El pasado martes, en Panamá, un hombre asesinó a tiros a dos manifestantes que participaban en el bloqueo de una ruta. El hecho ocurrió en una localidad ubicada 80 km al oeste de Ciudad de Panamá y en el marco de la tercera semana de protestas contra una compañía minera canadiense.
El acusado fue identificado como Kenneth Darlington, tiene 77 años y es panameño pero tiene un supuesto origen estadounidense. Según se pudo saber, discutió con los manifestantes que bloqueaban la vía Panamericana, los amenazó con un arma y, finalmente, la secuencia giró hacia lo trágico debido a que les disparó. Además, luego continuó tirando contra los objetos que cortaban la ruta hasta que las autoridades policiales lo detuvieron.
La policía publicó también una foto donde el detenido, con anteojos y camisa gris, identificado como Kenneth Darlington, de 77 años, aparece sentado y esposado de una mano a un tubo, aparentemente dentro de un cuartel o camión policial.
Las víctimas fueron identificadas como Iván Rodríguez y Abdiel Díaz. El primero falleció en el hospital y el segundo en el lugar de los hechos.
Estas son las primeras víctimas fatales que dejan las protestas iniciadas el 20 de octubre contra el contrato entre el gobierno y la compañía First Quantum Minerals (FQM), que opera la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica en el Caribe panameño.
Cabe destacar que allí había varios periodistas y fotógrafos cubriendo el reclamo, por lo que los asesinatos quedaron registrados.
Las movilizaciones se iniciaron el pasado 20 de octubre y son debido al contrato que tiene el gobierno con la compañía First Quantum Minerals (FQM), que es la que opera la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica en el Caribe panameño.
El presidente panameño, Laurentino Cortizo, expresó sus condolencias "a las familias de los dos ciudadanos que perdieron la vida en un incidente registrado este martes en un sector de Panamá Oeste".
"Se trata de un hecho que no tiene cabida en una sociedad llamada a ser solidaria como la nuestra", agregó el mandatario en la red X, mientras varias marchas y vigilias fueron convocadas para el miércoles contra la mina y en memoria de las dos víctimas.
El martes en la noche había pequeñas protestas en La Chorrera, cerca de la capital, y en Penonomé, en el oeste del país.
Varias avenidas de la capital fueron cerradas este martes por pequeños grupos de manifestantes, mientras permanecen bloqueados desde hace días diversos tramos de la ruta Interamericana, afectando el transporte de alimentos, medicamentos y combustibles.
Para calmar el malestar ciudadano, el Congreso de Panamá aprobó la semana pasada una moratoria de la minería metálica y acordó dejar en manos de la Corte Suprema de Justicia la decisión sobre el polémico contrato con FQM, que permite la operación por 40 años de la mina.
Los ambientalistas quedaron satisfechos con la decisión del Congreso, pues consideran que en vez de que el contrato sea anulado por ley, debe ser la Corte la que lo declare inconstitucional para dar al país argumentos de defensa ante una futura demanda multimillonaria de la compañía.
Pero el poderoso sindicato de la construcción, Suntracs, gremios de maestros y otras organizaciones insisten en que el contrato debe ser anulado por ley, por lo que continuaron con las protestas y los bloqueos de rutas.
Las protestas estallaron el día en que el Congreso aprobó la ley del contrato que firmaron en agosto el gobierno de Cortizo y la minera.
Este contrato sustituía al original firmado en 1997, que la Corte Suprema declaró inconstitucional porque la concesión se dio sin licitación, sin consultar a la población y bajo condiciones altamente desfavorables para el Estado panameño.
El gobierno defendió la firma del nuevo contrato argumentando que supondrá aportes mínimos anuales de la minera al Estado por 375 millones de dólares, diez veces más que el monto del acuerdo inicial.
Las autoridades advierten que el cierre de la mina hará perder 8.000 empleos directos y 40.000 indirectos, y asestará un duro golpe a la economía, en momentos en que el Canal de Panamá debió reducir el tránsito de buques por la sequía.
La minera, que ha invertido más de 10.000 millones de dólares en Panamá, asegura que aporta el 5% del PIB a su economía. Desde febrero de 2019, produce unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año, que representan el 75% de las exportaciones.
(El Observador y AFP)
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