"Sendic mintió ante la Jutep. Veremos qué dice ahora la Justicia"

El poder a veces marea", repite el vicepresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, Daniel Borrelli. Este exjuez, exfiscal y exdirigente del Partido Colorado, ocupó diversos cargos en el Ministerio del Interior durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, y llegó a la subsecretaria de esa cartera en 1999, durante la administración de Jorge Batlle, para asumir como titular en el 2004, cuando Guillermo Stirling dejó el ministerio para ser candidato en las elecciones nacionales de ese año.

Luego, Borrelli fue designado por el presidente Tabaré Vázquez como titular de la fiscalía de gobierno, cargo en el que se mantuvo hasta que a principios de 2017 asumió como vicepresidente de la Jutep.

Junto al presidente de la institución, Ricardo Gil, y la vocal, Matilde Rodríguez, lideran un organismo que tomó notoriedad a partir de la investigación sobre el entonces vicepresidente de la República y expresidente de ANCAP, Raúl Sendic, por el uso de tarjetas corporativas del ente petrolero. Ahora también analizan una denuncia contra el intendente nacionalista de Soriano, Agustín Bascou, a quien se lo acusa de haberse beneficiado de la venta de combustibles a la comuna.

"Por suerte, logré que el poder no me dominara, sigo siendo el mismo muchacho que se crió en el barrio del Cerro de la ciudad de Salto", aseguró.

En 2004, a través de dos amigos que tengo en común con Vázquez, (el hoy secretario de Presidencia) Miguel Ángel Toma y Juan Salgado (presidente de Cutcsa), me propusieron que le diera una mano al nuevo gobierno en materia de seguridad. Querían que aplicara la experiencia que tuve como subsecretario del Ministerio del Interior junto con el entonces ministro, Guillermo Stirling, que con pocos recursos pudimos tener buenos resultados. Después, las cosas tomaron otro rumbo, Bonomi siguió en la secretaria y eso no se concretó. Ahí el presidente entendió que era más útil en la Fiscalía de gobierno, donde entre otras actividades se estudiaba la conducta de los funcionarios para aplicar acciones disciplinarias y se asesoraba en algunas acciones de gobierno. Después me propusieron entrar en la Jutep, dada la experiencia que yo tenía.

Con el doctor Batlle éramos muy amigos, teníamos una buena amistad. De hecho, cuando terminó el gobierno seguimos visitándonos y conversando. Pero acepté darle una mano al gobierno de Vázquez y eso le molestó mucho. Voy a quedar siempre con ese dolor en la vida de no poder reconciliarme con él antes de que falleciera. No acepté porque lo despreciara a él, sino porque pensé que podría servir a la sociedad desde ese lugar.

Algo que siempre me había preocupado era la corrupción y la transparencia de las acciones del Estado. Basta con ver el impacto que han tenido en los últimos años los casos de corrupción en América Latina, donde Uruguay está muy bien posicionado siendo el menos corrupto del continente y ubicado en el lugar 21 a nivel mundial.

Creo firmemente que la corrupción en Uruguay es baja. La clase política uruguaya tuvo una tradición de baja corrupción y eso se mantiene. Además se investigan los casos, y hay un Poder Judicial independiente que de por sí tiene niveles muy bajos de corrupción. Además, cuando uno tiene una clase política chica, donde se conocen todos, creo que es mucho más difícil que haya el mismo nivel de corrupción de países muy grandes. De hecho, los países que a veces tienen menos corrupción como Islandia, Dinamarca y Suecia son chicos. En los países grandes es mucho más difícil combatir la corrupción.

Controles tenemos. Creo que ellos tienen una mentalidad de honestidad diferente. En esos países los ciudadanos cumplen estrictamente las normas.

Con educación y más educación. Hay que influir sobre los niños en la familia, en la escuela y en el liceo. Hay que hablar de corrupción. Estos temas no están en los programas educativos y no debemos olvidar que para que haya corrupción se necesita que bailen dos.

Llama mucho la atención, más viniendo de Transparencia Internacional que es una de las organizaciones más serias del mundo en la materia. Llama poderosamente la atención. Tenemos que analizarlo antes de sacar una conclusión, aunque parece insólito que tengamos el doble de cohecho que Brasil.

La gente está más sensible respecto a este tema, y eso a la larga sirve, porque todo lo que impulse la honestidad de los políticos y de los funcionarios públicos es fundamental para que este país pueda subir desde el lugar 21 en materia de combate a la corrupción a nivel internacional en el que está hoy.

La Jutep tiene la gran responsabilidad de empujar esto y hacer que la gente se acostumbre a que cuando entra en un cargo publico no entra para conseguir ventaja, sino para trabajar por el Estado. No hay que olvidar que se le da mucha importancia a la percepción de corrupción a la hora de invertir. UPM podría poner su planta en Brasil o Argentina, pero vino acá porque Uruguay le inspira confianza.

