Es de las discusiones clásicas que suele calentar la agenda política y de los gremios públicos cada mitad de año: la Rendición de Cuentas. La de este año tiene algunos condimentos particulares porque (para muchos) es casi la última oportunidad que tendrán de obtener los recursos que consideran necesarios para atender sus reivindicaciones durante la actual administración de gobierno. De eso te escribiré en esta nueva entrega de Rincón y Misiones.
Los números mágicos del MEF (y la política) definirán el cuánto
La primera salida a los medios de una de las principales figuras del equipo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) fue la de bajar las expectativas. En una entrevista con El País a principios de mayo la directora de Política Económica, Marcela Bensión, dijo que “no” había más espacio para incrementar el gasto público más allá de lo fijado por la Ley de Presupuesto quinquenal y la Rendición de Cuentas de 2020, la cual habilitó el incremento en US$ 50 millones de los recursos para programas de la primera infancia. La pobreza en la franja de 0 a 6 años en Uruguay era del 18,6% al cierre de 2021, casi el doble que el guarismo de toda la población (10,6%).
Este martes el director de Finanzas Públicas del MEF Fernando Blanco le confirmó a los diputados oficialistas que habrá más plata para la educación pero también para la seguridad pública, un tema que ha copado la agenda informativa en las últimas semanas por la (fuerte) escalada de los homicidios.
La cartita con los pedidos de los distintos ministerios se irá acrecentando a medida se acerque el final del plazo legal para elevar la Rendición al Parlamento: el próximo jueves 30 de junio.
El MEF tendrá a mediados de este mes un dato clave para testear cómo está marchando el motor de la economía. El Banco Central del Uruguay (BCU) publicará los datos de Cuentas Nacionales del PIB del primer trimestre del año el próximo jueves 16 de junio. Los indicadores adelantados que han surgido hasta el momento no dan señales de que la actividad económica haya perdido fuerza.
Las exportaciones de bienes de Uruguay batieron un récord mensual en mayo al superar la barrera de los US$ 1.500 millones y en los primeros cinco meses se expandieron 40% interanual.
La venta de vehículos 0 km sigue por delante de la registrada el año pasado, al igual que la recaudación de impuestos de la DGI. Esta última variable no es un dato menor para la principal caja del Estado. En el año móvil cerrado a abril, los ingresos reales de impuestos (descontada la inflación) a la DGI crecieron a una tasa del 8,5%.

En líneas generales, hay un consenso en que la economía crecerá bastante más este año que el 3,8% que fijó en su última proyección en febrero el equipo económico. El Monitor de Coyuntura de la UCU estimó un crecimiento del 5% para el PIB en 2022. El informe, que coordina el economista Javier de Haedo, indicó que, "las reestimaciones de los trimestres anteriores, más el dato del cuarto trimestre del año pasado, dejaron un 'arrastre estadístico' de 3,6% para este año, lo que ahora permite esperar un crecimiento del PIB cercano al 5% en 2022".
En tanto, esta semana el banco español BBVA elevó de 3,9% a 4,7% su expectativa de crecimiento para la economía uruguaya este año. La mediana de la Encuesta de Expectativas Económicas del BCU (que respondieron 24 expertos) proyectó en su edición de mayo una expansión del PIB de 4,2% para 2022.
Si la economía crece más de lo previsto, la tentación a abrir un poco más la billetera está sobre la mesa y eso es algo que los distintos socios de la coalición tienen claro a hora de pedir por más recursos.
Bensión declaró a radio Carve esta semana que se está en pleno proceso de “discusión” con los distintos actores para escuchar sus demandas por más recursos para la próxima Rendición de Cuentas. “Esto es dinámico, no es estático. No es que uno dice ‘cero' y no se mueve del cero”, afirmó. La jerarca indicó que la recaudación de impuestos de la DGI en el arranque del año fue buena aunque el último dato de abril mostró cierto enlentecimiento, algo que ya habilita el “financiamiento parcial” de mayor gasto para este año.
“Obviamente la conversación con el sector político está y estará siempre porque al final del día son los que terminan definiendo las prioridades”, afirmó Bensión.
Para la cartera que dirige la ministra Azucena Arbeleche, un afloje desmedido en la billetera puede minar la credibilidad sobre la sostenibilidad fiscal, una variable sobre la cual la jerarca viene machacando a rajatabla desde antes de asumir en su cargo y que incluso mantuvo en plena crisis de la pandemia cuando diferentes actores sociales, sindicales y políticos (hasta de la propia coalición) le pedían más recursos. Arbeleche promovió una regla fiscal cuya credibilidad también está en juego en esta discusión.
“Tenemos una regla fiscal que cumplir y no por cumplirla en sí, no por enamorarnos de ese número, es para eventualmente evitar tener que subir impuestos si se incumplen los números fiscales”, alertó Bensión en la entrevista con El País.
El déficit fiscal en los 12 meses cerrados a abril del Gobierno Central-BPS se ubicó en 3,4% del PIB. El MEF espera que al cierre de año ese rojo se ubique en -3,1% (unos US$ 2.000 millones).
El segundo round del Parlamento y el 2024 en el horizonte
Está claro que para tener el número mágico de hasta cuánto más está dispuesto a gastar el gobierno habrá que esperar un par de semanas más. El director de Finanzas Públicas del MEF le transmitió a los diputados que no solo hay que apuntar todas las balas al 2023 porque también están en juego los recursos para el 2024. Esto porque el próximo año el gobierno tendrá un freno legal para autorizar nuevos gastos, ya que después de octubre de 2023 no se pueden adjudicar incrementos de recursos públicos.
Otro factor que también estará arriba de la mesa es que el presidente Lacalle Pou ya realizó un anuncio ante el Parlamento en marzo de un afloje impositivo en las franjas más bajas del IRPF y el IASS desde 2023 en la medida que la economía crezca de acuerdo a lo previsto por el MEF, algo que hoy nadie pone en duda. Por tanto, para 2023 no habrá solo un incremento del gasto público sino también una resignación de ingresos por parte del Estado, cuya magnitud hoy se desconoce.
Más allá de la foto de los números, la última palabra la tendrá el presidente de la República. Será él quien defina hasta dónde llega ese espacio fiscal para gastar más y qué reivindicaciones políticas de sus socios está en condiciones de atender. Después el Parlamento hará el clásico juego de la frazada (finita) para redistribuir (o no) esos recursos del Estado que enviará el Poder Ejecutivo en su proyecto de ley.