Dos meses y medio después del inicio del blanqueo de capitales, el gobierno argentino ha comenzado a recibir información crucial sobre las cuentas bancarias de ciudadanos argentinos en Estados Unidos. Este intercambio de datos, clave para detectar evasión fiscal, se realizó en el marco de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA, por sus siglas en inglés), un acuerdo que se negoció inicialmente bajo la administración de Mauricio Macri, fue cerrado durante el mandato de Alberto Fernández y se implementa ahora bajo la presidencia de Javier Milei.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), bajo la dirección de Florencia Misrahi, ha recibido detalles sobre los titulares de cuentas bancarias de argentinos en Estados Unidos, las instituciones financieras involucradas y los ingresos generados por estas cuentas hasta el 31 de diciembre pasado. Estos ingresos incluyen intereses, dividendos y otras fuentes de rentas obtenidas por residentes argentinos. El objetivo es que esta información sirva para regularizar los activos no declarados mediante el blanqueo de capitales, que se prorrogó hasta el 31 de octubre.
El blanqueo actual es la sexta iniciativa de este tipo en Argentina desde la década de los 80. En palabras de Misrahi, esta sería "la última oportunidad hasta 2038 para que quienes tengan bienes ocultos los exterioricen". La funcionaria ha subrayado la importancia de FATCA para detectar activos no declarados y encontrar a los beneficiarios finales de cuentas en jurisdicciones que tradicionalmente han servido para ocultar patrimonios. Además de Estados Unidos, Argentina ha establecido acuerdos con 29 países bajo la vigilancia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y con otras 146 jurisdicciones mediante convenios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
FATCA: el acceso a información bancaria de argentinos en Estados Unidos
El acuerdo FATCA, firmado en diciembre de 2022, es una herramienta crucial en la lucha contra la evasión fiscal internacional. Sin embargo, la información proporcionada por Estados Unidos es más limitada que la que Argentina obtiene a través de acuerdos con otros países. Estados Unidos informa sobre los titulares de cuentas bancarias, pero no sobre los beneficiarios finales, lo que significa que muchos argentinos que operan a través de estructuras societarias en paraísos fiscales, como las Islas Vírgenes Británicas, pueden seguir fuera del radar de la AFIP.
Además, el acuerdo FATCA sólo proporciona datos sobre los ingresos generados en Estados Unidos, como intereses y dividendos, pero no sobre el saldo total o los movimientos de las cuentas. En este sentido, la renta reportada debe superar los US$10 en el territorio estadounidense para que la cuenta sea registrada. No se incluyen ingresos generados fuera de Estados Unidos, como en Europa o Asia, lo que limita el alcance del acuerdo en comparación con los convenios de intercambio de información automática establecidos con otros 107 países bajo los lineamientos de la OCDE.
A pesar de estas limitaciones, el gobierno argentino confía en que FATCA jugará un papel importante en la detección de evasión fiscal y en la regularización de activos ocultos. En esta línea, el socio de Impuestos de KPMG Argentina, Gonzalo Brest, destacó que "el FATCA podrá revelar datos importantes sobre activos a exteriorizar, lo que permitirá al gobierno notificar a los contribuyentes que no han declarado sus bienes e invitarlos a blanquear".
Blanqueo de capitales: expectativas y comparación con iniciativas previas
El último blanqueo de capitales en Argentina, impulsado por Mauricio Macri en 2016, logró la regularización de US$116.000 millones, de los cuales US$7.700 millones fueron depósitos que ingresaron al sistema financiero. En aquella ocasión, el 30% de los activos declarados se encontraban en Estados Unidos y el 26% en Suiza. En cuanto a los fondos en cuentas bancarias, el 45% estaban en Estados Unidos, el 32% en Suiza y el 9% en Uruguay.
A diferencia del blanqueo de 2016, que estuvo orientado a grandes fortunas, el actual programa de regularización de activos busca atraer a un sector más amplio de la población, especialmente a la clase media. Según estimaciones del gobierno, el nuevo blanqueo podría permitir la regularización de entre US$30.000 millones y US$40.000 millones en activos no declarados, muchos de los cuales estarían en efectivo o guardados fuera del sistema financiero formal.
Una de las principales diferencias con el blanqueo anterior es que, en esta ocasión, los contribuyentes pueden regularizar hasta US$100.000 sin pagar multas ni sanciones, lo que ha sido interpretado como una medida para incentivar la participación de personas que mantienen sus ahorros en dólares fuera del sistema bancario. Sin embargo, los contribuyentes que posean activos en el exterior por montos superiores a esa cifra deberán abonar una penalidad para regularizarlos.
A medida que la AFIP recibe y analiza la información proveniente de Estados Unidos, el organismo está llevando a cabo inspecciones y enviando notificaciones a los contribuyentes que tienen deudas o irregularidades fiscales. Además, se están utilizando cruces de datos obtenidos a través del intercambio automático de información con otros países para detectar bienes no declarados, como inmuebles y ventas omitidas.
La administración tributaria también ha puesto especial atención en los contribuyentes que presentan inconsistencias en sus declaraciones, como aquellos cuyas cuentas superan su capacidad contributiva, en especial en el marco del Monotributo.
