La seguridad en campaña: quiénes asesoran a los candidatos en el tema que más preocupa a los votantes

Exfiscales y exjueces, académicos de derecho, exjefes de Policía, consultores independientes y políticos avezados en la materia, ya componen el variopinto mapa de asesores en el tema que más preocupa a los uruguayos. Cuando faltan poco más de siete meses para las elecciones internas, los precandidatos comienzan a lanzar oficialmente sus campañas electorales y, acto a acto, la seguridad pública se vuelve un tema inevitable de cara a junio de 2019, pero también a octubre y noviembre en caso de una probable segunda vuelta.

Las críticas de la oposición a la gestión del gobierno arrecian en esa área, y eso se refleja también en sus equipos de campaña. En su afán de convencer a la ciudadanía que pueden tener la solución a un tema que tiene a maltraer al oficialismo, muchos precandidatos deciden mostrar sus cartas desde temprano. En el Frente Amplio, por su parte, los pasos son menos acelerados. Con el Congreso aún en el horizonte, los precandidatos de la izquierda han mantenido reuniones con distintas figuras relacionadas con la seguridad, pero todavía no cerraron sus equipos de campaña y son reticentes a mostrar quién está detrás de sus planteos, hasta ahora sólo mostrados en un borrador de programa dónde sólo se esbozan algunas líneas como la de integrar la seguridad con las políticas sociales.

Partido Nacional

Medidas de "shock" para frenar el aumento del delito 

Luis Lacalle Pou votó para que Álvaro Garcé fuera comisionado parlamentario para las cárceles, cargo que ejerció entre 2005 y 2014, y al tiempo un conocido le sugirió que le ofreciera trabajar como integrante de su equipo técnico. Garcé aceptó y pasó a ser asesor en seguridad del sector Todos, con dos tipos de medidas como base. Por un lado, pretende aplicar las denominadas medidas de “shock” contra la delincuencia. Garcé prefirió no adelantar de qué medidas se trata pero sí destacó que fortalecerán las comisarías “como unidades operativas” y se le brindará “respaldo político” a la policía y medidas con las que quieren que puedan trabajar mejor, como promover la figura de la legítima defensa policial.

El asesor de Lacalle Pou destacó también “fortalecer los cuerpos de seguridad penitenciarios y la seguridad dentro de las cárceles como una estrategia de combate al crimen organizado”. “Se ha perdido el control de la seguridad en las cárceles. Se deben cortar los canales de comunicación irregulares entre el cerebro que está en la cárcel y la mano de obra que está afuera”, dijo a El Observador.

Allanamientos nocturnos y militares colaborando con la policía 

Desde mayo el equipo de Jorge Larrañaga concentró sus esfuerzos en impulsar una reforma constitucional sobre cuatro aspectos vinculados a la seguridad pública, juntando firmas para un plebiscito del que están muy cerca. El exdecano de Facultad de Derecho, Juan Andrés Ramírez, trabajó entre otros, junto al intendente de Colonia Carlos Moreira en las propuestas que se intentan plebiscitar y que serán parte de la campaña electoral de Larrañaga.

Para Ramírez, la medida más urgente es habilitar los allanamientos nocturnos que, según dijo, “no significa una pérdida de garantía y solo Uruguay no lo tiene”. Se trata de que cuando un juez tenga la convicción de que en una casa esconden droga se pueda hacer ingresar por la noche y no solo en el día, como sucede actualmente. “La lucha contra la pasta base no se puede hacer sin un allanamiento nocturno”, dijo.

También destacó la creación de una Guardia Nacional, formada por militares que colaborarán con la policía, la reclusión perpetua revisable a los 30 años y terminar con las salidas anticipadas para quienes cometan delitos graves, todas medidas contenidas en la propuesta que el sector pretende plebiscitar junto a las elecciones de octubre, a través de la campaña Vivir sin miedo.

Guardia Republicana en la calle y presos trabajando 

En junio de este año, el presidente de la República Tabaré Vázquez recibió a Verónica Alonso en la residencia de Suárez y Reyes para escuchar una propuesta de la senadora en seguridad que implicaba sacar a la Guardia Republicana a patrullar las calles para colaborar en el control de la delincuencia. Por ese entonces a Alonso le faltaba un mes para anunciar su precandidatura pero ya manejaba otras iniciativas en seguridad que la acompañan ahora que está compitiendo en la interna nacionalista.

La precandidata no quiere decir quiénes conforman sus equipos técnicos hasta el 5 de diciembre, cuando hará el lanzamiento oficial de su precandidatura con la inauguración de su sede central. Allegados a la senadora indicaron a El Observador que dentro de sus ideas fuerza en seguridad, el equipo de Alonso maneja además del apoyo de la Republicana, el trabajo obligatorio de los presos en las cárceles y “declararle la guerra sin tregua al narcotráfico”.

