La presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Doris Morales, había expresado el 21 de noviembre que le perdió la confianza al director de Servicios Administrativos, Marcelo Pesce. El ingeniero informático, que ocupaba el cargo desde 2017 es una especie de sexto ministro de la Corte y el jefe de todos los funcionarios administrativos del Poder Judicial por lo que se trata de un cargo de confianza que define las políticas de gestión junto a los magistrados.
Lo que motivó la disconformidad de Morales con Pesce fue la solución que encontró al tema de los juzgados de San Carlos, donde se decidió crear cuatro juzgados especializados en violencia de género, en lugar de los dos que se había decidido, y se suprimieron los dos multimateria que pasaron a Maldonado. Esas idas y venidas con un tema que había sido reclamo de los ciudadanos de San Carlos, llevó a Morales no firmar la acordada del 23 de noviembre donde se redistribuyeron las competencias de los juzgados junto con sus colegas.
Y la semana pasada, entrarse de la denuncia por acoso laboral contra dos subalternos de Pesce, la directora de Departamento Alzer Arezo y el escribano Ignacio Wilfy, fue para Morales “la gota rebalsó el vaso”. En el acuerdo con sus colegas, Morales planteó que era necesario removerlo puesto que es un cargo de particular confianza y ella la había perdido.
Inés Guimaraens
Los gremios judiciales se manifestaron frente a la Corte
Sin embargo, los otros cuatro ministros no estuvieron de acuerdo y consideraron que no podía ser removido sin ser escuchado. Cuando llegó la denuncia Pesce estaba haciendo uso de licencia hasta el 19 de diciembre. Sin embargo, este lunes luego de que todos los gremios judiciales, incluido los jueces, pidieron su renuncia en una manifestación que hicieron en la puerta de la Corte, decidió dar un paso al costado.
Según informó el Poder Judicial, en su nota de renuncia rechazó los hechos imputados en las denuncias y señaló que su alejamiento "responde a la crisis institucional que se ha generado así como a la falta de confianza en su persona, tal como fue divulgado públicamente".
Toda esta situación derivó en otra crisis institucional dado que se dio en un hecho inusual cuatro ministros decidieron rebatir la posición de la presidenta y volvieron a aflorar diferencias en la corporación. Una situación similar se había vivido en 2021 cuando durante la presidencia de Tabaré Sosa se enfrentó a sus colegas e incluso al Colegio de Abogados.
De "sin confianza debe renunciar" a "cobrar al grito"
Al conocer la denuncia, que motivó paro de judiciales el viernes y este lunes, los magistrados John Pérez, Bernadette Minvielle, Elena Martínez y Tabaré Sosa, plantearon que hasta ese momento se trataba de una denuncia general, que no mencionaba hechos concretos, que la responsabilidad de Pesce estaba condicionada a la responsabilidad de los subordinados y que no era posible destituir a un funcionario por más que sea de confianza sin haberlo oído. En esa reunión los ministros que lo defendían destacaron que "lleva seis años trabajando con la Corte y que jamás los defraudó”. Otro ministro opinó que era “una aberración” y “absurdo” echarlo sin escucharlo y que era “cobrar al grito”.
Por ese motivo consideraron que lo mejor era iniciar una investigación administrativa de urgencia que se la asignaron a la ministra del tribunal de apelaciones Adriana de los Santos y le pidieron que concluyera "lo antes posible" con la intención de tener el tema resuelto antes de la feria judicial que empieza el 24 de diciembre.
Inés Guimaraens
Los representantes de los gremios
Otro asunto que también se ha sacado a relucir por estas horas es que Pesce es también directivo de la Asociación Española, algo que puede ser considerado incompatible con un cargo de alta dedicación como el que tiene en el PJ. Sin embargo, se afirmó que antes de asumir en la mutualista contó con el aval de los ministros de la Corte (en ese momento no estaba Morales) y declaró que se trataba de un cargo honorario.
Morales en cambio dijo a El Observador que al no ser funcionario de carrera y tratarse de un cargo de particular confianza para ella estaba claro que debía ser removido más allá de que los hechos denunciados de acoso laboral “no le constaran”.
En la misma línea se pronunció el gremio de jueces que respaldó la decisión de la presidenta y pidió expresamente le cese de Pesce. Pese a no haber jueces involucrados en la denuncias la AMU decidió salir a apoyar a los funcionarios dada la gravedad del asunto, explicó el presidente de AMU, Leonardo Méndez.
En un comunicado los magistrados expresaron que el PJ se encuentra atravesando “una crisis institucional” y cuestionaron que se “haya resuelto por mayoría una cuestión que solamente ameritaba una decisión unánime”. Además acusaron a la mayoría de la Corte de “desaprovechar la oportunidad de generar un acercamiento más fructífero con los gremios” y “adoptar una posición intransigente”.
Tanto los jueces como los funcionarios entendieron que ante las denuncias de acoso laboral y maltratos lo que ameritaba era iniciar directamente un sumario con separación del cargo de los implicados–para evitar la afectación del servicio- y no una investigación que se hace cuando no se conocen los implicados y los hechos. De todos modo, desde la SCJ dijeron que los dos funcionarios denunciados serán reasignados a otras tareas cuando regresen de la licencia si es que aún no se definió el tema.
Una denuncia anónima no investigada y un suicidio como detonantes
Según contaron las fuentes judiciales la primera denuncia se presentó hace dos años ante los ministros de la Corte en forma anónima por temor a represalias pero se decidió no darle curso.
La denuncia mencionaba que en la oficina de los Servicios Administrativos del Poder Judicial al directora de Departamento Arezo y el escribano Wilf ejercían maltratos y acoso laboral contra los subalternos, con el conocimiento de Pesce.
La bomba terminó por explotar hace dos semanas cuando quien ejercía como secretario personal de Pesce se suicidó. El funcionario que le llevaba la agenda al director, era el encargado de materiales pero se le había quitado esa tarea. El secretario general de los judiciales, Pablo Elizalde, contó que se lo aisló, se le prohibía a los compañeros hablar con él, y se lo dejó a cargo de la reposición del papel higiénico en la oficina, además de que se lo amenazaba con ser sometido a sumario si faltaba papel en los baños, como informó Montevideo Portal.
Otras fuentes mencionaron que la hermana del funcionario contó que había dejado una nota en la que daba cuenta del maltrato que padecía en el Poder Judicial.
Inés Guimaraens
Funcionarios judiciales en el pasaje de los Derechos Humanos
Elizalde agregó que los maltratos eran generalizados, que a los trabajadores de esa oficina se les prohibía hablar en horario laboral, se les pesquisaba sus redes sociales y existía tráfico de influencias con determinados funcionarios que corrían con ventaja frente a otros en los sumarios (es la oficina donde se centralizan los proceso administrativos) y también se denunció por ejemplo que el marido de Arezo ingresó como alguacil pero no salía a la calle a hacer lanzamientos como el resto de los trabajadores.
En respuesta al pedido de la Corte de que se denunciaran hechos concretos, este lunes fueron entregados 30 testimonios firmados con nombre y apellido, que dan cuenta de situaciones de violencia. Esas 30 personas son funcionarios que han pasado a lo largo de los años por esa oficina, donde según comentaron “era un desfiladero de trabajadores” dado que muchos renunciaban.
El gremio había decidido continuar con paros hasta conseguir la renuncia de Pesce. Pese a que lograron el cometido, este miércoles volverán a parar para reunirse en asamblea y definir si toman otras medidas.
