Un país estupendo para no ser pobre

Él, educado en Eaton, vivió como indigente entre 1928 y 1930, mientras procuraba ganarse la vida como escritor, para comprobar, como muchos otros antes que él, que Inglaterra “es un país estupendo si no eres pobre”.

En realidad, lo mismo puede decirse de casi cualquier país o ciudad del mundo.

El número de personas que viven, duermen y mueren cada invierno en las calles de Montevideo aumentó mucho en las últimas décadas. Se los tolera con ademán pesaroso aunque resignado; como “una simple excrecencia social, porque vivimos en una era compasiva pero en esencia despreciable”, al decir de Orwell.

Ese escándalo compasivo e hipócrita aumentó mucho el miércoles, cuando un indigente rechazado en un refugio del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) amaneció muerto en una calle del Centro de Montevideo. 

Gustavo Castro, de 31 años, estaba borracho, y ya había causado disturbios en la puerta del local en otras oportunidades. Se lo llevó la Policía, que lo liberó más tarde, y fue a morir bajo un pequeño alero de la calle Yi, en apariencia de frío, drogas o golpes. 

La izquierda, ahora en la oposición, puso el grito en el cielo, como antes hicieran algunos que ahora están en el gobierno. 

En abril de 2019, según un relevamiento del Mides, había 2.038 personas que dormían en las calles, parques, plazas y refugios de Montevideo. (Autoridades municipales estimaron que otros tres centenares de personas vivían en las calles de ciudades del interior del país).

Tres años antes, en el invierno de 2016, el Mides estimó en 1.651 las personas “en situación de calle”. Antes aún, en 2011, sumaban 1.023, y en 2006 eran 739.

Esos relevamientos mostraron que más de 20.000 personas diferentes vivieron alguna vez en las calles de Montevideo en la última década; y, peor aún, que el fenómeno estaba en franco aumento.

El 94% son hombres. Alrededor del 70% estuvo en la cárcel, en centros de reclusión de menores o en instituciones de salud mental. La mayoría admite consumir a diario alcohol, pasta base de cocaína y sustancias por el estilo.

Suelen trabajar de cuidacoches, una forma de mendicidad, aunque también los hay pensionistas, vendedores ambulantes y oportunistas.

Cada otoño en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República discutían qué hacer con las decenas de personas que en invierno ingresaban a su local de Constituyente y Martínez Trueba a hacer el “achique” y pasar el día.

En abril de 2018 el entonces intendente de Montevideo, Daniel Martínez, envió una carta al presidente de la República, Tabaré Vázquez, en la que expresó su preocupación y la “de los vecinos” por el aumento de las personas que viven en la calle, particularmente aquellos recién salidos de las cárceles.

Pero en noviembre de 2018 la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, Fabiana Goyeneche, en diálogo con El Observador, propuso revisar la prohibición del código de faltas de vivir en las calles, pues entendía que las personas “tienen derecho” a hacerlo. 

En junio de 2019, en radio Universal, la vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, recordó que “en todas las ciudades del mundo hay personas en la calle”; y que, por ejemplo “en Tokio, en la guía turística te muestran si querés ir a ver las personas en situación de calle”.

La vida en la calle suele ser el resultado de la falta de trabajo, la carestía de la vivienda, las adicciones, la ruptura de los vínculos afectivos y familiares, y los desquicios psiquiátricos. 

Una encuesta de Cifra de marzo de 2019 reveló que la mayoría de la población estaba de acuerdo con los planes de asistencia, pero que demandaba una contraprestación a los beneficiarios, como tareas de limpieza de los locales, o revisiones de salud.

En la campaña electoral de ese año, los líderes opositores, entre ellos el actual ministro del Interior, Jorge Larrañaga, afirmaron que vivir en las calles no es un derecho, sino el usufructo de una vivienda.

El Mides, una creación del Frente Amplio de 2005, es un botín político de primera importancia, incluyendo su enorme base de datos que mapea la pobreza y la asistencia social en Uruguay. Tiene más de 50 direcciones, unos 2.000 funcionarios y competencia sobre el Inisa y el INAU. Hasta el año pasado, incluyó miles de colaboradores mediante contratos con organizaciones no gubernamentales (ONGs), en general vinculadas a la izquierda aunque no siempre. 

El Mides también creó en el interior del país un aparato paralelo a las Intendencias y Municipios: una suerte de Estado en parte superpuesto y competitivo, de clara implicancia política.

Las nuevas autoridades del Mides: Pablo Bartol —un hombre del Opus Dei de largo compromiso social en la zona de Casavalle— y Armando Castaingdebat —ex intendente de Flores y veterano guerrillero político— advirtieron que no cogobernarían con las ONGs, y que revisarían cada aspecto de la gestión de las anteriores jerarcas: Marina Arismendi y Ana Olivera, ambas procedentes del Partido Comunista.

La muerte de Gustavo Castro, como la de un hombre de 53 años en una calle del Prado el 13 de junio, parece indicar que los nuevos líderes del Mides subestimaron el problema de refugiar en invierno a miserables llenos de conflictos y antiguas heridas; y que, muchas veces, típicamente, detestan a sus benefactores: la mano caritativa que, acariciando, a veces se acaricia a sí misma.