Manini contra el carácter "hereditario" de estas pensiones.

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Ex presos políticos rechazan "represalia" de Manini y presentarán demanda internacional por pensiones

El Estado acordó indemnizar a una mujer obligada a renunciar a su pensión por discapacidad para poder percibir la pensión reparatoria
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26 de octubre de 2022 a las 19:13

Crysol, la organización que nuclea a las personas que fueron presas políticas en Uruguay, rechazó en forma contundente el reclamo de Cabildo Abierto de que la reforma jubilatoria a discusión del Parlamento incluya la eliminación de las condición "hereditaria" de la Pensión Especial Reparatoria (PER) que perciben los que fueron encarcelados durante la dictadura.

"Da vergüenza" le dijo a El Observador el presidente de ese colectivo, Gastón Grisoni. Se trata, señaló, de un "acto de represalia" que tendrá como principales víctimas a un grupo de personas en su mayoría septuagenarias, que cobran este tipo de prestación. Muchas de ellas, indicó, mujeres viudas que fueron en su momento luchadoras sociales y políticas. 

Manini había señalado este lunes su aspiración a que el texto incluya la eliminación del carácter "hereditario" de las prestaciones destinadas a los que fueron presos entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985. "Es de estricta justicia" expresó el líder cabildante consultado por El Observador acerca de sus reclamos de más modificaciones al sistema jubilatorio. 

Lo que aspira Cabildo es que la reforma anule un decreto emitido por Tabaré Vázquez el 21 de febrero de 2020, poco antes del final de su segundo mandato. Allí el entonces presidente definió que - muerto el beneficiario - la pensión, que comenzó a ser otorgada por ley en 2006, pudiera seguir siendo cobrada por cónyugues, concubinos o hijos menores sin más trámite.

Grisoni marcó al respecto un error en las afirmaciones del excomandante. Las PER, señaló, nunca fueron hereditarias. A la muerte del titular, señaló, los cónyuges o hijos pasaban a cobrar una pensión de supervivencia, similar lo que sucede con cualquier jubilación. Con el agravante, dijo, de que para eso debían renunciar a sus propias pasividades o pensiones. "Es el único caso en el sistema previsional en el que sucedía esto", aseguró. 

Según explicó, la obligación a renunciar a otras prestaciones está consagrada en la ley que en 2006  creó que las pensiones especiales reparatorias. Como Uruguay recibió una serie de observaciones de organismos internacionales al respecto, el presidente Vázquez fue que, a través del decreto de 2020, estipuló que cónyuges e hijos pudieran cobrar el 100% de los montos que percibían los titulares. El carácter eliminatorio con respecto a otras prestaciones, sin embargo, se mantuvo. 

"La pensión especial reparatoria no es un botín ni un premio" dijo Grisoni, en respuesta a Manini. "Los presos políticos fueron condenados sin garantías de ningún tipo". Lo del senador cabildante, agregó, muestra la verdadera naturaleza de un representante de la "casta militar privilegiada" cuyo sistema previsional - la Caja Militar - le cuesta al Estado US$ 500 millones. La quinta parte de esa cifra, aseguró, va para pagarle jubilaciones a "1.500 militares del proceso". 

El presidente de Crysol estimó que hoy se están pagando unas 1.800 pensiones especiales reparatorias. En ese marco, Grisoni anunció que la organización presentará en los próximos días una demanda colectiva ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en reclamo de que el gobierno uruguayo elabora una una ley que contemple que los presos políticos y sus familiares puedan seguir cobrando sus propias prestaciones y percibir la PER. 

Para la demanda la organización cuenta un precedente directo. El 15 de agosto de este año, el Estado uruguayo llegó a una "solución amistosa" con una uruguaya que se había presentado a reclamar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),

Se trata de Angélica Flores Mosquera, que se había presentado ante la comisión en junio de 2019, al alegar la "responsabilidad del Estado" en torno a la violación de sus derechos al no haber podido en su momento acceder a la prestación pese a haber sido reconocida como víctima de la dictadura. 

La mujer indicó que había sido obligada a renunciar en 2015 a su pensión por discapacidad para así tener acceso a la PER luego del fallecimiento de su esposo, Carlos Robles, titular de la prestación. Flores Mosqueira presentó un recurso ante el Poder Ejecutivo en enero de 2019 pidiendo una modificación de la ley, sin éxito. Lo mismo sucedió en agosto de ese año con un recurso de inconstitucionalidad que presentó ante la Suprema Corte de Justicia. 

El acuerdo, que en representación de Cancillería fue signado por el director de Asuntos Jurídico y de Derecho Internacional, Carlos Mata, implica para el Estado uruguayo la realización de un acto privado de reconocimiento de responsabilidad y el compromiso de abonarle a la demandante una suma total y líquida de sus reclamos junto a una renta mensual. Este cobro, además, no impedirá que la mujer siga percibiendo la PER. 

En agosto de 2018 un informe de los Relatores Especiales sobre de los derechos de las personas con discapacidad del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas había incitado al gobierno uruguayo a "adoptar todas las medidas necesarias" para proteger los derechos de Flores Mosquera y de las demás víctimas a recibir una reparación justa, adecuada y rápida, en observancia con los estándares internacionales en la materia. 

 

 

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