Un veto con todo el drama de la democracia

El veto de Lacalle Pou es el primero de su gobierno pero es el número 90 desde la vuelta a la democracia. El presidente dijo esta semana que para él la decisión no era nada dramática, incluso si debió tomarla para parar una ley impulsada por uno de sus principales aliados de la coalición que hizo y hace posible a esta administración: Manini Ríos y su Cabildo Abierto (CA). El líder de CA y otros legisladores oficialistas también utilizaron el término “desdramatizar”. El Frente Amplio señaló que había grietas en la coalición (drama), y en las últimas horas Julio Sanguinetti también habló de “ruidos internos serios” (drama). El expresidente señaló que el veto, que en Uruguay se llama formalmente observación, no es “algo baladí”; Sanguinetti lo aplicó 30 veces en sus dos presidencias.

Más allá de las declaraciones públicas, seguramente a Lacalle Pou le disgustó la posición que adoptó Cabildo de votar por una ley forestal que establece cambios al sistema vigente, y que fue aprobada con los votos de CA y del Frente Amplio. Y, de la misma forma, seguramente a Manini Ríos no le gustó nada de nada que en la reunión que finalmente le concedió el presidente, estuviera pronto y cerrado el decreto por el cual la ley vuelve a la Asamblea General, donde tiene nulas chances de que se levante la observación.

El debate en el Parlamento y la ley se focalizaron en el avance de la forestación; el texto que se votó limita las plantaciones forestales a los suelos de prioridad forestal, además de limitar el total de este tipo de plantaciones a 10% de la superficie agropecuaria. Para Manini Ríos y sus aliados del FA, el proyecto no pone en cuestión la forestación”. “No se puede interpretar que este proyecto pone un freno a la forestación”, dijo.

Tanto Manini Ríos como Lacalle Pou recurrieron al mismo argumento a la hora de justificar uno su apoyo a una ley que el gobierno considera inconveniente, y el otro para explicar un veto que en teoría podría haber creado serios líos políticos en la alianza multicolor: el tema no era parte del Compromiso por el País, el acuerdo entre los integrantes de la coalición.

"El Poder Ejecutivo tiene la misma libertad de vetar un proyecto de ley que considera inoportuno. Voy a desdramatizar con hechos", dijo Lacalle, luego de afirmar que CA estaba en su derecho" de votar junto con el Frente Amplio la ley forestal.

Que el campo no quede "desamparado" en beneficio de intereses trasnacionales a los que "solo guía el lucro". Le propongo un ejercicio de múltiple opción. ¿Quién dijo esto? A) José Mujica B) Guillermo Domenech. La respuesta correcta es la B, pero algo similar dijo más de una vez el líder del MPP y sus senadores. El senador cabildante fue más allá cuando en la sesión del Senado llamó a defender el trabajo de los productores rurales. “Los pequeños y medianos productores del suroeste, olvidados por anteriores gobiernos, esperan que en el presente se los contemple y no solo se impida su desplazamiento, sino que se asegure a los actuales empresarios y jóvenes que se inician en la actividad agropecuaria (...) el acceso a la tierra, que dificulta la actual concentración de la propiedad rural, particularmente en manos de las empresas forestales y la industria celulósica que impide su desarrollo".

Si algo logró Cabildo Abierto fue poner el tema agropecuario, y no solo el forestal, sobre la mesa y en todas las primeras planas. El partido de Manini Ríos votó con el Frente Amplio (con algunos disensos internos en el partido de izquierda, que igualmente acató por disciplina), pero el FA quedó en un claro segundo plano ante la opinión pública. Si un despistado busca asociaciones sencillas, el “contra forestación” es ahora CA.

Así, con veto y todo, Cabildo gana exposición, algo que el partido ha logrado con mucha frecuencia desde que se lanzó al ruedo político con movidas frecuentemente maniqueas y con un cierto grado de confusión. El Frente Amplio esgrime que este episodio, con veto incluido, vuelve a mostrar grietas en la coalición. Las grietas existen, pero las derivadas de este caso son muy superficiales. Cabildo Abierto no quiere que el FA vuelva al poder y en eso está de acuerdo con el resto de los socios de la coalición multicolor.

Con un poco de mala cara y mucha viveza política, tanto Manini Rios como el presidente se anotan un punto. “En este caso, resulta notoria e innecesariamente afectada la libertad de producción”, señala la objeción presidencial. Si la ley entrara en vigencia, se afirma, “los productores no podrán elegir el destino productivo de sus tierras”, lo que estaría determinando limitaciones a derechos y libertades.

Con esa objeción ya pronta y firmada se encontró Manini Ríos cuando llegó hasta la Torre Ejecutiva para reunirse con Lacalle Pou, encuentro en el que su argumento fue que el veto no era buena cosa porque la ley fue aprobado en el Parlamento “por la mayoría de los representantes del pueblo uruguayo”. 

“Antes que el árbol, miramos el monte”, dijo el líder cabildante en una muy particular elección de frase hecha alusiva al tema de la forestación, para describir que este desentendido no afectará a la coalición. Cabildo Abierto y el Frente Amplio tienen muchos más puntos en común en sus diluidas ideologías de lo que a ninguna de las dos partes les gusta reconocer. Pero esta alianza parece ser solo una afirmación de consignas, al menos de parte de CA, que así reafirma su discurso “nacionalista”, el mismo que a la hora de enfrentarse a capitales y grandes corporaciones extranjeras esgrime el FA. 

El presidente se ha tenido que tragar varios sapos a la hora de lidiar con sus socios de la coalición, y eso es parte del juego de este tipo de alianzas de grupos dispares en sus ideologías o pseudo ideologías. Sobre eso nos ha dado clases la ficticia primera ministra danesa de Borgen, que a los golpes y a pura traición aprende a golpear y traicionar. Claro que la traición adquiere otro significado bastante más benevolente, cuando se trata de negociación política en un estado democrático con reglas claras, como el uruguayo. 

El hecho de que el FA y CA se hayan convertido en aliados por un rato es positivo, se mire por dónde se lo mire. Y el hecho de que el presidente haya decidido que esta vez no podía dejar pasar la movida de su socio porque, desde su punto de vista, va en contra de derechos democráticos, de la libertad y expone al país a posibles juicios y sanciones económicas, también es un punto a favor de la democracia. 

En estos meses de tanto barullo y polarización generados en buena parte por la discusión sobre la derogación o mantenimiento de los 135 artículos de la LUC, que los rulemanes de la democracia estén bien aceitados es un bálsamo. Incluso si se canalizan a través de un veto que aparentemente crea tensión en la coalición de gobierno. No se aflija, de apariencia nunca nadie se murió y al menos terminamos este año entreverado con señales de salud democrática.