Después del traspié del oficialismo, muchos “se pasaron factura y se distanciaron del presidente”, recordó el politólogo.

La ley de Ancap: el cachetazo definitivo en 2003

El último antecedente de referéndum se remonta a la administración Batlle, que en enero de 2002 promulgó la ley 17.448. La norma había recibido unos días antes los votos afirmativos de legisladores colorados y blancos en el Parlamento. El Frente Amplio con una figura como Tabaré Vázquez en plena ascendencia no levantó la mano en el recinto parlamentario, aunque algunos de sus dirigentes (entre ellos el luego ministro Danilo Astori y los senadores Alberto Couriel y Enrique Rubio) fueron corredactores de la iniciativa original.

En esencia, la ley habilitaba la desmonopolización de la importación, exportación y refinación de petróleo crudo y el de exportación de derivados de petróleo que gozaba la empresa estatal, habilitándola a asociarse con terceros privados. Como en un loop de lo que dos décadas después ocurrió con la LUC, la Federación Ancap se puso al hombro la campaña de derogación y el Frente Amplio acompañó la iniciativa.

El contexto que vino después es conocido. En 2002, una dura crisis económica y social pegó duro en el país y hostigó la popularidad de Batlle, tras una serie de sucesos (endógenos y exógenos) que produjeron un profundo deterioro del sistema financiero. Decenas de miles abandonaron el país y otros tantos cayeron en la pobreza. Políticamente, la crisis apuró la ruptura de la coalición entre el Partido Colorado y el Partido Nacional.

Con un gobierno golpeado (y una ciudadanía que también lo estaba), se consiguieron las firmas necesarias y sobre fines del 2003 se convocó a los uruguayos a las urnas. En el debate estuvo, al igual que en esta ocasión, el color de las papeletas y el viejo recuerdo del verde y el amarillo de 1989 que la Corte Electoral saldó al proponer el rosado para el Sí y el celeste para el No.

El resultado fue categórico. La opción del “Vota Sí por Ancap y el Uruguay productivo” obtuvo el 62% de las adhesiones y la ley fue derogada. Para Cardarello, la decisión de los votantes marcó el “golpe de gracia” para el gobierno de Batlle que, castigado y debilitado, obtuvo unos guarismos que “terminaron con su legitimidad”. Chasquetti, en el mismo sentido, explicó que la administración colorada venía “particularmente herida” y aquel referéndum marcó “el final lógico y esperado”, al tiempo que previó la irrupción de una alternativa: el Frente Amplio.

El triunfo del rosado fue el antecedente, junto a la crisis, de la histórica victoria frenteamplista en las elecciones presidenciales de 2004. “Venían con un viento bárbaro en la camiseta”, recordó Chasquetti, mientras que Cardarello subrayó que los mecanismos de democracia directa son un buen termómetro para medir “si las preferencias del electorado reflejan el resultado de la elección anterior o están más cerca de una nueva disputa”.