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Abrir una offshore en Uruguay cuesta alrededor de 2000 mil dólares

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Paraísos fiscales: qué se necesita para abrir una offshore y quiénes pueden hacerlo

Los pasos que debe dar el interesado y las exigencias que le pedirá el estudio que crea la sociedad

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10 de octubre de 2021 a las 05:00

En la mayoría de los casos, el cliente acude a una empresa intermediaria que es la que vende la sociedad. Ese es el rol que podría tener en Uruguay, por ejemplo, Alcogal, aunque hay decenas de firmas en el país que cumplen esa función. Para abrirle la sociedad, el estudio está obligado por ley a conocer quién es el cliente, el origen de los fondos y saber si en su actividad cumple con las exigencias impositivas (regularidad fiscal). El costo de apertura de la sociedad ronda los 2.000 dólares.

Varios de estos puntos están incluidos en el trámite denominado “debida diligencia”. Allí deben constatar que el origen del dinero sea lícito y quién es, verdaderamente, el beneficiario final de la sociedad. Deben prever que quien se presenta como tal puede ser en realidad un testaferro de alguien que prefiere no ser identificado.

Si percibieran algo inusual, deben reportarlo a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay (BCU). “Cuando los clientes se quejan, les explico que es para cuidarlos a ellos. Porque al resto les pido lo mismo. Estas cosas nos ayudan, mostramos que no estamos en las filtraciones porque hicimos las cosas bien y si algo se filtrara, se mostraría que se hacen las cosas bien”, dijo el abogado, emprendedor en la industria de las empresas offshore y especialista en la materia Martín Litwak.

Los funcionarios públicos

El artículo 9 de la ley integral contra el lavado de activos establece que los funcionarios públicos de las más altas esferas no pueden tener sociedades offshore en los países que la Dirección General Impositiva (DGI) entiende que son “jurisdicciones de nula o baja tributación”.

Los cargos afectados por esta norma son: presidente y vicepresidente de la República, senadores, diputados, ministros, subsecretarios, directores generales de Secretaría, directores de Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Personas Públicas No Estatales y cualquier cargo político y de particular confianza.

Si bien la norma rige para Uruguay, Litwak hizo una salvedad poniendo ejemplos del plano internacional. En la mayoría de los casos de corrupción, los fondos se manejaron en efectivo. “Es muy naíf pensar que si yo voy a pagar el rescate de un secuestro o le voy a pagar a un sicario lo voy a hacer a través de un giro bancario”, expresó, y puso como ejemplo el escándalo de Odebrecht y los Cuadernos de las Coimas en Argentina.

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