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Según Banco Mundial, Fiscalía no prioriza investigar a criminales que contrabandean tabaco
El análisis de la legislación de Uruguay sobre el comercio ilícito de tabaco muestra "un importante déficit". Aunque el tabaquismo ha disminuido "sustantivamente" gracias a las políticas implementadas desde la primera administración del presidente Vázquez (2005-2010), el tamaño del mercado negro apenas se ha modificado. Y esto, además de socavar los esfuerzos del gobierno, tiene consecuencias sanitarias, económicas y sociales para la población. Así lo explica el Banco Mundial en el informe "Enfrentando el comercio ilícito de tabaco: una revisión global de las experiencias de los países" (2018), con un capítulo entero dedicado a desarrollar cómo se posiciona Uruguay en el combate al contrabando de tabaco, sus carencias legislativas y posibles soluciones.
El documento señala que el contrabando generalmente es abordado usando el "enfoque tradicional", que pone énfasis en la pérdida de ingresos fiscales. La legislación sobre el mercado ilícito habla en términos generales del contrabando, pero no distingue a los productos de tabaco de otros bienes, como sí ocurre en el caso de las armas, los narcóticos y los medicamentos, que tienen una legislación penal específica.
El nuevo Código Civil (aprobado en 2015) y el nuevo Código del Proceso Penal (que entró en vigencia en noviembre de 2017) no contemplan al tabaco como una preocupación específica, a pesar de que ambos son posteriores a que Uruguay suscribiera al Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.
El Banco Mundial asegura, además, que "los juzgados penales y la Fiscalía General de la Nación no han alineado sus prácticas para enfrentar a los grupos criminales involucrados en el tráfico ilícito de tabaco y no lo ven como una prioridad". Se enfocan en la pérdida de ingresos fiscales y "generalmente no terminan en un proceso penal".
El Juzgado de Aduanas, por su parte, considera que las mercancías en tránsito "no tienen que ser controladas porque no suponen una pérdida de ingresos fiscales para Uruguay", afirma el documento.
Detrás de cada caja de cigarrillos que se vende "a plena luz del día", como dijo a El Observador el presidente de la Asociación de Kioskos, Claudio Orrego, hay una maquinaria aceitada que permite que nunca falten en los comercios.
Un estudio de mercado de Euromonitor International determinó en 2016 que el 23 % de las ventas son de contrabando. "El comercio ilícito de cigarrillos es una preocupación seria, porque evade los esfuerzos del gobierno para combatir el consumo de tabaco a través de advertencias sanitarias. Genera daño económico, porque evade impuestos. Además está estudiado que está vinculado al tráfico de drogas y de armas", reconoció a El Observador días atrás Enrique Soto, responsable del Programa Nacional para el Control del Tabaco del MSP.
El Banco Mundial asegura que los contrabandistas hacen varios viajes desde la frontera con Brasil hasta Montevideo, usan "pequeñas embarcaciones a través del río Uruguay que bordea Argentina", o cruzan el puente que une Salto con Concordia, Argentina.
En estas operaciones, los implicados fragmentan la mercadería en múltiples cargas chicas para evitar penas con prisión si son descubiertos. Como consecuencia, las acciones delictivas son consideradas hechos aislados y no parte de la actuación de las bandas criminales.
Para dar la batalla contra el comercio ilícito de tabaco, el Banco Mundial recomienda que el gobierno dé más recursos a la Fiscalía para crear cargos de funcionarios especializados. La institución también sugiere que lo recaudado por el Impuesto Específico Interno (Imesi) aplicado a los cigarrillos, sea redestinado para el cumplimiento de este objetivo. Asimismo, explica que "debería realizarse un análisis de riesgo completo del comercio ilícito en Uruguay, para evaluar las fortalezas y las debilidades de la Administración Nacional de Aduanas y otras agencias participantes".
Fuentes de la Fiscalía General de la Nación dijeron a El Observador que integrarán la comisión que se creó en 2015 por decreto para poner en práctica el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, elaborado por la Organización Mundial de la Salud, en la que ya tuvieron un par de reuniones informales, pero que para que las investigaciones den resultado necesitan información del resto de los organismos estatales: la Dirección Nacional de Aduanas, la Dirección General Impositiva, el Centro de Investigación para la Epidemia de Tabaquismo (CIET), entre otros.
