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Según experto, "talón de aquiles" de la Justicia es que inconstitucionalidades sean caso a caso

El doctor en Ciencia Política explicó la debilidad que presentan los recursos que se presentan ante la Suprema Corte de Justicia

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12 de junio de 2019 a las 05:03

Daniel Brinks es doctor en Ciencia Política y profesor y director de posgrados del departamento de gobierno de la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, llegó a Uruguay para participar del seminario Partidos políticos y Poder Judicial, organizado por el Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República en el que expertos debatirán sobre la independencia de la Justicia y las virtudes y debilidades del sistema uruguayo respecto a otros. 

¿Si tuviera que hacer un diagnóstico de América Latina al día de hoy, teniendo en cuenta los procesos judiciales que hay contra muchos políticos y de más, qué diría?

Si hay posibilidad de generalizar sobre la región, lo que sí vemos a partir de los años 80 y 90 (depende del país) un incremento importantísimo del protagonismo de las cortes en la política en general. No solo en algo que se ha visto en estos últimos años, en Brasil con el escándalo de Odebrecht-Lava Jato que es la intervención anticorrupción de la justicia en procesos políticos, sino también la participación de la justicia en la formación de políticas públicas alrededor de temas que corren desde la salud pública, derechos indígenas y medios ambientes y un montón de temas así. 

La filtración de conversaciones con los fiscales que dejan entrever que podría haber una intencionalidad política. ¿Cómo queda la justicia en ese escenario? Porque es la justicia que lideró todo ese proceso.

Bueno, ese es el problema cuando el sistema judicial termina siendo uno de los actores políticos más importantes,. la neutralidad de la Justicia o la neutralidad del Derecho es un poco un mito, siempre está dirigida por alguien o toca intereses, hay formas mejores y peores de hacerlo.  Para mí, en Brasil empezó con menos intencionalidad política y terminó bastante más metida en un juego partidario, más que en un juego puramente legal.

¿Cómo puede prevenirse eso?

Para mí no existe la justicia que sea piloto automático. La justicia siempre está dirigida por alguien y siempre responde a ciertos intereses sociales, que pueden o no ser partidarios, la justicia siempre es producto de su sociedad, de su política y en ese sentido nunca vas a encontrar una política que sea completamente ajena a lo que está viviendo el país o con suerte no vas a encontrar una, porque creo que es peor cuando es totalmente ajena a la realidad social y política de su país. Hay un filósofo del Derecho de Estados Unidos que dice “Lo más cercano a la imparcialidad que tenemos en este mundo es el balance de disparcialidades” y eso yo lo creo. Lo que buscamos es que haya transparencia y una injerencia de múltiples intereses representados dentro del sistema de justicia.

¿Aquella imagen de la justicia como mujer con los ojos vendados es una idealización?

Eso es un mito.

Los uruguayos en general tendemos a pensar que el país escapa de eso. Sin embargo, en los últimos años hubo varios casos de políticos investigados, hace poco se confirmó condena contra el ex ministro de Economía y contra el ex presidente del Banco República. ¿Cómo ve a Uruguay en ese escenario?

Visto desde afuera como desde adentro, la impresión que uno tiene de la justicia en Uruguay es que es bastante imparcial, pero justamente es por lo que te decía, porque siempre hubo un balance de fuerzas bastante parejo en la conformación del Poder Judicial de Uruguay. Era por esa misma razón que era una justicia bastante cauta y ahora se está metiendo en más temas. Aparte de temas de corrupción, por un lado obviamente no queremos una justicia que no se meta en temas de corrupción porque para eso está, pero por otro lado, entiendo que son temas de una envergadura muchísimo menos de lo que estamos viendo en Argentina, Brasil, Colombia o Perú. Por el otro lado, yo creo que Uruguay recién ahora está llegando a un punto donde casi todos y no todos los países de América Latina ya había llegado hace por lo menos 10 años, de una justicia con más injerencia con más protagonismo en temas de políticas públicas, con las acciones de inconstitucionalidad que antes no veían nunca acá en Uruguay. 

En el programa de En Perspectiva este martes hablaba de la forma en que los ministros llegan a corte y se hablaba de hay otros mecanismos. ¿Cuáles son? 

Lo que lo hace diferente acá es que no hay un mecanismo formal para incluir a la sociedad civil en el proceso de nombramiento que es puramente definido por la Asamblea General. Pero al decidir por dos tercios de los votos necesariamente tiene que incluir más que un único interés partidario. En ese sentido es más balanceado. Otros países han tratado de solucionar esta percepción de que hay demasiada política en el nombramiento de los jueces. Como mencionábamos hoy con comisiones de nombramiento. Por ejemplo, Venezuela tiene el poder popular que es una comisión de nombramiento que veta a los posibles candidatos. Pero esa comisión es nombrada por el Ejecutivo. O sea, no hay diferencia entre que los nombre el presidente o que los nombre esta comisión. En Guatemala hay mucha injerencia del Colegio de Abogados, por ejemplo, de los rectores de las facultades de derecho. Lo que me asusta es la política partidaria unilateral. Porque ahí sí tenés un solo interés mayoritario, que es el único que incide, ahí sí tenés una justicia más parcial. 