Sin embargo, una encuesta de Cifra publicada la pasada semana señala que la mitad de los uruguayos considera que la corrupción aumentó.

Es que se habla más del tema. A veces la Jutep actúa y descubre un caso de corrupción o lo condena con un dictamen, y eso va al exterior, y aunque pueda ser contradictorio decirlo, eso puede hacer mal. Y nos dicen "mirá, voltearon al vicepresidente", pero tenemos que hacerlo porque nos exigen que combatamos la corrupción. Y se combatió la corrupción.

Hay que tomar medidas. Desde la Jutep hemos tomado cartas en el asunto en varios aspectos, pero también hoy los partidos políticos denuncian, no hay complicidad, y la Justicia investiga.

Esta mayor preocupación por la ética de parte de los políticos no vino acompañada de un aumento de presupuesto para la JUTEP.

Pasó lo mismo con los otros organismos de contralor, como el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral. Hay una contradicción. Tanto se habla de ética pero no tenemos presupuesto suficiente. Por ejemplo, para marzo esperamos las declaraciones juradas de 50 mil policías y tenemos seis funcionarios para recibir y archivar esos documentos.

Actuamos ante un posible caso de corrupción que tomó estado público, nos manejamos con información oficial, enviamos un cuestionario, y nos reunimos con su abogado. Creo que le dimos garantías, y luego sacamos la conclusión que entendimos que era la más adecuada.

Es verdad, pero después se corrigió eso. Lo que pasa es que ANCAP no tenía muchos sistemas de control, no era que quisiera contestar mal. Nosotros le aconsejamos que mejorara eso, y ya se fortaleció la normativa.

Probablemente se aconseje trabajar para mejorar estos controles, aunque ya hay organismos que lo manejan bien. ¡Es tan fácil! Uno compra algo y está la boleta firmada. No hay un misterio y ahí ANCAP controla qué es lo legal y qué ilegal, cuál es una compra hecha en forma particular y cuál es institucional. Lo que los poseedores de las tarjetas deben entender es que esos plásticos son institucionales, no personales.

La prueba por escrito y lo que está en el expediente lo contradicen.

Por lo menos ante la Jutep no dijo la verdad. Dijo que había justificado y que había devuelto dinero cuando lo que devolvió no tenía relación con ninguna de sus compras. Mintió ante nosotros, veremos lo que dice la Justicia. Evidentemente que salió más contento con cómo lo había tratado la Justicia que la Jutep.

Sin embargo, nosotros podríamos haber armado aquí una teatralización llamándolo a declarar con prensa o constituyéndonos en el Palacio Legislativo. Pero respetamos sus fueros y (la declaración) fue por escrito. La Jutep dice que Sendic no pudo justificar 35 de las 46 compras sospechadas, y eso surge de la información oficial de ANCAP y de lo que declaró por escrito.

No lo expresó ante nosotros. Supongo que si se encontrara documentación la van a enviar.

Sí, incluso fue una de las primeras veces que la Jutep actuó de oficio. Nosotros tenemos muchos requerimientos de información de parte de juzgados que investigan casos de funcionarios públicos. No es fácil meterse con un vicepresidente.

No lo hemos analizado porque actualmente estamos con el caso Bascou. Hay que tener en cuenta que ALUR es una sociedad anónima comercial con capitales del Estado en la que participa ANCAP y Pdvsa. No es lo mismo que en el caso Sendic. De todas formas yo creo que aunque sea una empresa que se mueve en el derecho privado no está exenta de control estatal.

A veces la rapidez en las actividades y los negocios va en contra de los controles necesarios. A veces uno se queja de que en Uruguay hay muchos controles, pero esos controles evitan la corrupción. En todo caso en vez de tener menos controles deberíamos trabajar para que sean más ágiles.

La Jutep va a plantear que hay que investigar a los privados que contratan con el Estado. Por ejemplo, queremos que esas empresas nos entreguen declaraciones juradas. Eso va a provocar un gran rechazo, pero es lo más transparente que hay. Si no fíjese el caso Odebrecht, una sola empresa pudrió toda la obra pública de América Latina.

Lo que pasa es que no lo veían así, no le daban importancia. El poder a veces los marea. Creo que se está buscando corregir eso. A veces se aprueban leyes que no tienen una penalización, no tienen una obligación. Lo hacen como un mero sentido de buena voluntad. Toda ley penal debe tener su debida sanción, si no es una manifestación de voluntad del legislador. Si pasa a haber mayor control quizás deban hacer menos propaganda. Se van a tener que poner a hacer política acorde a un país pobre.

Por ahora lo estamos mirando. No hemos tomado ninguna acción hasta el momento y es difícil que lleguemos a hacerlo este año. Pero las noticias que recibimos son bastante preocupantes. El tema ASSE es muy grande, tenemos que mirarlo y empezar con un tema concreto. Por ejemplo, en Salto el director del hospital armó una cooperativa de ambulancias que después contrató y en un año gastó más de lo que Sendic lo hizo con su tarjeta corporativa.