Sobre la educación en el mundo poscovid (8)

En primer lugar, la Unesco se refiere a la necesidad de congeniar una “utilización justa y eficaz de los recursos” lo cual implica reafirmar la idea que el financiamiento de la educación tiene que ser funcional a una propuesta educativa robusta y clara en sus propósitos, contenidos y ruteros. El volumen de recursos destinados a la educación puede ser un buen indicio de la voluntad política de priorizar la inversión y el gasto de la educación, pero, por sí mismo, no es indicativa de la voluntad de transformar la educación. No es cuestión de señalar que un aumento de los recursos se traduce ipso facto en una mejora de los resultados educativos, pero sí tiene que evidenciarse la efectiva capacidad de transformar procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación para que contribuyan a mejorar sustancialmente las oportunidades y los resultados de aprendizaje.

En segundo lugar, el documento de la Unesco nos advierte sobre lo que puede implicar el agravamiento de situaciones de vulnerabilidad en cuanto a “afectar la capacidad de los niños y los jóvenes para avanzar en su educación, tanto por la perturbación familiar que conlleva, como por la agravación de las brechas de oportunidades a medida que disminuye la capacidad de las familias para respaldar la educación de sus hijos”. Necesariamente se requiere de respuestas en la coyuntura como muchos países ensayan en diversidad de contextos, pero, asimismo, abrigar una mirada más fina sobre cómo la vulnerabilidad resulta de una confluencia de componentes culturales, sociales y educativos que ya develaban, previo a la pandemia, las debilidades conceptuales y operativas de las políticas sociales de cara a responder efectivamente a la misma. Como se insiste actualmente, repensar la educación implica repensar las políticas sociales en su conjunto, y viceversa.

En tercer lugar, la Unesco nos advierte sobre las presiones que enfrentan los gobiernos sobre “resistir presiones para limitar los gastos en educación en el futuro, e incluso, aunque la proporción del gasto público destinada a la educación permaneciera igual, las recesiones económicas reducirán la base general de recursos públicos”. La protección de la inversión y del gasto educativo no debe ser vista como una cuestión caprichosa, retórica o corporativa, sino como una ventana de oportunidades para entrar a fondo en el análisis de los impactos que tiene la educación en su conjunto, y sus diversos programas, en mejorar la calidad de las prestaciones, así como sus retornos sociales, culturales y económicos. No puede implicar “congelar” la educación en su análisis de cara a aferrarse a mantener lo existente, sin preguntarse sobre si lo que se prioriza, se gestiona y se concreta en educación tiene impactos positivos, profundos y duraderos en los aprendizajes.

Por ejemplo, la pandemia planetaria nos ha mostrado, en líneas generales, que los contenidos educativos, así como las maneras de educar, aprender y evaluar, condensadas en el currículo y la pedagogía, no preparan lo suficiente a las nuevas generaciones para un mundo de cambios disruptivos que afectan todos los órdenes de la vida. Congelar el currículo y la pedagogía como “intocables” podría ser una manera de consolidar inversiones y gastos con retornos muy bajos para los alumnos y la sociedad en su conjunto.

En cuarto lugar, el documento de la Unesco contribuye a reposicionar la discusión sobre cuáles son las prioridades de las políticas públicas y cómo se compromete a la sociedad en su legitimidad y sostenibilidad. En efecto la Unesco afirma que “sin la necesaria reestructuración de la deuda y el apoyo de nueva financiación, se corre el riesgo de que los países se vean arrastrados al precipicio, hasta el punto de tener que elegir entre la financiación de los servicios esenciales para mantener la vida social y económica y el servicio de esas deudas”. La esencialidad de los servicios sociales configura un eje de ordenamiento de la política pública que, como tal, no debe negociarse sin que esto implique dejar de explorar las maneras de lograr mejor calidad de servicios.

En quinto lugar, la Unesco nos alerta sobre el peligro que se lleguen a perder “considerables avances en la expansión de la educación y los esfuerzos por lograr la equidad”. Ciertamente esto requiere determinación y firmeza en mantener flujos de inversión y de gasto en educación por lo menos iguales a los registrados prepandemia, pero también un esfuerzo de similar significación en revisar los recursos destinados a programas que no contribuyen al logro de mayores niveles de inclusión y de equidad y que responden, en gran media, a inercias y rigideces burocráticas.

En sexto lugar, la Unesco coloca en el debate nacional e internacional la necesidad de visualizar la educación desde una perspectiva de justicia social que congenie una visión universalista de la política pública con acciones focalizadas entre “quienes hayan resultado más afectados económica, social y educativamente por los efectos de la covid". No es cuestión de contraponer universalismo-focalización, sino de asumir que el desarrollo de estrategias diferenciadas según los perfiles y las necesidades de las poblaciones debe sustentarse en objetivos universales que sean para todos por igual en sus propósitos y resultados.

En séptimo lugar, la Unesco reafirma que el “liderazgo de las Naciones Unidas y otros agentes internacionales del desarrollo será esencial para mantener los compromisos fiscales que evitarán que el ODS 4-Educación 2030 se retrase un decenio”.

La sustanciación de los liderazgos requiere de renovados marcos de pensamiento y de acción que salgan de los lugares comunes en cuanto a catálogos de recomendaciones, y entren más de lleno en idear nuevas generaciones de políticas públicas educativas más a tono con lograr una genuina inclusión de la diversidad de expectativas y necesidades de los alumnos primariamente considerados y respetados como personas y en sus ciclos vitales de vida. Son momentos de arriesgar en lo propositivo e ir más allá de lo prescriptivo y declarativo como norma dominante.

Por otra parte, al igual que muchos países están revisando sus prioridades en política pública de cara a robustecer un encare integral de la política social más eficaz y efectivo, también los organismos internacionales de crédito tendrían que profundizar en cómo mejorar la calidad y pertinencia de los apoyos a los países reduciendo los costos de transacción y de operación de los proyectos, así como idear servicios de deuda más aliviados.

En esta misma línea, la Unesco hace “un llamamiento a reforzar la eficiencia y responsabilidad de las organizaciones internacionales de educación, de modo que puedan seguir añadiendo valor a los esfuerzos nacionales para promover una educación para todos que sea pertinente en un mundo en evolución”.

En resumidas cuentas, el financiamiento de la educación es un asunto clave en el marco de una renovada agenda educativa tanto en los planos internacional y nacional, no solo por servir a contrarrestar los efectos más perversos y regresivos de la pandemia, sino también por sostener la revisión de los objetivos, los contenidos y las estrategias de la educación en su múltiple condición de política cultural, ciudadana, social, económica y comunitaria de cara a forjar la sostenibilidad del mundo postpandemia.