Nacional > CASO CASAL
Zaidensztat responsabilizó a Hernández
El ex director de la Dirección General Impositiva (DGI), Eduardo Zaidensztat (2002-2007), responsabilizó a su sucesor, Nelson Hernández (2007-2010), por la acusación del organismo recaudador en contra del empresario Francisco Casal. La DGI acusó en el año 2008 al empresario de haber incurrido en defraudación, pero los reclamos en contra de Casal fueron revocados por el Ministerio de Economía y Finanzas, en una resolución firmada por el ministro de esa cartera, Fernando Lorenzo, en noviembre de 2011.
"En el momento que yo me retiré no había un acto de determinación de deuda de impuesto alguno. Cuando yo me fui, en ese caso (Casal), como otros cientos de casos, no había un acto de determinación de decir: señor usted debe y debe tanta plata. La actuación siguió en curso con lo que todos sabemos. Un año y medio después de que yo me retiré, la DGI, que estaba en aquel momento dirigida por el contador Nelson Hernández, tomó la resolución de determinar que se debían impuestos. Más tarde se le aplica una sanción por defraudación, se solicita dos años después un embargo millonario ante la Justicia civil, y también se realiza más de dos años después de que yo me retiré la denuncia penal", dijo Zaidensztat al portal El Diario. Hernández era subdirector de la DGI y asumió el cargo tras la renuncia de Zaidensztat en marzo de 2007.
Además de descartar la defraudación tributaria, la resolución de Economía reduce de 10 a cinco años el plazo de prescripción para determinar las presuntas deudas de Casal. Con esto se reduciría de US$ 100 millones a US$ 10 millones.
Tras la acusación de la DGI en 2008, Casal presentó en 2010 un recurso de revocación y jerárquico ante el intento de la Impositiva de cobrarle IRIC e impuestos al Patrimonio por un total de US$ 100 millones.
Además, la DGI intentó realizar un juicio penal al empresario, el cual no prosperó.
Debido a esos plazos, Zaidensztat aseguró que durante su mandato se inició la investigación "como con cualquier otra empresa", pero advirtió que no hubo resoluciones.
El MEF derivó el recurso al fiscal de gobierno Miguel Toma, que consultó a una junta de técnicos para que estudien el caso.
El proceso derivó en la revocación de la resolución inicial de la DGI. Incluso, el fiscal de gobierno sugirió comenzar una investigación administrativa por la "desviación del derecho tributario formal" en los actos del organismo recaudador.
