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Reforma jubilatoria anula "decreto ilegal" de Vázquez y reduce montos de pensiones reparatorias
La reforma del sistema jubilatorio que propuso el Poder Ejecutivo y que aparece respaldaba en líneas generales por la coalición de gobierno unifica el régimen general de pensiones y significará, en los hechos, la reducción de los montos que se perciben en prestaciones por supervivencia generadas por pensiones especiales reparatorias (PER) otorgadas a expresos políticos.
El artículo 65 del extenso articulado establece que las pensiones deberán ser establecidas en función de un "salario básico de pensión" del equivalente a la jubilación o retiro que le hubiera correspondido al causante a la fecha de su fallecimiento, con mínimo igual a la asignación por incapacidad total. La clave está en el artículo siguiente, el 66.
Allí se indica que las viudas, divorciadas o concubinas cobrará el 75% de ese "salario", siempre que exista núcleo familiar o concurrencia con hijos no integrantes del mismo o padres del causante. Si se trata solo de viudas, concubinos o hijos, será del 66%. en el caso de divorciados o padres de causante, el 50%.
El proyecto define en forma explícita que estos porcentajes de asignación de pensión se aplicarán también a las pensiones reparatorias. El problema es que, a raíz de un decreto firmado por el presidente Tabaré Vázquez en febrero de 2020, poco antes de dejar su cargo, viudas e hijos de expresos políticos perciben el 100% de la pensión. Esto fue así debido a su carácter "eliminatorio" con respecto a otras prestaciones, por lo cual Uruguay recibió una serie de observaciones por parte de organismos internacionales.
El senador frenteamplista Daniel Olesker consideró que lo que propone ahora el gobierno es absolutamente innecesario. "Es poca gente, poca plata, gente muy sufrida y que tiene esperanza de vida inferior a la media", cuestionó. "Se trata de un agregado inútil, que no tiene efecto financiero". Olesker pidió además trabajar en la eliminación de la incompatibilidad entre el cobro de este tipo de pensiones y el resto de prestaciones del sistema.
La explicación llegó por parte del abogado Rodolfo Saldain, redactor del proyecto de reforma. A su entender, está "fuera de dudas" que el decreto de Vázquez que dio origen a esta situación es "abiertamente ilegal".
"No es defendible que por decreto se establezca el monto de las pensiones de un determinado grupo de personas, por más que sean pocos", afirmó. Lo que está previsto en el proyecto, defendió, es que "ni más ni menos" lo previsto para las pensiones especiales reparatorias sea lo mismo que para el régimen general. El monto de estas pensiones es de 8,5 Bases de Prestación Contributiva (BPC), equivalentes a unos $ 44 mil actualmente.
"Los beneficiarios de la pensión son los que marca la ley con carácter general" precisó Saldain sin pronunciarse sobre el fondo del planteo aunque remarcando su posición. "Claramente, por decreto no se puede establecer un procedimiento de estas características", concluyó. Saldain dijo además que el diseño de la propia PER es dudoso para ser un prestación que quiere ser reparatoria.
Cabildo Abierto pretende que la reforma jubilatoria incorpore la eliminación del carácter "hereditario" de las pensiones especiales reparatorias, para que las mismas se extingan con la muerte del causante.
