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Robos, disparo y persecución: prontuario del joven que incendió el Redpagos

El delincuente que fue enviado a prisión esta semana cumplía prisión domiciliaria por dos delitos anteriores

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12 de junio de 2019 a las 05:03

El delincuente que fue enviado a prisión este lunes por prender fuego a dos trabajadoras de un Redpagos de Sayago –quienes sufrieron quemaduras de gravedad– debía estar en su casa cumpliendo una pena de libertad vigilada, por la que se le había impuesto arresto domiciliario nocturno.

Si bien había sido imputado por dos delitos menores, receptación especialmente agravado  –por tener un revólver denunciado como robado– y porte y tenencia de armas de fuego en lugares públicos, de acuerdo al registro de la policía había sido indagado por delitos más graves que la Justicia no pudo probar.

Según dijeron fuentes policiales a El Observador, cuando el joven de 18 años recibió la pena alternativa a la prisión, era investigado por robar el arma a un policía, y había sido perseguido por un patrullero luego de negarse a una inspección policial: huyó en una moto conducida por un adolescente de 16 años y luego intentó disparar contra los funcionarios que procuraban detenerlo.

Para la policía, los dos jóvenes eran, además, sospechosos de haber asaltado un comercio por el barrio Conciliación. Sin embargo, lo único que pudo probarse en la Justicia fue la receptación y la tenencia ilegal de armas.

El disparo

El 10 de abril un móvil policial que patrullaba el barrio Conciliación vio a dos jóvenes que se trasladaban en una moto y que tenían características similares a las que habían descrito las víctimas de los asaltantes a un comercio de la zona. 

Quisieron detenerlos pero la moto se escapó a toda velocidad y se inició una persecución de varias cuadras. En determinado momento el mayor se bajó y realizó un disparo, que tampoco pudo probarse que haya sido dirigido a los policías.

El delincuente, de 18 años, fue detenido en la esquina de Carafi y Propios, y se le incautó el arma que tenía, una glock de nueve milímetros que había sido robada el 3 de abril a un policía que custodiaba el liceo 70 del Cerro.

El otro joven, el de 16, siguió conduciendo la moto unas cuadras más y se estrelló contra tres autos.

El menor fue entregado a “su responsable legal”, aunque quedó emplazado, de acuerdo al parte policial al que accedió El Observador.

Segundo asalto

Luego de un pacto con la Fiscalía por la cual se acordó  juzgar al joven en un proceso abreviado, se determinó que el imputado no fuera a prisión y cumpliera en su lugar la pena de libertad vigilada durante nueve meses. Además, se acordó que en los primeros cuatro meses se aplicara también un régimen de prisión domiciliara nocturna –el joven no podía salir de su vivienda entre las 21 y las 8 del día siguiente–, y que durante los siguientes cinco meses el imputado se presentara una vez por semana en la seccional más cercada para firmar.

La vigilancia de que esas medidas se cumplieran es potestad de la Oficina de Supervisión de la Libertad Asistida (OSLA).

Pero el delincuente no respetó lo acordado.

El 14 de mayo asaltó a una mujer policía que caminaba junto a sus hijos de dos y cinco años. Le pidió que le diera su arma y, luego, que le diera más balas, algo que la mujer no tenía. Para amenazarla, contó el fiscal Juan Gómez en la audiencia de este lunes, apuntó con el arma a los niños y le dijo a la madre que los mataría. Después se fue.

El 4 de junio fue cuando, en compañía de otros dos delincuentes que todavía están prófugos, asaltó el local de pagos de Sayago. Como no pudieron concretar el robo, él se enojó y roció el mostrador con dos litros de combustible. Luego sacó un encendedor e inició el fuego. Hoy las víctimas, que estaban del otro lado del mostrador, continúan internadas en el Centro Nacional de Quemados del Hospital de Clínicas

Gómez pidió a la Justicia imputarle dos delitos de homicidio muy especialmente agravado en grado de tentativa y dos de rapiña especialmente agravado, además de por portar arma en un lugar público, otra vez.

Libertades vigiladas
La aplicación de la ley de libertades vigiladas durante como beneficio que otorgan los fiscales a delincuentes durante las negociaciones va camino a ser modificada o derogada. Esta norma, que fue aprobada en noviembre de 2016 y promovida por el Ministerio del Interior, tiene ahora en la cartera liderada por Eduardo Bonomi a sus principales detractores, pero además existe consenso político, y entre los operadores judiciales, sobre la necesidad de al menos acotarla.
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