Nacional > JUSTICIA

Un abogado y un procurador condenados por estafa tras operativo en barrio Cordón

Falsificaron documentos para apropiarse de un bien que le pertenecía a la ANEP

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30 de noviembre de 2018 a las 05:02

Dos personas fueron condenadas por estafa  este jueves a raíz del operativo que el Ministerio del Interior desarrollo en dos edificios, uno en la calle Martín C. Martínez, próximo a  18 de Julio, y otro en José E. Rodó y Eduardo Acevedo, en los que había varias personas usurpando apartamentos. Se trata de dos hombres, un abogado y un procurador, quienes falsificaron documentos, que luego presentaron ante el Juzgado Letrado de Familia de 18° Turno, con el objetivo de hacerse de los derechos posesorios del inmueble para luego vender o alquilar los apartamentos. 

La investigación llevada adelante por la fiscalía de 7° turno a cargo de Adriana Edelman, se inició a partir de una denuncia de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). El inmueble en cuestión perteneció a un hombre que falleció en 2003, pero que había pasado a manos del organismo público por medio de lo que se denomina como herencia yacente. 

Este tipo de herencia permite que el Estado se quede con un bien inmueble cuando su propietario muere y no tiene herederos que reclamen el bien.  Mientras el trámite sucesorio se llevaba adelante varias personas empezaron a ocupar los apartamentos. 

Los dos hombres condenados, presentaron documentación falsificada para hacer creer a la Justicia de que en realidad ellos eran herederos del bien. 
El abogado fue condenado como co-autor de estafa a nueve meses de libertad vigilada debido a que era primario, mientras que el procurador (poseedor de seis antecedentes penales) fue condenado como autor de un delito de estafa agravada a 12 meses de prisión.  

Por este mismo operativo en el barrio Cordón habían sido detenidas 15 personas, la mayoría de ellas usurpaban las viviendas. 

Siete de ellas fueron llevadas ante el juez, y se les dispuso la suspensión condicional del proceso, a cambio de desalojar el inmueble y no volver a ingresar al edificio. Si cumplen con esta obligación se termina la persecución del delito de usurpación, por el que podrían haber sido imputados, y sobre ellos no quedan antecedentes. 

El mal manejo del mecanismo de las herencias yacentes preocupa a la ANEP que viene trabajando en el tema desde 2017 intentando poner orden. En ese momento el consejero del Codicen Robert Silva informó que había 392 casos en curso en la órbita judicial, a la espera de una resolución pero el proceso es demasiado lento e intentaban agilizarlo. 

Desde 2012 a esa fecha se habían incorporado a la ANEP ocho inmuebles por herencias yacentes, al tiempo que se habían vendieron otros ocho. 

La ANEP se propone vender aquellos inmuebles que no tengan un fin educativo. Hay casos de herencias yacentes que pueden ser adaptados para escuelas, liceos u oficinas. Pero otros no y el organismo saldrá a ofrecer sus bienes en el mercado.

 

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