Violencia de género en el hogar: empresas uruguayas empiezan a tener protocolos para ayudar a sus empleadas

Son pocas las empresas uruguayas que tienen medidas específicas sobre cómo actuar en estos casos

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30 de noviembre de 2020 a las 14:00

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Cuando se habla de cómo abordan las empresas la violencia de género, en general, se hace referencia a la violencia contra las mujeres en el ámbito laboral y a políticas internas que intentan prevenir y/o sancionar este tipo de situaciones, como es el caso de la maderera Lumin que cuenta con un protocolo en caso de acoso sexual laboral. Pero, ¿qué pasa si la mujer está viviendo la violencia en su propio hogar? Si bien alguien puede argumentar que eso excede la responsabilidad de la organización, la realidad es que estas no son entes abstractos, están compuestas por personas y las personas no dejamos en la puerta de nuestros trabajos nuestros problemas personales. Además –si lo pensamos desde una perspectiva menos humana y enfocada en el negocio– esas situaciones de estrés, miedo, angustia e inseguridad constante, también afectan el desempeño y la productividad de las personas.

La realidad es que son pocas las empresas en Uruguay que tienen esto en cuenta y que cuentan con políticas puntuales o algún tipo de acompañamiento para las víctimas. En algunos casos, como el de la cadena de supermercados Tata, el apoyo no está detallado en un programa específico, pero se brinda sostén legal y emocional. En otros casos, se ofrece el asesoramiento de psicólogos o la intervención de asistentes sociales, pero se aplica también a casos que van más allá de un hecho de violencia de género en el hogar.

Dar un paso más

Según el artículo 40 de la ley 19.580, las mujeres víctimas de violencia basada en género tienen derecho a “licencia extraordinaria con goce de sueldo por el lapso de veinticuatro horas a partir de la presentación de la denuncia en sede policial o judicial, prorrogables por igual período para el caso en que se dispusieran medidas cautelares en sede judicial”.

La empresa Avon –que en Uruguay llega a 14 mil mujeres–, decidió dar un paso más allá de lo previsto en la ley y con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia lanzó en noviembre un protocolo de abordaje y acción en casos de violencia de género que incluye una licencia especial.

La firma busca desarrollar acciones preventivas a través de la educación, la sensibilización y la capacitación de su equipo, y establecer procedimientos de apoyo y de acompañamiento integral, que permitan acompañar a las y los colaboradores que estén transitando una situación de violencia. Entre las acciones concretas, las asociadas pueden solicitar asesoramiento, acceder a un préstamo económico de hasta dos sueldos para poder salir de la situación de violencia de forma rápida y una licencia especial de diez días. Además, la empresa evaluará medidas disciplinarias para los asociados en relación de dependencia que perpetúen violencia, (tanto dentro como fuera de la organización).

El protocolo fue creado en articulación con la organización Plenario de Mujeres del Uruguay (Plemuu), quien se encargará de brindar apoyo legal y psicológico a las víctimas. Para Ana Algare, miembro de Plemuu, “Este protocolo es fundamental porque el trabajo es una cadena. Es fundamental fortalecer a las mujeres en los ámbitos laborales”.

No están solas

En el ámbito público, un ejemplo similar a la propuesta de Avon es la licencia especial por violencia de género para trabajadoras y trabajadores de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), que se acordó en febrero de 2019 y sentó un precedente.

El convenio fue un acuerdo entre ASSE, la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y la Federación Médica del Interior (FEMI), “con el propósito de posibilitar a las víctimas de violencia de género (incluyendo toda forma de violencia doméstica), a tener el tiempo suficiente para reorganizar su vida familiar”, según se detalla en la web de ASSE.

La licencia es de diez días hábiles corridos al año (no puede fraccionarse) y para tramitarla, “el trabajador o la trabajadora, deberá presentar la denuncia policial correspondiente, así como la medida cautelar decretada por la justicia competente”.

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