Revalorizar a la policía e invertir en videovigilancia 

El denominado grupo de intendentes liderado por el intendente de Maldonado y precandidato Enrique Antía cuenta con el asesoramiento de la exjueza penal y actual encargada del área legal de la intendencia, Adriana Graziuso. Según dijo la abogada a El Observador, la principal propuesta del sector es que la policía “vuelva a la cercanía de la población para que tengan un referente alguien en quien confiar”. En una línea similar a lo que quiere impulsar el Partido Independiente, el objetivo de Mejor País es “tener a alguien cerca que ayude, que contenga, que haga una investigación preliminar”, en línea con lo que viene señalando Antía de “revalorizar las comisarías barriales, crear comisiones departamentales y restituir la presencia y autoridad en los espectáculos deportivos”

“Lo eficiente es resolver los problemas diarios a las personas. Hay constantes violaciones a la propiedad y entendemos que eso es primordial. Hay que ir lo básico y para eso se necesita la revalorización de la policía comunitaria”, indicó la exjueza, que en 2009 aplicó la llamada “ley de vagancia” en Punta del Este.

Graziuso también mencionó que, en caso de llegar al gobierno, quieren extender el sistema de videovigilancia que se utiliza en Maldonado a otras zonas del país, con una inversión de US$ 80 millones.

Represión del delito más educación en valores 

Carlos Iafigliola -único precandidato blanco que adhirió a la campaña Vivir sin miedo que impulsa Larrañaga- señaló que su intención de aplicar la “represión del delito con mano y acción firme”.

El precandidato prefirió no mencionar todavía a quiénes los asesoran en seguridad pero entre las ideas que manejan señaló la prevención con medidas que tengan en cuenta la educación y formación en valores, y la disuasión, con mayor y mejor presencia de policías.

Partido Colorado

Entre las tres corrientes del Partido Colorado –representadas en Julio María Sanguinetti (Batllistas), Ernesto Talvi (Ciudadanos) y José Amorín (Uruguay Batllista)– hay un amplio abanico de propuestas que van desde la “recuperación” del control político de la seguridad ciudadana a una acentuación del rol comunitario de la Policía. Los tres sectores tienen una figura en común que asesora a los colorados todos: el exdirector de Cárceles Enrique Navas.

Reestablecimiento del principio de autoridad

El sector Batllistas conformó una comisión de Seguridad integrada por nombres que remiten a pasados gobiernos colorados. Liderada por Luis Hierro López (exvicepresidente y exministro del Interior) también la integran  Guillermo Maciel (exjerarca del Ministerio del Interior y actual director de Fundapro), Alejo Fernández Chavez (exsubsecreatrio del Interior), Daniel Lamela (exsubsecretario del Interior), Graciela Rompani (viuda de Jorge Pacheco Areco y exvicepresidenta del Iname) y el abogado penalista Andrés Ojeda.

Entre las ideas que manejan, figuran el “restablecimiento del principio de autoridad”, la “profesionalización de la policía”, la “descentralización de la organización policial”, y el establecimiento de “mecanismos de auditoría externa al Ministerio”. En setiembre presentaron un texto con 12 medidas y ahora trabajan en un borrador en el que proponen “potenciar y profesionalizar la investigación e inteligencia policial”, revisar la legislación vigente, recurriendo al mecanismo de la ley de urgente consideración para plantear temas legislativos como la limitación de los beneficios excarcelatorios para reincidentes. 

También se reconocen políticas bien encaminadas del Ministerio del Interior –como la intervención del Estado en zonas liberadas como Los Palomares–, aunque se advierte que es necesario “profundizar” y “agilizar” esas medidas, indicó Maciel.

Fortalecimiento de la policía

Tras leer una entrevista de El Observador al inspector Sergio Guarteche, el precandidato colorado José Amorín no titubeó. Eran los últimos días de agosto de este año. El senado tomó su celular y enseguida se contactó con el exjefe de Policía de Durazno –cesado por el ministro Bonomi en febrero de este año– para sumarlo a su equipo. 

Guarteche, hermano del fallecido director nacional de Policía, dirigió durante años la Oficina Nacional de Policía Comunitaria y sostiene que la actual administración "hizo fracasar" esa área, priorizando todos los recursos a la "policía tradicional". 

"Hoy el 95% de los esfuerzos se dilapidan tratando de solucionar los problemas y un 5% de los esfuerzos se concentran en las causas de los problemas; hay que invertir esa pirámide", dijo a El Observador. Guarteche, que dice ser "apolítico", aceptó trabajar con Amorín porque le "encanta aportar soluciones para salir adelante". "Enseguida me llamó (Ernesto) Talvi también, pero le dije que le habían ganado de mano", recuerda. 

El exjefe de Policía plantea que es necesaria una política con "doble enfoque". Por un lado, el fortalecimiento de la policía tradicional, concentrada en combatir el delito. Por otra parte, el desarrollo de una policía comunitaria abocada a la "construcción social de la seguridad". "En armamento y fuerza tenemos un equipamiento brillante. En prevención no trabaja absolutamente nadie", advirtió.

"Intervenciones quirúrgicas"

En los equipos técnicos de Ciudadanos trabajan más de 200 especialistas, que se presentarán al mismo tiempo que las propuestas. El precandidato Ernesto Talvi propone intervenciones estatales en aquellas capas sociales que actualmente son “caldo de cultivo” de organizaciones criminales. En concreto, propone una “represión inteligente” con “intervenciones quirúrgicas” de la Guardia Republicana, que a entender del sector, requiere una “profesionalización”. 

