Una institucionalidad para una nueva era

El INC fue aprobado durante el gobierno dirigista de Luis Batlle Berres, un presidente convencido de que la intervención del Estado en la economía y la distribución de la riqueza traerían aparejada más “justicia social”. Es bajo este designio batllista que se inscriben las ideas entonces en boga para el fomento de la explotación agrícola, el poblamiento del campo mediante políticas de colonización que incluían la redistribución y la división de la tierra.

Allí el sustrato de la ley N° 11.029 en cuyo artículo 1° establece que es un objetivo del Estado la promoción de “una racional subdivisión de la tierra y su adecuada explotación, procurando el aumento y mejora de la producción agropecuaria y la radicación y bienestar del trabajador rural”.

Si bien entre 1959 hasta 2017 hubo leyes o decretos estableciendo reformas o ajustes, en esencia, el papel de la INC se ha mantenido incambiado. Incluso hasta podría considerarse que hubo una mayor intervención del Estado durante los gobiernos del Frente Amplio, sin una evaluación transparente de las políticas de fomento de la agricultura familiar y de pequeños productores que siguen en declive. 

Por fortuna, se mantuvieron reformas legales de tenencia de la tierra, que tuvieron un impacto favorable en el desarrollo empresarial del sector agropecuario. La modernización jurídica en torno a la propiedad explica en parte el excelente desempeño agroexportador del país y la conquista exitosa del mercado de China, hoy nuestro principal cliente.

No estamos planteando argumentos para denigrar las políticas públicas de desarrollo rural. Son necesarias, por supuesto, pero adecuadas al mundo de hoy, algo que no parece reflejar la gestión del INC ni su organigrama institucional, como describió Nelson Fernández, en su columna semanal de El Observador del sábado 9. 

Una burocracia tan numerosa como desproporcionada en la relación de jefes y subalternos que ha sido tema de conversación de dirigente de todos los partidos  “en los corrillos de ambulatorio”, escribió Fernández, además de comentarse los “problemas de gestión” del INC.

Un Estado que compra tierras productivas para luego fraccionarlas y distribuirlas a colonos, parece una dinámica de un pretérito perfecto. Incluso ciertas exigencias al colono como que la tecnología y la mejor infraestructura no haya modificado estilos de vida. 

La institucionalidad en torno a los colonos de hace 70 años responde a un contexto histórico muy diferente al actual.

Un país y un mundo más abierto, impone políticas públicas más adecuadas, por ejemplo, a la globalización en una era digital que hace rato llegó a la producción agropecuaria. 

Un INC impávido ante los nuevos retos ni siquiera podrá reivindicar su papel en el empleo para unos miles de colonos que perderán la oportunidad de sacar provecho de las bondades del campo uruguayo.