Senado aceptó exigencias de la OCDE y limitó el secreto bancario

Opacidad versus transparencia, fueron los polos en los que el oficialismo intento ayer dividir el debate político del Senado sobre el proyecto que limita al máximo el secreto bancario y desalienta el uso de sociedades en zonas de baja tributación conocidas como paraísos fiscales.

 

El texto aprobado que empezará a regir el próximo 1° de enero, apunta además, a identificar al beneficiario final de las sociedades residentes en el país e introduce nuevas obligaciones sobre la información de operaciones comprendidas en el régimen de precios de transferencia.

 

El Frente Amplio afirmó que "la opacidad" quedó atrás y el país apuesta ahora a la transparencia.

 

Del otro lado, senadores blancos y colorados se quejaron "del servilismo" del oficialismo que salió corriendo a aceptar "las presiones" de la Organización para la Coooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) .

 

Se cuestionó que el proyecto parta de "la sospecha" de que todos son evasores.

 

Más allá de las críticas, la oposición votó dividida.

 

El Partido Colorado y el senador Daniel Bianchi del Partido de la Gente, lo rechazaron. En el Partido Nacional, Alianza respaldó el texto con salvedades y el sector Todos lo rechazó.

 

El Partido Independiente apoyó en general y rechazó artículos sobre el nuevo poder de la DGI.

 

A nivel de juristas y tributaristas se advirtió en el Parlamento que artículos del proyecto de transparencia fiscal son inconstitucionales por afectar el derecho a la intimidad.

 

El senador José Mujica (MPP) dijo que "es posible que la DGI tenga momentos en los que se pasa" y propuso "afinar la puntería para preservar los derechos que naturalmente tiene toda persona".

 

 

También dijo que a la inmensa mayoría del país este proyecto "no le va ni le viene" porque su relación bancaria "es por alguna deuda" y no por tener ahorros. Mujica, aceptó la advertencia de que puede haber dificultades para atraer inversiones "pero vamos hacia un país más sano", afirmó el expresidente.

 

También habló de las nuevas formas del imperialismo y dijo que 50 empresas dominan la OCDE. Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay) le contestó que no hay que quedarse de brazos cruzados y "si no me gusta lo de la OCDE no lo acato", afirmó.

 

El senador colorado recordó que a pesar de lo informado por el ministro Danilo Astori, EEUU no aprobó las exigencias de la OCDE. Bordaberry también puso el acento en la inconstitucionalidad del proyecto.

 

El texto –que ya había sido aprobado en Diputados y por tanto se convertirá en ley– propone que los bancos y entidades financieras deban informar a la DGI, todos los años, de los saldos y rentas de las cuentas de las empresas con más de US$ 250 mil.

 

También deberán informar de las cuentas de personas físicas que superen el millón de dólares. "Esto es la muerte del secreto bancario" opinó el blanco Alvaro Delgado.

 

"Está muy bien ocuparse de la intimidad", dijo el senador Rafael Michelini (Frente Liber Seregni) quien recordó que, incluso, se debate hacer públicas las declaraciones de bienes de los funcionarios y jerarcas públicos.

 

 

El senador Jorge Larrañaga (Alianza Nacional), luego de escuchar un encendido alegato del presidente del directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, para quien el gobierno y el Frente Amplio salieron rápido "a hacerle los mandados a los poderosos", anunció que actuaría "con responsabilidad" como "si fuera gobierno".

 

Pablo Mieres (Partido Independiente), que votó en general el proyecto, también utilizó ese argumento de ponerse "en los zapatos de los que están en el gobierno".

 

En el centro del debate estuvo el poder que se le otorga a la DGI. "Ese es el tema central", afirmó el senador colorado José Amorín.