La uruguaya que llegó a organismos internacionales para cobrar su jubilación y fue la primera en 100 años en ganarle al Estado

Silvia Flores Mosquera (59) cumple con todo eso. Tiene cáncer renal, tuvo cáncer de mama, tiene la enfermedad autoinmune de lupus. Es diabética insulinodependiente y eso le derivó en otros problemas de salud, lo que hizo que tuviera que jubilarse por discapacidad. Hace nueve años nadie creía que fuera a vivir mucho más. Tiene el récord de personas a las que les que le dijeron que no era posible. 

Trabajó siempre. En el sector público, en ANEP, y hasta el momento de jubilarse, en 2014, lo hizo como gestora de calidad en una empresa iberoamericana. Siempre desde Paysandú, donde vive hasta hoy.

De joven militó contra la dictadura y estuvo presa varios meses, primero en el Batallón 8, también fue detenida en la comisaría 1. Tenía 13, 14, 16 años. Se fue a Argentina, donde también estuvo detenida. 

Ese es el origen de su reclamo. 

La ley 18.033, promulgada en 2006, regula quiénes pueden ampararse en la pensión especial reparatoria (PER), que abarca a todas las personas que fueron presas entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985. Estas personas pueden recibir 8,5 bases de prestaciones ($ 48.110 al valor actual).

El problema aparece en su segundo inciso, donde señala que no tienen derecho a esta reparación quienes ya perciban una jubilación, o pensión, retiro o subsidio por discapacidad parcial. En caso de que lo tengan, la persona deberá optar por cobrar la reparación o la retribución que ya tiene. Tampoco pueden acceder quienes tienen ingresos de más de 15 bases de prestaciones (unos $ 84.900).

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Flores Mosquera no accedió a la PER por su condición de ex presa política. Lo hizo a través de su esposo, quien ya cobraba esta pensión. Cuando él murió, ella tuvo que elegir: o seguía cobrando su jubilación o heredaba la pensión reparatoria de su esposo. Como la segunda opción era más dinero, se fue por esa opción.

Ella firmó la suspensión de jubilación ante el BPS. Y eso le dejó la insatisfacción de haber aportado toda la vida para un derecho que ahora no iba a acceder.

–¿Por qué tengo que renunciar a eso? –cuestionó.

La ley es la ley. Sin embargo, Flores Mosquera veía una contradicción. Por qué tenía que renunciar a la jubilación, ¿para la que había aportado toda su vida? Sentía que ese derecho se lo había ganado más allá de si, además, le correspondía una reparación reparatoria por lo que vivió en la dictadura. 

Entonces empezó su lucha. 

Según pudo reconstruir El Observador con varias fuentes que estuvieron en contacto con el caso, Flores Mosquera fue a golpear las puertas en Presidencia: nadie la recibió. No logró la atención del entonces secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma; menos, la del presidente Tabaré Vázquez. No paró de levantar el teléfono, de tomar ómnibus hasta Montevideo. Iba a oficinas del Estado, buscando si alguien le decía que su razonamiento no estaba tan mal. No lo consiguió.

El Observador intentó consultar a Flores Mosquera, quien no quiso declarar para esta nota. 

En 2018 hizo un curso que dio una chilena de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces se planteó llevar su tema al organismo internacional. Una locura, le dijeron: la ONU recibe cientos de peticiones por día, que alguien se interesara por su caso era como si eligiera su grano de arena en el desierto. 

Sin embargo, allá viajó la carta, en inglés, a Ginebra. Implicó llamadas casi a diario haciendo seguimiento a través de Chile. Entonces pasó: logró el primer informe favorable de parte de la relatoría por discapacidad. Decía que a Silvia Flores Mosquera se le tenía que pagar su jubilación, que era su derecho. 

Aunque ese informe de la ONU no le sirvió para los pasos que dio después. En el gobierno no tuvo suerte. Tampoco consiguió que tomara su caso la Universidad de la República, adonde fue a buscar defensa. 

