Volver a las urnas pone en riesgo los fondos europeos para rescatar a la economía

Los analistas ya habían barajado, como naipes desplegados sobre la mesa, los escenarios para este tórrido y atípico 23-J.  El “escenario base” para las elecciones generales en España era una mayoría simple del PP (Partido Popular) con el apoyo de Vox (ultraderecha). Pero no se descartaba la posibilidad de la repetición de la amplia coalición que está en el poder (PSOE y una miríada de partidos) y se consignaba como escenario catastrófico pero remoto, una nueva votación (si la formación del nuevo Gobierno naufragaba). 

Hoy sorprendentemente factible, el escenario de una vuelta a las urnas abriría un período de fisura e incertidumbre política que retrasaría la llegada de los desembolsos europeos tan necesarios para la inversión que requiere la normalización de la economía post-pandemia, sobre todo cuando España fue el último país de la zona euro en recuperar su PBI pre-Covid.

 Después de una brutal contracción del 11% anual en 2020, volvió a su nivel del 2019 recién en el primer trimestre de este año pero el PBI europeo lleva una clara ventaja, dos puntos arriba de la pre-pandemia.     

Estos fondos europeos, llamados Next Generation EU y canalizados en España a través del Plan de Recuperación, ascienden a 160.000 millones de euros, el equivalente al 12% del PBI español. Se estima que las inversiones y reformas que resulten de su utilización aumentarán en tres puntos el nivel de PIB de media hasta 2031.

 "El panorama político de España se caracteriza por la polarización y la gran fragmentación. Las elecciones podrían ser el punto de partida de un período más prolongado de inestabilidad política, aunque no es nuestro escenario base", afirmaba ING. “Esto se podría producir si no se forma una mayoría estable, con un Parlamento indeciso, nuevas elecciones y una incertidumbre política prolongada".

UBS señalaba una coalición entre el PP y Vox como lo más probable, si bien no descartaba “un período prolongado de negociaciones o incluso una repetición electoral".  Volver a las urnas era también el último escenario que contemplaba Barclays. “Sería el peor porque retrasaría los desembolsos de los fondos de la UE y añadiría volatilidad. Los principales líderes intentarán no repetir la experiencia de 2019, pero es algo que no se puede descartar dada la fragmentación política", apuntaba el banco.

En julio de 2019, Pedro Sánchez (PSOE) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos) no fueron capaces de gestar un Gobierno de coalición que sí fue posible negociar tras la repetición de los comicios. El proceso se prolongó 10 meses durante los cuales Sánchez fue presidente en funciones. 

Tras el acuerdo, el segundo Gobierno de Sánchez (el que acaba de concluir) se convirtió en el primer gobierno central de coalición en la moderna historia democrática española. Fue un gobierno de coalición amplia ya que también incluyó al Partido Comunista de España, Izquierda Unida y Catalunya en Comú.

Otro antecedente refuerza esa postura de intransigencia. En 2016, la reelección de Mariano Rajoy (PP) también planteó una crisis que se prolongó por 10 agónicos meses ante la imposibilidad de formar Gobierno. 

Para evitar una nueva votación, el PSOE tomó la excepcional decisión de abstenerse y despejar el camino a su investidura. Pero no fue sin una feroz disputa interna. De hecho, Pedro Sánchez, enardecido, renunció primero como secretario general del partido y luego a su escaño como diputado.   

En todo caso, el gran riesgo de que se repita una de estas pausas traumáticas en el Gobierno, observan en Goldman Sachs, es el retraso de la aplicación del Plan de Recuperación de España. "Las elecciones generales no van solo sobre la economía, sino también sobre la inversión. Primero la pandemia y luego la crisis energética han mantenido en espera la inversión. Creemos que su reactivación es esencial". Goldman Sachs apunta que el país está pendiente de recibir unos 11.000 millones de euros de fondos europeos en el segundo semestre.

Bruselas no quiere repetir los errores de la Gran Recesión, cuando recetó al sur una sobredosis de austeridad. Esta vez dijo: necesitan recursos, tiempo y espacio. Así surgieron los fondos Next Generation EU (750.000 millones de euros) y otras medidas como la suspensión de las metas fiscales hasta que los países recuperaran el PBI previo a la pandemia. 

España acaba de recibir el tercer desembolso en marzo de 2023, con lo que ya fueron transferidos 37.036 millones de euros, el equivalente al 53% del total que corresponde en forma de transferencias no reembolsables, que asciende a unos 70.000 millones de euros.