¿Y es lo que hablaban por ejemplo del caso de Estados Unidos?

Claro. Estados Unidos tuvo muchísima suerte por décadas porque había alternancia en el poder, se turnaban demócratas y republicanos, les tocaba a los dos partidos nombrar jueces y cada uno nombraba a sus partidarios y todo el mundo sabe quiénes son cuáles. 

Hay un partido político que tiene una propuesta llamativa que es la posibilidad de elegir por la vía de la votación popular a los integrantes de la corte. ¿Ese mecanismo se aplica en algún lado? ¿Tiene inconvenientes? 

Tiene muchísimos problemas. Para mí no es un buen mecanismo, por un montón de razones. Pero vemos lugares donde funciona un poco mejor y otros donde funciona peor. El único país que lo usa es Bolivia, ahora. El problema es que en general la gente no conoce a los jueces. No saben cómo actúan, no sabe qué representan esos jueces. Si vos decís: bueno, yo soy de este partido, más o menos ya sabés para qué lado va a ir alguien. Pero en la Justicia no está tan claro. 

Hay un tema que se está por primera vez en Uruguay que es el tema de las noticias falsas y campaña sucia. ¿Hay algún partido político que pensó en llevar estos temas a la Justicia? 

No he visto las propuestas de acá, aunque es un tema que toca a todos los países. En Estados Unidos lo hemos visto muchísimo. Ahí creo que las cortes tienen bastante experiencia lidiando con temas de libre expresión, con temas de difamación. En ese ámbito saben, tienen experiencia acumulada. Pero las cortes son producto de nuestra sociedad y de nuestra política, no nos van a hacer mejores de lo que somos. Nos toca a nosotros también pensar un poco hasta qué punto queremos controlar la información que se produce, hasta qué punto queremos un estado paternalista que controla el contenido de las comunicaciones y hasta qué punto es más importante tener un proceso de educación del público para que empiece a discriminar un poco entre las noticias falsas y aquellas más creíbles. 

¿Pero se ha tratado en el resto del mundo de legislar en estos temas?

Hay un contraste bastante claro respecto a cómo se hace esto entre México y EEUU. En México hay un control bastante estricto de las comunicaciones dentro de la campaña electoral. Hasta el contenido se controla a través de los mecanismos electorales. En EEUU tenemos como la actitud opuesta. En EEUU la corte cree bastante en el mercado de ideas y cree que el mejor antídoto a una mala idea es una buena idea. No la prohibición de la mala idea, por lo que siempre optan por el debate. Y casi nunca por censurar la información, limitar la información que sale... 

Ha trabajado también en temas de violencia policial en la región vinculado a los derechos humanos

Viví en Argentina en los 70, durante los años de la dictadura, una de las cosas que me impactó cuando volví a estudiar a la región en los 90 fue que para mucha de la población todavía era el Estado el que era aterrorizante. Eso con democracia y todo no había cambiado. En lugares como en San Pablo, en Río, en Salvador, en distintas ciudades argentinas... La gente uniformada del Estado no eran agentes de protección sino de represión. 

¿Y sobre Uruguay a qué conclusiones llegó? 

Uruguay salió bien en el estudio. En Uruguay había muchísima menos violencia y las cortes estaban más dispuestas y los juzgados a juzgar a los jueces que se excedían en sus funciones. 

¿Notó alguna debilidad en la forma en la que trabaja el PJ en Uruguay?

No tanto. Para mí el talón de aquiles de la Justicia constitucional en Uruguay es el hecho de que las decisiones de la Corte sobre temas de inconstitucionalidad se aplican a ese caso únicamente. Si tenés un problema, por ejemplo, de que la asamblea pasó una nueva ley de noticias falsas. Y de golpe te suspenden tu cuenta de Facebook y te meten preso por pasar noticias falsas y vos crees que esa ley es inconstitucional porque vulnera tu derecho de expresión... Te toca a vos pelear esa batalla y tal vez ganarla, a tu vecino pelear la misma, porque aún después de que la corte decida por sí o por no, eso no es vinculante para la próxima y no se aplica en ningún otro. Eso pasó con la ley de reforma laboral que fue impugnada como 300 veces y cada vez la corte decide que es inconstitucional y cada vez hay que ir de nuevo a la corte con el mismo caso. Es algo que la mayor parte de los países ha encontrado formas de crear una jurisprudencia vinculante para no tener que hacer el mismo caso cientos de veces. 

Pasa a depender entonces de la capacidad de quien se ve agredido

Justamente, le pasa mucho más la factura a la sociedad de volver a insistir una y otra vez. La justificación es que no querés que los jueces estén legislando. Pero para mí creo que es un poco un problema, porque crea problemas de desigualdad entre la gente. Entre quien pueda pagar el abogado y quien no. Ese es un problema. No es uno de parcialidad, pero sí de desigualdad de aplicación de la ley. 

 

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