Senado argentino debate frenar excarcelación de represores

El Senado inició por la mañana una sesión de urgencia para acelerar la sanción de la ley que constitucionalistas han señalado como la vía más expedita para evitar la liberación de condenados por violaciones a los derechos humanos, tras un polémico fallo de la Corte hace una semana.

En un debate largo e histórico, reflejo de cuán sensible es el tema de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura (1976-83), la Cámara de Diputados aprobó la madrugada del miércoles el proyecto por 211 votos a favor y sólo uno en contra.

El texto limita la aplicación del beneficio de reducir condenas a culpables de crímenes de lesa humanidad.

"El derecho penal no es una rama del derecho destinada a que quienes cometan crímenes no cumplan penas, es lo contrario", dijo Federico Pinedo, presidente del Senado y hombre cercano al presidente Mauricio Macri, al iniciar el debate.

El senador oficialista recordó además que "Argentina se comprometió ante el concierto internacional a penalizar los crímenes de lesa humanidad, que no pueden ser materia de amnistía o indultos o conmutación de penas".

El senador opositor Fernando Solanas (Proyecto Sur) destacó "la rápida reacción del pueblo argentino con movilización de todos los sectores en repudio de este fallo cuestionable que venía a derrumbar el edificio jurídico con el cual se construyó la política de derechos humanos y el juicio a los crímenes de lesa humanidad" en Argentina.

El pedido para que el Congreso trate el tema con urgencia estuvo a cargo de la diputada Victoria Donda, nieta recuperada gracias al trabajo de la organización Abuelas de Plaza de Mayo y legisladora de centroizquierda que preside de la comisión de Derechos Humanos.

"No queremos que ningún genocida esté caminando en nuestras calles", dijo Donda.

El cuestionado fallo de la Corte Suprema, donde tres de los cinco jueces aprobaron una reducción de condena para el exagente paramilitar Luis Muiña -condenado a 13 años de prisión-, puso en rebelión a abogados, jueces, fiscales y legisladores.

El martes los tres magistrados fueron acusados de prevaricato.

En Argentina, el dictamen de la Corte en un caso puede ser cuestionado y no acatado por tribunales de primera instancia. Desde el viernes, al menos tres jueces han negado otorgar el beneficio a represores condenados.

Se estima que al menos 250 condenados por crímenes de lesa humanidad en Argentina podrían pedir la excarcelación anticipada.

El polémico beneficio consiste en el llamado '2 por 1' en el que a la hora de fijar la pena se computa el doble de cada día pasado en prisión preventiva sin condena.