El Gobierno presentó este jueves el proyecto de Ley de Principio de Inocencia Fiscal, cuyo principal objetivo es reformar el sistema tributario argentino. La iniciativa se orienta a regularizar los ahorros no declarados de los ciudadanos, popularmente conocidos como "dólares del colchón". El proyecto, que ahora debe ser tratado en el Congreso, implica una modificación significativa en la forma en que el fisco controla a los contribuyentes y una reducción de los plazos para la prescripción de delitos tributarios. La medida busca fomentar el uso de los ahorros fuera del sistema formal, permitiendo que las personas puedan regularizar sus patrimonios sin enfrentarse a sanciones penales.
El titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, presentó el proyecto en conferencia de prensa junto al diputado José Luis Espert. El ministro de Economía, Luis Caputo, también estuvo presente. Pazo subrayó que la ley será clave para abandonar el "régimen persecutorio" en el que, según él, la AFIP (hoy ARCA) presuponía que todos los contribuyentes eran culpables. "Con esta ley, se acabó la persecución. Ningún argentino de bien será perseguido por el fisco", afirmó Pazo.
Cambios en el régimen tributario
El proyecto de ley introduce dos elementos clave: un cambio de paradigma en el régimen general de fiscalización y un blindaje para el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias. Según Pazo, la ley establece nuevos umbrales para que el Estado no investigue a los contribuyentes por evasión, elevando significativamente el monto a partir del cual se considera que una persona está evadiendo impuestos. "Hasta ahora, en Argentina te podían investigar por evasión simple si tenías una diferencia de $1,5 millones en tu declaración. Ahora, esos umbrales aumentan considerablemente", explicó Pazo.
Este ajuste en los umbrales, que busca evitar que personas de clase media o pequeñas empresas sean investigadas por cuestiones fiscales menores, tiene como resultado que de las 7.500 causas abiertas actualmente en el fuero penal tributario, solo quedarán en curso alrededor de 200. Este cambio implica un desarme de las causas abiertas por delitos fiscales en el país, lo que responde a una crítica histórica sobre el carácter excesivo de las investigaciones fiscales en Argentina.
Otra de las modificaciones más significativas del proyecto es la reducción del plazo de prescripción para la determinación tributaria, que se acorta de cinco a tres años. Este ajuste se aplica siempre que las personas o empresas hayan presentado su declaración jurada en tiempo y forma. "Con el nuevo criterio, los problemas impositivos se resuelven pagando", detalló Pazo, destacando que quienes se acojan a este régimen podrán normalizar su situación fiscal sin enfrentar cargos penales.
Blindaje para el régimen simplificado de Ganancias
La segunda parte del proyecto de ley se refiere al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias, que se presenta como una opción para aquellos contribuyentes que deseen regularizar su situación sin tener que pagar impuestos sobre el aumento patrimonial. En este esquema, las personas que se adhieran podrán regularizar su situación pagando Ganancias solo por lo que facturaron durante el periodo fiscal correspondiente, sin importar cuánto haya aumentado su patrimonio.
"Si una persona compra cinco departamentos, el fisco solo le cobrará Ganancias por lo que haya facturado, menos los consumos deducibles", explicó Pazo, ejemplificando el nuevo enfoque. Esto permitiría a los contribuyentes evitar tener que justificar aumentos patrimoniales y, en cambio, pagar solo sobre la base de sus ingresos reales.
Además, la ley establece que, "con esta normativa, ningún gobierno futuro podrá perseguir a los contribuyentes por su situación patrimonial pasada", garantizando que ningún cambio de administración podrá utilizar el patrimonio acumulado como base para nuevas investigaciones o acusaciones.
Este enfoque busca garantizar a los ciudadanos que, al adherir al régimen simplificado, podrán regularizar sus ahorros sin el riesgo de ser perseguidos por la justicia fiscal. En palabras de Pazo: "Es sencillo, te adherís, pagás y te despreocupás. No te va a buscar nadie por los ahorros que ganaste, porque son solo tuyos".
Reacciones políticas
El proyecto fue presentado en un clima político tenso, con José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, emitiendo una fuerte crítica hacia aquellos gobernadores que aún no han adherido al régimen. En particular, Espert apuntó contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al que calificó de "soviético" por no haber respaldado la iniciativa. "Este mensaje también va para los gobernadores que no adhirieron", afirmó Espert, mencionando a Kicillof como uno de los mayores opositores. Aseguró que el "soviético de Kicillof" y otros gobernadores estaban poniendo en riesgo la normalización de los ahorros de los argentinos.
Además, Espert instó a los diputados y senadores a que voten a favor del proyecto, argumentando que los legisladores tienen una "decisión histórica" que afecta a los ahorros de los ciudadanos. "Los diputados y senadores tienen que elegir entre acompañar el proyecto y que los argentinos sean libres, o oponerse y condenar a los argentinos a esconder sus ahorros bienhabidos", subrayó Espert.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también se refirió a la medida, señalando que el proyecto de ley fue firmado por él y por el presidente Javier Milei la noche anterior a su presentación pública y que ya fue enviado al Congreso para su tratamiento.
