Uruguay, una democracia subóptima. ¿Por qué?

“En un contexto regional en el cual aparentemente se está “normalizando” la presencia de mujeres en los más altos cargos de poder político, Uruguay aparece como una anomalía”, señala la investigadora Niki Johnson en un documento de revisión de la situación de la representación femenina realizado para este debate. Johnson es docente e investigadora del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar, e investiga los cruces entre género y política desde hace 25 años. 

“La representación política es la esencia de la democracia. Cuando es subóptima, la calidad de la democracia también lo es”, dijo Boide en el mismo foro, y por subóptima se refirió al absoluto desequilibrio que afecta a las mujeres a la hora de llegar a cargos electivos, además de otros jerárquicos como ministerios.

El imaginario popular de los últimos años, y con mayor fuerza a medida que se intercalan diferentes partidos en el poder, considera que Uruguay tiene una democracia sólida y pujante. De hecho, este país está en primer lugar como democracia plena en América Latina y el Caribe, y en la tercera posición en el mundo.

¿Es injusto entonces señalar que es subóptima y desbalanceada? No tanto. Concuerdo con Magdalena Furtado, representante de ONU Mujeres, en que Uruguay “es el país de los buenos promedios” que, cuando se desagregan, muestran realidades no tan brillantes pero sí muy reveladoras. Además del primer y tercer lugar, nuestro país ocupa el puesto 127 por cantidad de mujeres en el gabinete y el 93 por porcentaje de mujeres en el Parlamento.

Las razones para este retraso que rompe los ojos pueden ser varias, pero hay algunas que –coinciden los investigadores– deberían analizarse como de mayor peso. Las mujeres integran el mercado de trabajo en porcentajes similares a los hombres y el sistema educativo en un porcentaje mayor. No parecería entonces que esta inequidad derive de causas socioeconómicas, señaló Johnson, ni tampoco culturales –o no del todo– a juzgar por encuestas en las que población uruguaya no solo se muestra a favor de que las mujeres ocupen más cargos electivos y de responsabilidad, sino que además califican mejor que a los hombres a quienes efectivamente llegaron a ser electas. 

Las explicaciones hay que buscarlas por otro lado. Pero antes vale la pena recordar la historia de este “retraso” uruguayo, que es consistente y en algunos casos asombroso. En 1984, en el regreso a la democracia, ninguna mujer fue electa para integrar el Parlamento. Si se considera el papel central que jugaron las mujeres durante la dictadura y la transición, resulta insólito que esto haya sucedido. El argumento, esgrimido entonces y ahora, de que la mujer no tiene interés en la política –o no el suficiente para “llegar”– es desmentido por las propias protagonistas cuando se las consulta.

Debieron pasar 25 años desde ese reinicio democrático para que Uruguay aprobara una ley de cuotas (en 2009), luego de discutir seis proyectos y mientras que el resto del continente comenzaba a plantearse la siguiente etapa: la paridad. En 2015, un año después de que se aplicara por primera vez la ley de cuotas con resultados frustrantes y alguna tramoya, la delegación uruguaya fue la única que votó negativamente en el Parlatino la norma marco para consolidar la democracia paritaria en la región. El único país de América Latina que dijo “no”.

En 2016 hubo un intento por parte de la bancada femenina de plantear un proyecto de paridad con consenso de todos los partidos, pero fracasó. Ese año finalmente fue la bancada del Senado del Frente Amplio la que presentó uno, que no llegó a considerarse. Para el mundo la paridad (por cada hombre, una mujer) está considerada un principio democrático desde 2007. En Uruguay hay dos proyectos de ley presentados por legisladoras coloradas, Gloria Ruiz y Flavia Barruti, que no han sido discutidos. 

