Todos contra todos en la Justicia Penal

En los cuatro meses que lleva vigente el actual Código del Proceso Penal, hubo que hacer varios ajustes para mejorar el trabajo y la coordinación entre Fiscalía -que pasó a dirigir las investigaciones-, el Poder Judicial y el Ministerio del Interior. A modo de ejemplo, los fiscales modificaron su régimen de trabajo para reducir la carga de laboral, como lo exigía el gremio, y el Ministerio del Interior debió aclararle a la Policía -que estaba algo desorientada- sobre qué hechos debía dar cuenta a los fiscales de turno ya que llegaban a llamarlos con frecuencia por accidentes de tránsito sin heridos.

Sin embargo, estas mejoras se ven opacadas por enfrentamientos casi diarios las tres partes del sistema: Fiscalía, Justicia y Policía. Las autoridades de los tres organismos se echan culpas públicamente por errores que se cometen en la persecución penal de casos resonantes.

A raíz de esta situación el senador del Partido Independiente Pablo Mieres convocará al Parlamento a las autoridades de las tres instituciones porque según dijo, "se echan las culpas los unos a los otros" de los errores que surgen en las investigaciones, lo que "termina generando un clima muy malo, que solo empeora la situación de inseguridad que Uruguay está viviendo".

Como ha quedado claro en las últimas semanas, los tres organismos se pasan facturas. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi adjudicó el aumento de delitos a la visita anual de cárceles que hace la Suprema Corte, al tiempo que señaló que el juez penal Gonzalo Arsuaga liberó a un presunto homicida porque estaba "enojado". Por su parte, la fiscal del caso Kiki, Diana Salvo, apuntó a la ineficacia policial y desde el Ministerio del Interior le respondieron con acusaciones. En tanto, el Poder Judicial optó por responder tanto al Ministerio del Interior como a la Fiscalía en los a través de desmentidos y comunicados.

Mieres propondrá una mesa de trabajo para que los tres organismos coordinen mejor su trabajo.

El pasado 14 de enero la Policía seguía a un hombre que le había disparado a otro en su abdomen con una escopeta luego de una discusión. El prófugo logró refugiarse en una casa, por lo que la Policía debió solicitar al fiscal de turno (Gustavo Zubía) que tramitara una orden de allanamiento. Con el Código del Proceso Penal vigente desde el 1º de noviembre, son los fiscales quienes deben solicitar (y argumentar) ante un juez la necesidad de allanar una vivienda. Zubía dijo que el trámite se demoró dos horas y el delincuente se fugó.

El Poder Judicial respondió a través de un comunicado a los dichos de Zubía, alegando que se demoraron apenas 23 minutos en aprobar la solicitud. Sin embargo, Zubía explicó que la demora no estuvo en el trámite, sino en el armado del formulario, así como la necesidad de presentarlo físicamente en el juzgado porque el sistema informático que conecta la Fiscalía con el Poder Judicial estaba fallando. Antes del nuevo Código, los jueces aprobaban un allanamiento por teléfono en comunicación con la Policía.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo en una entrevista que concedió al semanario Búsqueda, que a setiembre de 2017 se había registrado una baja del 13,5% en las denuncias de rapiñas con respecto a 2015 (cuando se prometió bajar en 30% al final del período la rapiña). Agregó que a partir de octubre, cuando se produce una visita de cárceles de la Suprema Corte de Justicia (que puede liberar presos por gracia) y cuando entró en marcha el nuevo código del proceso, los delitos "empezaron a crecer".

Los dichos de Bonomi molestaron a la Fiscalía y a la Suprema Corte de Justicia (SCJ). El fiscal de Corte, Jorge Díaz, señaló que no se dispone aún de suficiente "evidencia empírica" para determinar un incremento del crimen. En tanto, la SCJ afirmó que el ministro "parte de una premisa infundada" al relacionar la visita de cárceles al aumento de delitos. "No se ha siquiera invocado una relación entre los sujetos liberados y los actuales protagonistas de los hechos delictivos", dijo la SCJ en un comunicado.

Este cruce de acusaciones, sobre todo entre el Poder Judicial y el Ministerio del Interior, abrió un frente entre ambos organismos que no han logrado saldar sus diferencias. Desde el Ministerio del Interior se ha insistido en señalar las faltas de fiscales y jueces. El asesor de Bonomi, el sociólogo Gustavo Leal, dijo en entrevista con El Observador el sábado pasado que desde que rige el nuevo código "hay un 57% menos de procesamientos". En el nuevo CPP no existen los procesamientos, sino las formalizaciones.

El 9 de diciembre Damián Pastorino (alias Kiki) mató a su pareja de varios disparos. El caso quedó en manos de la fiscal de violencia doméstica Diana Salvo. Tras dos meses de allanamientos infructuosos, el 16 de febrero la fiscal se comunicó con el fiscal adjunto de Corte, Ariel Cancela, para manifestarle la necesidad de cambiar la estrategia en la investigación policial. Un día después el Kiki mató a la cajera e hirió al guardia de seguridad del supermercado Super Vero durante una rapiña.

La fiscal dijo que pretendía que hubiera mayor apoyo de parte de otras unidades. De hecho, cuando eso ocurrió -tras matar a la cajera del supermercado y herir de bala al guardia de seguridad- pudo ser capturado en tres días. Desde la Policía trascendió que los efectivos le solicitaron a la fiscal órdenes de allanamiento para dar con el delincuente pero ella estaba de vacaciones. Además, el Poder Judicial a través de un comunicado salió a aclarar que las órdenes de allanamiento no fueron tramitadas como urgentes.

El 30 de diciembre un delincuente asesinó a un policía durante una rapiña en un supermercado del Cordón. Según el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, el juez del caso Gonzalo Arzuaga lo liberó cuando fue detenido -a fines de enero- porque se "enojó" al no disponer de tiempo suficiente para abordar el caso. "Lo agarró una fiscal que ya tenía seis casos, y cuando lo mandó a la Justicia, (lo hace) media hora antes de que se venciera el plazo para soltarlo", dijo el ministro.

Según la versión de Arsuaga, de la que informó el Poder Judicial a través de su sitio web, minutos antes de que venciera el plazo constitucional de 24 horas por el cual una persona puede estar detenida sin que un juez decrete prisión, la fiscal adjunta entregó la solicitud de prórroga (por otras 24 horas) con el objetivo de extender ese plazo "sin advertir de la inminencia del vencimiento". Cuando se realizó la audiencia el plazo había vencido, por lo que Arsuaga debió liberarlo. Lo citó para una audiencia horas más tarde.

La audiencia se realizó a las 19:10 pero el presunto homicida se había fugado. Hasta ahora no pudo ser detenido por la Justicia.