Intentó poner el tema en debate cada vez que tuvo la oportunidad. En 2017, por ejemplo, escribió sobre el acceso a la PER y las debilidades que entendía que tenía la ley que la creó. Lo hizo a través de una coalición de organizaciones sociales, entre la que estaba Amnistía Internacional, que tenía como fin visibilizar determinados temas que estaban afectando a la sociedad. 

También llevó al reclamo ante la Suprema Corte de Justicia, para intentar que declararan la ley inconstitucional. Fue en vano: ya había 169 sentencias que declaraban constitucionales la ley 18.033. La suya fue la 170. 

Se le cerraron todas las puertas, hasta que unos meses después, llegó a Uruguay una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La citaron a ella y a cuatro personas más: querían saber qué la había motivado a escribir sobre la ley y la PER. 

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Flores Mosquera no pudo llegar a Montevideo por los horarios de los ómnibus, pero logró contar su caso por teléfono. Ahí supo que podía intentar la admisibilidad para que su problema fuera tratado en la CIDH. 

Lo hizo sin abogado. Llenó los formularios y esperó. Con la petición, fue al Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí empezó una negociación a través de la CIDH de la que esperaba noticias todos los días, entrando al portal donde hacía el seguimiento de su caso.

Un día apareció en el sitio la respuesta del Estado uruguayo, bajo la firma del canciller Francisco Bustillo. Decía que no, que lo que planteaba no era admisible. No iba a poder cobrar su jubilación si seguía percibiendo la PER. Como argumento, la cancillería subió al portal de la CIDH las 169 sentencias negativas de la Suprema Corte de Justicia. 

Otra vez lo mismo.

Flores Mosquera ya no sabía qué hacer. A los meses, revisando documento por documento que había subido el Ministerio de Relaciones Exteriores, se encontró con uno que se convirtió en su bandera para insistir: un informe de Jurídica de la cancillería decía que no, que su jubilación no era incompatible con la pensión reparatoria. 

Se agarró de ese informe y no lo soltó más.

Después de reuniones por zoom, horas de estudio sobre tecnicismos legales para intentar entender qué necesitaba y cómo debía responder a cada paso, terminó planteando la posibilidad de una solución amistosa con Uruguay a través del organismo internacional. El Estado accedió: quería que se le reconociera lo que había atravesado durante la dictadura ella y su esposo, que el Estado le pidiera disculpas. Y quería cobrar lo que le correspondía por haber trabajado. 

Después de ocho años, sola, frente a una computadora, Silvia Flores Mosquera se convirtió en la primera mujer uruguaya que en 100 años logró ganarle la pulseada al Estado ante el organismo internacional. Obtuvo su reconocimiento y el de su esposo, en privado, por zoom. Y cobró de forma retroactiva las jubilaciones que el Estado le había quedado debiendo. Y las seguirá cobrando, al igual que la PER, hasta que las enfermedades que padece le ganen la pulseada a ella. 

El resto sigue sus pasos

Ahora, el periplo de Flores Mosquera fue tomado por Crysol, la asociación que nuclea a los ex presos políticos, para intentar reunir a los más de 150 casos que ya tienen sentencia negativa de la SCJ y llevar también estos casos al ámbito internacional. 

También sigue sus pasos Diego Damián, un ex preso político que se presentará a la Suprema Corte de Justicia para lograr, también, cobrar su jubilación.

El caso es el mismo: estuvo preso cuatro años durante la dictadura, se jubiló, y tuvo que elegir entre la PER y la retribución que le corresponde por haber aportado a la caja durante años.

Siempre dijo que el día que se jubilara lucharía por su derecho de cobrar lo que le corresponde.

La carta que tiene Damián, que Silvia Mosquera no tuvo en esta instancia, es que ahora hay un organismo internacional que laudó sobre el tema, y que entendió que la jubilación no era incompatible con la pensión reparatoria. Con ese antecedente, dará la batalla ante la SCJ.

En conversación con El Observador, Damián destacó que, si ella pudo, tarde o temprano quizá él también lo hará.