Plantean prioridad de género en compras del Estado a mipymes

Participación femenina sería diferencial ante dos ofertas iguales
En estos días el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) remitirá al Parlamento un proyecto de ley para incluir la perspectiva de género en las compras estatales a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Para ello, el texto plantea modificar dos leyes vinculadas al Programa de Contratación Pública para el Desarrollo: la ley 19.292, referida a la producción familiar agropecuaria y pesca artesanal, y la ley 18.362, que creó el Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Ambas normas dan prioridad a estos emprendimientos productivos a la hora de adjudicar una compra estatal, otorgándoles ventajas en materia de precios y reserva de mercado.

El nuevo texto plantea agregar a ese programa una consideración de género, priorizando –en caso de paridad entre dos ofertas– la que puntúe mejor en un índice de género. Además, si bien no introduce una preferencia de precio, estipula que en caso de que la empresa ganadora no tenga un "enfoque de género", pero la segunda sí, esta última tendrá la posibilidad de empardar la oferta.

"Lo que pretendemos con esto es comenzar a consolidar acciones para la igualdad de género también en políticas productivas", explicó a El Observador Rossanna González, coordinadora del departamento de Desarrollo Social Sostenible y Equidad de Género del Ministerio de Industria (MIEM).

El proyecto de ley –que está en etapa de revisión previo a remitirse al Poder Legislativo– es fruto de un trabajo conjunto entre el Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres), la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el MIEM y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). Según González, busca profundizar la "autonomía económica de las mujeres" introduciendo "mecanismos que favorezcan la posición de organizaciones lideradas por mujeres o que promuevan acciones para la igualdad de género".

Categorización

Para definir las empresas con enfoque de género, la ley plantea una categorización que evaluará una serie de dimensiones vinculadas al control, acceso y uso de los recursos productivos por parte de hombres y mujeres. Entre esos ítems estarán la titularidad de los bienes, los cargos de dirección y el acceso a la tecnología, explicó González.

El MIEM, junto a Inmujeres, se encargará de emitir los certificados, como los que hoy se entregan a las mipymes. Se creará un índice y dependiendo dónde caiga cada empresa en ese corte del índice, "se va a decir si tiene enfoque de género o no", dijo González.

Desparejo

Según los datos de la última Encuesta Nacional de Mipymes, realizada por la Dirección Nacional de Mipymes en 2014, las ventas al Estado tienen impronta masculina. El 78% de las empresas industriales que le vendieron alguna vez al Estado tienen a un hombre como titular. En el rubro comercio el número baja a 66%, mientras que en los servicios llega a 69%.

Del universo total de empresas con titularidad femenina, solo una de cada cinco le vendió al Estado. En el caso de empresas cuyo titular es un varón, el ratio pasa a ser una de cada tres.
A su vez, la participación femenina en la titularidad disminuye a medida que aumenta el tamaño de la empresa y, en términos generales, las empresas cuya titular es una mujer poseen menor cantidad de activos.

En cuanto al personal contratado, surge de la encuesta que solo la categoría "Administrativo" presenta una participación mayor de mujeres que de hombres. En la categoría "Socio o Director", la diferencia entre la participación de mujeres y hombres es de 26%.
En la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay (OMEU) ven con buenos ojos la propuesta. "La OMEU considera esta instancia como un factor motivacional altamente positivo para el emprendedurismo femenino", dijo a El Observador la directora ejecutiva de la organización, Andrea Bellolio.


Desarrollo con compras estatales

El 4 de agosto, durante el Consejo Nacional de Género, el director de la OPP, Álvaro García anunció el proyecto de ley y dijo que su elaboración lleva casi dos años. En esa instancia, García afirmó que "las compras públicas han evolucionado hasta llegar a ser entendidas como una herramienta de desarrollo que permite incorporar a sectores vulnerables de la sociedad", según recoge el portal de Presidencia.


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