Secretaría antilavado analiza si puede indagar la ruta local de los Pandora Papers

En primer lugar, lo que buscan constatar –a través de la solicitud de información– es si Alcogal es un sujeto supervisado por la Senaclaft. De ser así, tienen previsto realizar una inspección, informó Gustavo Misa, supervisor del área de Fiscalización a El Observador.

En Uruguay este tipo de controles lo realizan dos entidades diferentes. Si el sujeto (empresa o entidad) es financiero, el control es potestad de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central. Si no es financiero, corresponde a la Senaclaft. 

En la noche de este lunes, desde la Secretaría antilavado comunicaron a El Observador que "aún" no cuentan "con la información suficiente de las actividades que desarrolla la empresa, como para afirmar o descartar si es un sujeto regulado por el BCU o por la Senaclaft". 

"Teniendo en cuenta los ajustes normativos y las actividades obligadas que la empresa realizaría (que aún no pudimos determinar con exactitud), nos podemos asegurar que a la fecha esté desempeñando actividades reguladas por el BCU. Necesitamos un análisis más en detalle de la documentación para poder determinar según los períodos de vigencia de la norma, si las actividades son financieras (y por ende reguladas por el BCU) o no financieras (reguladas por Senaclaft)", agregó el organismo en su respuesta.

Desde la Senaclaft también señalaron que incluso en caso de que Alcogal sea efectivamente sujeto supervisado por el Banco Central, eso no necesariamente impide que, en caso de contar con servicios no financieros (como lo son los proveedores de servicios societarios), también sea sujeto supervisado por la secretaría.

En una publicación en su web en el año 2014, en la que se celebraban casi dos años de la llegada de la firma a Montevideo, Alcogal se definía de la siguiente forma: "Su actividad se centra fundamentalmente en la incorporación de sociedades offshore en distintas jurisdicciones, así como en el asesoramiento con respecto a la planificación hereditaria, a través de fundaciones de interés privado y fideicomisos. Asimismo, ofrece también el servicio de apertura de cuentas bancarias".

A nivel internacional, la firma ha estado envuelta en varios de los escándalos corporativo financieros de la década. Abrieron compañías offshore para exjerarcas de Petróleos de Venezuela (PDVSA) que habían invertido su dinero en un banco privado europeo que luego fue acusado por Estados Unidos de lavar billones de dólares. También tuvieron participaciones en el Fifa Gate y el caso Odebredcht, entre otros. Este domingo, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) dio cuenta de una masiva filtración de archivos que muestran la actividad financiera offshore de decenas de figuras de la política, el deporte y el mundo empresarial. De más de 336 políticos y funcionarios públicos identificados, 161 abrieron sus sociedades offshore con Alcogal.

Si bien el escándalo de la filtración es continental y aún no se han mencionado lazos explícitos con Uruguay, de caer dentro de sus competencias, la Senaclaft tiene previsto realizar una inspección. Solicitarán que la empresa presente la debida diligencia de todos los clientes a los que se le abrieron sociedades. 

¿Cuándo el negocio se tiñe de ilegalidad?

Alcogal tiene oficinas en el World Trade Center de Montevideo desde julio del 2012. En el año 2014, publicaron que su oficina tenía "dos objetivos claros". "Por un lado, atraer nuevos clientes del cono sur y, por el otro, satisfacer de forma más eficiente y cercana las necesidades de los clientes existentes de la firma en dicha región", expresaron. Además de aportar "soluciones creativas y responsables". Entre otras cosas, se dedican a vender sociedades offshore. 

Si bien aún no se publicó el nombre de ninguna figura uruguaya, los periodistas de ICIJ continúan relevando los 11,9 millones de archivos de lo que es la filtración más grande de la historia. En los Panamá Papers se filtraron 11,5 millones de archivos. Se detectaron 14.000 entidades offshore en Belice, las Islas Vírgenes Británicas y Panamá para 15 mil clientes, desde 1996 a la fecha. Según el consorcio de periodistas, Alcogal estableció al menos 200 empresas por pedido de la Banca Privada d’Andorra (BPA). Presuntamente, las empresas se utilizaron para desviar fondos de la corrupción venezolana. 

Leonardo Costa, abogado corporativista del estudio Brum & Costa, señaló a El Observador que desde los Panamá Papers hasta ahora ha habido múltiples cambios en las regulaciones para evitar ilícitos. Tener sociedades offshore no es un delito, siempre que esté debidamente declarada y con los trámites correspondientes. El rol de Alcogal en el control es constatar que el comprador de la sociedad "se encuentra fiscalmente en forma regular". 

Para eso, deben tener un manual de procedimiento y un oficial de cumplimiento, hacer la debida diligencia, identificar al beneficiario final y el origen de los fondos, y verificar la regularidad fiscal.

Toda esta información permite rastrear a la persona física detrás de esa sociedad. Por otra parte, es responsabilidad del cliente declarar esa cuenta offshore en su país de origen. Según Costa, a partir de los cambios que hubo para impedir un segundo episodio como el de los Panamá Papers, la información llega al fisco uruguayo aunque el dueño de la sociedad offshore quisiera pasar por debajo del radar. "En 2016 no había intercambio de información tributaria, no había intercambio bajo pedido, no se declaraba el beneficiario final, había mucho menos cooperación. Los países podían no cooperar. Eso hoy ya no ocurre. A menos que se hagan contrariando alguna regla, las estructuras offshore son estructuras transparentes", afirmó el abogado y sentenció: "Vivimos en un mundo diferente".

Hasta este domingo, la ICIJ había analizado 109 reportes de operaciones sospechosas realizadas por Alcogal, pero 87 fueron realizadas luego de que autoridades o periodistas hubieran expuesto públicamente que el cliente estaba involucrado en alguna falta.