<b>La comisión investigadora de ASSE sigue trabajando</b>

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Una carta que Muñiz no recuerda pero que tiene más de un testigo

Otro usuario dijo que le entregaron en mano denuncias sobre ASSE
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07 de noviembre de 2017 a las 05:00

William García, integrante del movimiento La salud para todos (integrado por usuarios de ASSE), confirmó este lunes que en junio de 2013 le fue entregada en mano propia una carta con denuncias de las irregularidades en el hospital de Bella Unión tanto a la actual presidenta de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Susana Muñiz, como a Beatriz Silva, que se desempeñaba en esa fecha como presidenta del organismo.

Estas declaraciones se dieron en el marco de la comisión investigadora de Diputados que indaga presuntas irregularidades en el organismo.

Este lunes también compareció en la comisión Carla Parra, hija de Sandra Trindade, que trabajó como enfermera de traslados en el hospital de Bella Unión hasta que en junio de 2016 sufrió un accidente cerebrovascular. Trindade, además, estaba casada con Carlos Manassi, que fue despedido del hospital en 2013.

Parra indicó que no existe ningún tipo de control en la farmacia del hospital. La funcionaria hace meses que no trabaja, a pesar de que "cuenta con títulos de auxiliar de enfermería, paramédica y auxiliar de farmacia". Aunque la joven ya se presentó a cinco concursos, siempre realiza suplencias de pocos días y aseguró que sufre de amedrentamiento, versión que también sostiene Ruben Bouvier, del movimiento La salud para todos.

"Hay dos funcionarios de la salud que tendrían que haber ido hoy (por este lunes) y no fueron porque tienen miedo (a la comisión). Las persecución en el hospital de Bella Unión sigue existiendo hasta hoy. Y Carla Parra es una de las perseguidas", declaró Bouvier a El Observador.

La carta de Daniel Manassi

Cuando Muñiz compareció ante la comisión el 19 de octubre, dijo no recordar haber recibido denuncias en 2013, cuando ocupaba el cargo de ministra de Salud Pública. El médico Carlos Daniel Manassi –que falleció en 2016 a raíz de un infarto– denunció que la empresa Siemm utilizaba "los insumos y los medicamentos del hospital".

Manassi también señaló que el entonces director del hospital de Bella Unión, Marcos García, era uno de los dueños de la emergencia móvil, por lo que había conflicto de intereses. "La contadora del hospital es la contadora de Siemm; el jefe de choferes del hospital es el jefe de choferes de Siemm; y la jefa de personal del hospital es la jefa de personal de Siemm", escribió.

Luego de que el médico redactara las irregularidades, le entregó el texto escrito a Bouvier, entonces presidente del movimiento de usuarios La salud para todos. Cuando Muñiz era ministra, recibió en su despacho a Bouvier y a cuatro integrantes de la agrupación. "Le entregamos la carta y le contamos las irregularidades que el doctor Manassi denunciaba", dijo Bouvier en octubre.

Si bien Muñiz no leyó el texto en ese momento, el grupo de usuarios le resumió lo que el médico había escrito y le pidió su opinión sobre las presuntas irregularidades que se narraban. Según Bouvier, la entonces ministra se limitó a decir que había "muchas denuncias en la vuelta", pero pocas de ellas podían ser comprobadas.

Antes de irse, los usuarios le dejaron a Muñiz un último documento. En este caso, una madre denunciaba que los médicos de la empresa Siemm le habían prescripto fármacos a su hijo en una receta de la farmacia del hospital. "Me explicaron que Siemm y el hospital eran la misma cosa", afirmaba la mujer en la carta que le dieron a Muñiz.
Acusan al diputado Luis Gallo

El ambiente de la comisión tuvo su momento caldeado cuando el integrante del movimiento La salud para todos, Ruben Bouvier, acusó al diputado frenteamplista Luis Gallo -que fuera presidente de la Junta Nacional de Salud- por la designación de un militante del Partido Comunista como miembro de la Junta Departamental de Salud de Montevideo. Según contó Bouvier, esa persona lo había amenazado minutos antes de entrar a la reunión. Bouvier realizó la denuncia policial en ese momento. Posteriormente, la Junta Nacional de Salud resolvió dejar sin efecto la designación.

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