Ex presos políticos plantean compatibilidad entre pensiones reparatorias y el resto de las jubilaciones

Una delegación de este colectivo se presentó la semana pasada ante la comisión especial que analiza el tema en el Senado.  Allí uno de sus dirigentes, Gastón Grisoni, cuestionó ante los legisladores que el proyecto de ley denota una "gran animosidad y hostilidad" hacia los expresos políticos. En especial, dijo, si se toman en cuenta algunos planteos que Cabildo Abierto pretende incorporar al texto. 

Los liderados por Guido Manini Ríos pretenden que el proyecto elimine la condición "hereditaria" de las pensiones especiales reparatorias (PER) otorgadas a los encarcelados entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985. La aspiración de Manini Ríos es que se anule un decreto emitido por Tabaré Vázquez el 21 de febrero de 2020, poco antes del final de su segundo mandato. Allí el entonces presidente definió que, muerto el beneficiario, la pensión, que comenzó a ser otorgada por ley en 2006, pudiera seguir siendo cobrada por cónyuges, concubinos o hijos menores sin más trámite.

"Sería de estricta justicia", había señalado Manini Ríos a El Observador al defender la iniciativa. Su razonamiento es que la condición "hereditaria" de esta prestación –equivalente hoy a unos $ 44 mil mensuales– configura una desigualdad con el resto de las pensiones vigentes en el país. 

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"No nos sorprende", dijo Grisoni sobre el planteo de Cabildo. "Se trata de una organización que ha reivindicado lo actuado por los principales criminales de la historia uruguaya". Según el dirigente, lo afirmado por los cabildantes es absolutamente falso. Las pensiones reparatorias, dijo, no son "hereditarias". Su transmisión se realiza de la misma forma que en el resto del sistema: a cónyuges, hijos menores o discapacitados. 

Mayor sorpresa, admitió, generó la presentación que a inicios de noviembre realizó en la comisión el abogado Rodolfo Saldain, que presidió la "comisión de expertos" que diseñó el proyecto de reforma. Allí Grisoni citó lo divulgado por El Observador en relación a algunos aspectos de la iniciativa. El artículo 65 del extenso articulado establece que las pensiones deberán ser establecidas en función de un "salario básico de pensión" del equivalente a la jubilación o retiro que le hubiera correspondido al causante a la fecha de su fallecimiento, con mínimo igual a la asignación por incapacidad total. La clave está en el artículo siguiente, el 66.

Allí se indica que todas las viudas, divorciadas o concubinas cobrarán el 75% de ese "salario", siempre que exista núcleo familiar o concurrencia con hijos no integrantes del núcleo o padres del causante. Si se trata solo de viudas, concubinos o hijos, será del 66%. En el caso de divorciados o padres de causante, el 50%.

Eso implicará, en los hechos, una reducción de los montos que se perciben en prestaciones por supervivencia generadas por pensiones especiales reparatorias otorgadas a expresos políticos, que hoy reciben el 100% de esa prestación. "A nuestro entender se trata de un acto vil de ensañamiento hacia los familiares de los ex presos políticos", aseguró Grisoni, que calculó que la reducción de ingresos así planteada afecta a un universo potencial de 1.800 personas, casi todas de más de 70 años. 

Grisoni insistió: dicho artículo reduce el monto a percibir por las futuras viudas de ex presos políticos, al mismo tiempo en que las obliga a renunciar a sus propias jubilaciones y pensiones. Algo que, recordó, no sucede en ninguna otra caja del sistema. Esto es así según un decreto de 2007, que reglamentó el otorgamiento de las pensiones reparatorias. 

De allí, recordó, llega el decreto de Vázquez de 2020, tan cuestionado por Manini Ríos y calificado de "ilegal" por Saldain: le otorgó a estos beneficiarios el derecho a percibir el 100% de la pensión de supervivencia para así compensar la obligación de renunciar a su propia prestación. Se hizo así, remarcó Grisoni, ante los cuestionamientos de organismos internacionales de  derechos humanos. En particular a partir de una observación del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en cuanto que a los ex presos no deberían tener que renunciar a sus propias jubilaciones y pensiones para recibir la pensión especial reparatoria. 

A los efectos, Crysol presentó en el Parlamento una propuesta de modificación del artículo 66, que plantea que se eliminen todas las restricciones para los que ex presos políticos cobren la pensión especial reparatoria. Lo que plantea la organización es volver esta pensión "compatible" con el resto de jubilaciones y pensiones del sistema.

Un "acto de justicia"

Para Grisoni sería un enorme paso adelante en la afirmación de las normas de derechos humanos y un "verdadero acto de justicia con centenares de luchadores sociales y políticos que jugaron un papel decisivo en la reconquista democrática y de la libertad". 

Crysol se encuentra preparando además una demanda colectiva ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en reclamo, justamente, de una ley que contemple que los presos políticos y sus familiares puedan seguir cobrando sus propias prestaciones y percibir la PER. 

La base de la acción está en un acuerdo al que el gobierno uruguayo llegó en agosto pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a raíz de la petición formulada por Angélica Flores Mosquera, viuda de un ex preso político, Carlos Robles, que debió renunciar a su propia pensión por discapacidad para cobrar así la pensión de supervivencia. La CIDH dijo entender que se trató de una violación de los derechos de la mujer. 

Luego del acuerdo, la viuda seguirá cobrando la pensión de supervivencia y, además, una compensación retroactiva y una renta vitalicia por la prestación de que debió dejar de percibir. 

Grisoni reinvindicó el sufrimiento de los presos políticos durante un terrorismo de Estado que "concibió a los establecimientos carcelarios como centros de destrucción psíquica y moral"de las casi 20 mil personas que, según cifras oficiales, pasaron por las cárceles uruguayas desde 1968 a 1976. Los familiares, indicó, fueron por su parte acosados y hostigados de manera sistemática y planificada.

Caja Militar: "una pesada carga financiera"

Crysol integra la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) y como tal rechazó "de plano" el proyecto de ley de reforma jubilatoria en términos generales. Grisoni sostuvo que el texto procura dar sustentabilidad al sistema, pero dejando de lado el aspecto más importante: generar mejores ingresos y condiciones de vida para los futuros jubilados y pensionistas. 

"Obliga a trabajar más años y no asegura mayores ingresos", señaló. Crysol apuntó específicamente a la ausencia de cambios profundos en la Caja Militar que, aseguran, seguirá siendo una pesada carga financiera para toda la sociedad en la próxima década. 

Grisoni recordó que el sistema que rige a las Fuerzas Armadas "fue diseñado por ellas mismas" en 1974, durante la dictadura militar y que se ha mantenido, básicamente sin cambios, hasta hoy, con un déficit de US$ 500 millones anuales. A eso, dijo, se le suman algunos "privilegios" como el aguinaldo anual que reciben sus beneficiarios.