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Un enorme reto
A poco más de dos meses de las elecciones internas de los partidos políticos que elegirán sus candidatos presidenciales para los comicios de octubre, hay claras señales de que Uruguay no está inmune a las campañas de noticias falsas (fake news, en inglés) que se esparcen por las redes sociales, un drama que perjudica a las democracias contemporáneas. Es un fenómeno muy dañino, que afecta a los procesos electorales, la calidad de la información que reciben los ciudadanos, con lo cual se empobrece y distorsiona el debate público. Es el fenómeno de la posverdad, muy complejo y difícil de combatir sin poner en riesgo la libertad de expresión.
El Observador informó el sábado 13 acerca de tres fake news que fueron compartidas por miles de personas a través de las redes sociales y que involucraron a dos presidenciables, Luis Lacalle Pou (Partido Nacional) y Ernesto Talvi (Partido Colorado), y al exvicepresidente Raúl Sendic (Frente Amplio). Los tres casos se trataron de campañas de mentiras deliberadas por redes sociales para denigrar a estos dirigentes políticos y engañar a los electores.
Son inequívocas señales de que Uruguay cayó preso del artilugio de la posverdad que distorsiona la realidad y manipula creencias y emociones con el objetivo de definir comportamientos electorales.
No estamos ante conductas de mentiras elementales, inherente a la propia condición humana, sino del fuerte martilleo de mensajes deliberadamente falsos o falaces, que se aprovechan de un tiempo de crisis del valor de la verdad, en el que las opiniones se enredan los hechos.
Gobiernos de países donde hay más evidencia del uso de fake news están promocionando una batería de medidas para contrarrestar los efectos perniciosos de la desinformación. De cara a los comicios de mayo, la Unión Europea coordina acciones conjuntas de los estados miembros a través de unidades de servicio exterior y de seguridad, a la vez que presiona a Facebook y a Twitter para que tomen más medidas al respecto.
Pero hay que tener mucho cuidado en que los controles estatales para evitar campañas de noticias falsas no desemboquen en medidas de censura o contra de la libertad de expresión o de prensa.
Se corre el riesgo de caer en acciones que favorezcan la verdad única en la política, un absolutismo que pretende barrer con los sesgos de valores y creencias que todos tenemos y que siempre enriquecen el entendimiento.
Un debate público saludable surge de sociedades abiertas, conformado por personas honradas y una política basada en los hechos sobre los cuales puede haber diversos puntos de vista. Una convivencia democrática sin lugar al saber absoluto, con un debate y políticas públicas que sean consecuencia de argumentos razonables.
En ese sentido, la política en tiempos electorales también es perjudicada, sin la necesidad de la posverdad, cuando los postulantes se escudan en categorías morales o en palabras con connotaciones negativas con un efecto denigrante para el adversario, que solo son útiles para marchitar el debate público.
A veces, los mismos dirigentes que se horrorizan de las noticias falsas caen en la demagogia y en conductas artificiales de confrontación solo para sacar provecho de la incertidumbre del electorado y, así, echan más leña al fuego de la política “posfáctica”.