El país se convirtió así en el primero en recibir el tercer desembolso, continuando la senda que inició en diciembre de 2021, cuando también fue el que obtuvo antes que ningún otro el primer pago.

En junio, el sanchismo se apuró para aprobar y remitir a Bruselas una Adenda en la que se solicitan más fondos además de requerir la totalidad de los préstamos que también forman parte de este programa. 

De esa forma se movilizarán 94.300 millones de euros adicionales, que se integrarán por 84.000 millones de euros en préstamos, 7.700 millones de euros de transferencias adicionales y casi 2.600 millones de euros del nuevo mecanismo REpowerEU, un fondo creado a raíz de la guerra en Ucrania y dotado con 20.000 millones para toda la UE con el fin de facilitar la transición energética.

Estos recursos se suman a los 70.000 millones de euros de la primera fase, aprobada el 13 de julio de 2021, de transferencias no reembolsables. En relación a los créditos, son a 30 años de plazo con 10 años de gracia y una tasa 30 puntos básicos por debajo de la que paga el Gobierno en el mercado.

Poca gracia le causó al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la maniobra del Ejecutivo de aprobar la Adenda, al que acusó de aumentar la deuda de España con este plan sin haberlo pactado con la oposición. 

Además, la premura con la que la vicepresidenta Nadia Calviño remitió a Bruselas la Adenda es algo que el PP ve con suspicacia ya que había tiempo de sobra para hacerlo (hasta el 31 de agosto). No es apropiado que lo haga quien quizás sea un Gobierno saliente, argumentaba Feijóo. Bruselas no aprobará el pedido español hasta septiembre así que será el Gobierno que emerja del 23-J -si lo hay- el que deberá hacerse cargo. 

Estos recursos de la UE se reciben a medida que se van ejecutando ciertos “hitos y objetivos” asociados. Pero las cosas marchan lento en España a pesar de que es el país que ya recibió más desembolsos. 

Según datos de la Comisión Europea, España gastó 2.400 millones de euros en 2021 y 5.400 millones de euros en 2022, de los 37.000 millones recibidos y de los más de 70.000 millones asignados en ayudas.

El problema es que los fondos vienen con fecha de vencimiento. De acuerdo con la legislación europea, el plazo límite para haber concluido las inversiones es el 31 de agosto de 2026. Muchos ya enfatizaron que haría falta más tiempo para poder ejecutar bien estos recursos.

Sin embargo, desde el Gobierno aseguran que ya va mejorando el despliegue del Plan de Recuperación y el ritmo de convocatorias se está acelerando este año, con más de 10.757 millones de euros ya autorizados. Este volumen de fondos equivale a casi el 40% de lo presupuestado para todo el ejercicio 2023. En total, ya se han resuelto convocatorias de ayudas y licitaciones de fondos Next Generation EU por más de 23.500 millones de euros, que financian a casi 300.000 proyectos.

Hay que tener en cuenta que al Plan de Recuperación se suman los 36.700 millones de euros de los Fondos Estructurales del marco financiero plurianual 2021-2027.

Las transferencias adicionales están destinadas a reforzar los 12 PERTE (proyectos estratégicos) que ya están en marcha. Por su parte, el total de préstamos de los fondos a los que España puede acceder se canalizarán a través de 14 fondos.

Son todos fondos de los que España está ávida. La deuda, que ya había empezado a crecer exponencialmente en 2008, trepó como consecuencia del gasto derivado de la pandemia del 98% del PIB en 2019 al 113% el año pasado. 

El Gobierno aún espera registrar un déficit presupuestario de más del 4% del PIB este año. Llegó a superar el 10% en 2020. El año pasado fue de 4,8%. Desde 2024, la vigilancia europea, con el regreso de las metas fiscales suspendidas por cuatro años, impondrá una disciplina que hará muy difícil tanto políticas de estímulo fiscal (baja de impuestos) como de gasto desenfrenado. El desempleo, de 12,7%, es casi el doble de la media de la zona euro.

Si ahora se abre un paréntesis de largas negociaciones políticas en el juego de las coaliciones o la mezquindad partidaria deja a España en el limbo de una nueva votación la oportunidad de sostener ese flujo de fondos, de invertirlos y hacerlo bien se irá alejando hasta convertirse, al menos por un tiempo, en un escenario remoto.