Si bien la aplicación de la ley de cuotas en 2014 generó un aumento (26 mujeres asumieron sus bancas), ya quedó claro que el mecanismo que tanto costó aprobar en Uruguay es, en el mejor de los casos, “minimalista”, como lo definió Johnson. En las elecciones de 2019 se aplicó por segunda vez, pero no hubo un aumento significativo con las 27 mujeres que accedieron a bancas. “El aumento registrado en 2015 y 2020 en la Cámara de Representantes no excede la tasa de crecimiento promedio registrado entre 1990 y 2010; es decir, el impacto de la cuota en la cámara baja fue imperceptible”, señala la investigadora.

Casi casi que la ley de cuotas no sirve para nada, en buena parte por las características de nuestro sistema electoral (en particular como consecuencia de la forma de representación de los distritos pequeños, que son muchos, y porque permite muchas listas para pocas bancas), y en parte por la selección de candidaturas con control masculino. La tasa de encabezamiento masculino de listas se sostiene en un 90% desde antes de la cuota. 

Y ojo que el sistema de cuotas no establece que la mujer debe ir tercera, sino que en el tercer lugar debe ir una persona de sexo diferente a las dos primeras. ¿Adivine quién queda casi siempre en el tercer puesto? “No es lo que dice la ley pero sí es lo que se tradujo discursivamente en la práctica. Además se construye la competencia electoral como una competencia separada por género. Las mujeres compitiendo por el tercer lugar, que no era la intención de la ley”, ni lo que dice la ley, dijo Johnson.

En 2019 el FA decidió utilizar el criterio de paridad de género para construir sus listas; en el Parlamento actual dos tercios de las legisladoras son de ese partido.

¿Por qué el sistema político, pero también cualquier ciudadano uruguayo debería estar preocupado por este estado de cosas? Es un tema de justicia, pero sobre todo es un enorme problema para la representatividad del sistema político “el hecho de que queden excluidos o marginados del proceso de deliberación y de toma de decisiones los intereses y las perspectivas de quienes constituyen la mitad de la población”, escribe Johnson. Es cierto que es difícil llegar a ser candidato en este país si sos mujer, si sos joven, si sos pobre, si no tenés educación y algunas variables más. Pero es cierto también que los jóvenes que se transforman en adultos hombres llegan y que ninguna de las “minorías” antes descritas representan al 50% de la población. 

Si se aprobara algún tipo de mecanismo de paridad Uruguay podría empezar a salir del pozo. Debido a que los sistemas propuestos en cada proyecto de ley presentado son diferentes, la simulación que realizó Johnson varía. Con la aplicación del criterio de paridad según el proyecto de Rodríguez podría aumentar en 6,2 puntos porcentuales la representación femenina parlamentaria y en 22,5% en base al proyecto de Barruta. En el peor de los casos las mujeres pasarían a ser el 27% del Parlamento, frente al 20% actual, y en el mejor serían el 43%. 

¿Qué parte del puzzle no estamos viendo? Es interesante la hipótesis que ensayó la investigadora en el foro: “una de las cuestiones que impide que demos el paso tiene que ver con la idea de que el sistema electoral uruguayo no se puede tocar porque si no es perfecto, es cercano”, dijo Johnson, quien investiga aquí desde hace un cuarto de siglo pero es inglesa. “Uruguay lidera mucho de los índices de calidad de la democracia, pero hay que considerar que lo que funcionaba hace 50 años no es necesariamente lo que funciona hoy. Los criterios de lo que debe ser una democracia moderna han cambiado”, agregó.

“Cabe pensar que la propia solidez del sistema político –y por lo tanto la falta de una necesidad apremiante de la clase política de escrutar y reflexionar sobre su representatividad– actúa como un obstáculo para el logro de la paridad de género en la representación política”.

En esta actividad la ministra Irene Moreira se manifestó contraria a la paridad, incluso porque podría ser “rayana a la anticonstitucionalidad”, dijo. El debate está planteado desde hace mucho. Ahora es tiempo de decidir qué o qué mecanismos intentarán, al menos, disminuir la brecha.