Partido Independiente

Recuperar a la policía del barrio 

Si algo desvela al Partido Independiente en materia de seguridad es la organización policial. El precandidato Pablo Mieres es asesorado en ese tema por el diputado Iván Posada, para quien se debe reformar la institución policial y transformarlo “en una verdadera carrera profesional”. Posada explicó que dentro de su proyecto de gobierno proponen que la policía esté organizada en un máximo de seis grados, que los policías ingresen al más bajo y vayan ascendiendo por capacitación y méritos.

En ese trabajo de reestructura de la organización policial, el Partido Independiente propone que haya un contacto directo con la población “a nivel barrial”. “Que la gente sienta que la policía está de su lado. La Policía Comunitaria desapareció”, dijo Posada. El planteo es desarrollar una “policía integral “, a la que también quieren sumar una especializada en el trato con los fiscales. Posada considera que esa especialización es necesaria por la reforma del Código del Proceso Penal, a partir del que la policía pasó a ser auxiliar de la Fiscalía. A esa “nueva policía” quieren llamarle cuerpo policial judicial.

Partido de la Gente

Derogar la libertad vigilada y recuperar la confianza en la policía 

La seguridad pública será el centro de un acto del Partido de la Gente este miércoles porque presentarán 50 medidas que impulsa el grupo liderado por Edgardo Novick. El exfiscal penal Gustavo Zubía y el licenciado en seguridad pública Robert Parrado serán los protagonistas de esa presentación, para la que también se basaron en el asesoramiento del exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani.

Si bien ni Zubía ni Parrado quisieron adelantar las ideas que plantearán, manifestaron cuáles creen que son las principales urgencias en seguridad.

Para Zubía, se debe derogar la ley que permite dar libertades vigiladas a delincuentes, una medida que considera “la peor bazofia” para la seguridad pública. A su vez, quiere elevar penas a menores a 15 años y permitir la defensa de la policía con armas “sin llegar al gatillo fácil pero con mayor libertad para defenderse”.

Por su parte, Parrado indicó a El Observador que se debe “recuperar la confianza perdida en la policía, que puedan ejercer la autoridad sin culpa y retomar el control de las cárceles”. También mencionó la necesidad de “atacar el delito en forma específica con equipos de tareas especializados”, para casos como las explosiones de cajeros automáticos. 

Frente Amplio

A la espera del Congreso

Mientras que los precandidatos de la oposición ya exhiben a sus asesores como un activo de cara a la campaña, en el oficialismo es otro el panorama. En vísperas del Congreso que los proclamará como precandidatos del Frente Amplio, Daniel Martínez, Carolina Cosse, Mario Bergara y Óscar Andrade todavía no tienen conformados sus equipos de campaña, por más que ya hayan dejado entrever en más de una entrevista sus distintos enfoques en materia de seguridad, que partirán de los lineamientos del programa que se aprobará este domingo. 

Martínez, favorito según las encuestas, mantuvo en los últimos tres meses una decena de reuniones con referentes de la seguridad ciudadana, según contaron fuentes de su entorno. Entre los que se sentaron al otro lado de la mesa están el sociólogo Gustavo Leal (director de Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior), el senador suplente de Casa Grande Rafael Paternain (exdirector del Observatorio de Criminalidad), Julio Calzada y Milton Romani (ambos exdirectores de la Junta Nacional de Drogas), así como “un puñado” de operadores de la Justicia y académicos especializados. 

Leal, responsable de las intervenciones del ministerio en zonas de contexto crítico como Los Palomares, es una figura que recoge apoyos entre los cuatro precandidatos, pero mantiene una buena relación con Martínez, con quien ha coordinado las demoliciones en Casavalle y otros barrios. De hecho, la mirada del intendente pasa por profundizar el “enfoque transversal” de las políticas de convivencia y hacer de la seguridad una “política de Estado”.

Algo similar propone Mario Bergara, según informaron desde su entorno. El equipo del economista estableció distintos grupos de trabajo, uno de los cuales tiene que ver con seguridad. Allí se planteó la necesidad de "seguir el camino" de Leal, con intervenciones de "reestructura urbana" en áreas conflictivas. 

Cosse, por su parte, está en una etapa similar en cuanto a la conformación de su equipo. Según relataron dirigentes de su entorno, “todavía no hay una línea pulida” en materia de seguridad, aunque la ministra también mantuvo reuniones con su equipo más cercano para definir su enfoque. La próxima semana, Cosse y sus asesores se reunirán con el Ejecutivo del MPP –que apoya su candidatura– para poner en común aspectos estratégicos y programáticos. El sector mayoritario del FA –que está a cargo del Ministerio del Interior– plantea “dejar de oponer” la práctica policial a la implementación de políticas sociales, y reivindica la gestión de Bonomi al frente de la cartera. 

Por último, el comunista Óscar Andrade reclama un mayor acento en las políticas de "redistribución de la riqueza" para disminuir las desigualdades.