Reforma de la seguridad social: Un paso necesario

A 20 años de su puesta en marcha, la modificación del régimen jubilatorio sigue presente en el debate de los distintos actores sociales y, como algo natural, el menester de implementar ajustes para mejorar distintos aspectos está presente en la agenda.

Pero, por encima de eso, un punto sobresaliente radica en la necesidad que tenía Uruguay de reformar el sistema, para hacerlo menos deficitario y más justo. Eso trajo de la mano otras modificaciones de fondo, como la creación de la historia laboral de cada trabajador y de la recaudación nominada en lugar de la antes llamada "bolsa común".

La ley n.o 16.713 sancionó una reforma estructural del sistema de jubilaciones y pensiones para las actividades amparadas por el Banco de Previsión Social (BPS), y sustituyó un sistema único de reparto por un sistema mixto con dos puntas: un reparto solidario y otro que se basa en el ahorro individual obligatorio. Para lo segundo se crearon las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP).

"La ley resolvió muchos de los problemas existentes. El sistema previsional estaba quebrado y si no se hubiera hecho la reforma no sé de cuánto sería el déficit fiscal que tendríamos solo por temas previsionales. Hubo una primera razón, el país no podía solventar el sistema previsional y había que hacer cambios importantes", recuerda el expresidente del BPS, Juan Berchesi.

Hasta entonces, las jubilaciones se otorgaban por años de servicio y no por años de aportes, lo que también hacía necesario que las personas tuvieran que justificar los años trabajados, en algunos casos con información fidedigna, y en otros con testimonios falsos y contactos de influencia que servían para apurar los expedientes.

El viejo sistema también era incentivo para aportar lo menos posible y ganar parte del sueldo "en negro". Con jubilaciones topeadas, no tenía sentido aportar más, y al empleador le convenía pagarle algo por fuera al trabajador, porque de ese modo también reducía costos. Así las pasividades no tenían relación con los aportes y los contribuyentes debían aportar cada vez más para cubrir el déficit. Con la nueva ley, y de forma paulatina, cada vez fueron menos las jubilaciones testimoniales y más las concedidas por la historia laboral.

Para las administradoras de fondos previsionales, además de posibilitar una prestación que se considera mejor a la que obtendría el trabajador solo por el régimen de reparto, la sustentabilidad es el gran logro del régimen mixto, tras haber superado con éxito las crisis económicas de 2002 y 2008. Hoy cuentan con más de 1,3 millones de afiliados (90 % en forma voluntaria) y un fondo de inversión de casi US$ 11.000 millones, producto del ahorro individual.

De cara al futuro, se entiende conveniente seguir perfeccionando el sistema. Entre otros puntos, las administradoras privadas mencionan la necesidad de reducir la concentración de mercado que generan las afiliaciones de oficio a favor de la administradora de capital estatal. También se plantea la creación de un tercer fondo previsional para los más jóvenes que permita realizar inversiones de mayor riesgo. A eso se suma la creación de incentivos para los afiliados interesados en destinar un monto mayor al que están obligados a aportar.

Otros puntos pendientes en la agenda incluyen la modificación de la unidad de cuenta de la renta vitalicia –pasando de Unidades Reajustables (UR) a Unidades Indexadas– y la modificación de parámetros, como el ajuste de las tablas de mortalidad sobre las que se pagan las prestaciones, y la edad mínima de jubilación.

El pago de las pólizas previsionales lo realiza el Banco de Seguros del Estado (BSE), la única aseguradora que hoy participa en ese mercado, después de que las privadas dejaran de hacerlo por considerarlo de muy alto riesgo. Hoy el banco recibe el total del dinero ahorrado por el trabajador en UR, pero tiene la dificultad de no poseer instrumentos de inversión en el sistema financiero que varíen a la par del Índice Medio de Salarios, por el que se ajustan las jubilaciones cada año. Así enfrenta la incertidumbre de no poder calzar los ingresos generados por la inversión de las reservas con las obligaciones que se generan por las rentas previsionales que tiene que pagar en el largo plazo.

En la vereda del movimiento sindical se reconocen mejoras de la seguridad social en relación a la cobertura, el nivel de las prestaciones y la sostenibilidad económico financiera, pero se es firme impulsor de eliminar el sistema de capitalización individual. El PIT-CNT se opuso fervientemente a la instauración de las AFAP desde antes que fuese aprobada la ley de reforma jubilatoria que significó la entrada en vigencia del régimen mixto.

Un argumento base es que el monto a cobrar por el régimen solidario está "claramente" definido, al considerar que dependiendo de la edad de retiro y los años trabajados el BPS aplica una tasa de reemplazo sobre un promedio de los sueldos declarados. Pero en el caso del régimen de ahorro individual se entiende inconveniente que la prestación que pagan las aseguradoras dependa de lo que cada uno logre ahorrar en su cuenta y de la rentabilidad obtenida por cada administradora de fondos. "Es una prestación indefinida sujeta a variables que pueden presentar alta volatilidad, con un mayor riesgo que la jubilación que otorga el régimen de reparto", afirma un documento elaborado por la representación de los trabajadores en el directorio del BPS.

"No hay ninguna bomba a punto de estallar. Tenemos un sistema bastante estable y un tiempo razonable para dialogar, seguir haciendo reformas como las que hemos hecho en estos últimos años y generar políticas de Estado. Para hacer reformas graduales, sostenibles y sustentables financieramente en el corto y largo plazo. Y para seguir pensando modelos", considera el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro.

Esta nota forma parte de la publicación especial de El Observador por sus 25 años.