El dato político es nítido: el PRO decidió retirarse completamente del control electoral en el distrito y dio de baja a casi mil fiscales propios. Fue un golpe seco a la pretensión de coordinación que venía ensayando el oficialismo y expuso, a cielo abierto, la disputa por el mando y por la caja operativa en el municipio más grande del país. En la práctica, la decisión deja a LLA frente a un desafío inmediato: recomponer un esquema de cobertura que, sin aliados, luce frágil.
La Libertad Avanza se quedó sin el apoyo del PRO en La Matanza
En el centro de la tormenta aparece Ontiveros, coordinador libertario en La Matanza. Empresarios que financian el despliegue hablan de “alerta roja” y describen un esquema que, a su juicio, combina improvisación, desplazamientos arbitrarios y una administración opaca de los recursos.
La herida más reciente fue el rechazo a los 1.000 fiscales que ofreció Alejandro Finocchiaro, un refuerzo que en cualquier campaña normal se celebraría. Según distintas fuentes, Ontiveros no quiso incorporarlos. La decisión detonó tensiones preexistentes con dirigentes cercanos a Patricia Bullrich y terminó de quebrar los puentes con el PRO local.
En paralelo, el desplazamiento de Leila Gianni y de otros referentes bullrichistas consolidó la sensación de que, lejos de ordenar, el comando matancero multiplica frentes y agrega incertidumbre donde debería haber manual de procedimientos.
LLA MILEI LA MATANZA
El PRO se retiró de la fiscalización en La Matanza por el malestar con las formas de La Libertad Avanza.
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El antecedente del 7 de septiembre persiste como fantasma. Aquella jornada, coinciden en ambas orillas, faltaron fiscales en decenas de escuelas, colapsaron puntos logísticos y parte del operativo se desarmó hacia la tarde. Hubo relevos postergados, viáticos que no llegaron a tiempo y errores en la confección y carga de actas. Nadie quiere repetir ese cuadro a días de la elección general del 26 de octubre, cuando la exigencia de cobertura será mayor y el margen de error, mínimo.
La discusión por los fondos es, además, el corazón del conflicto. En el PRO describen “manejos poco claros” en la rendición, con demoras en pagos, proveedores que no cobran y un circuito de decisiones que “nadie termina de entender”. Del lado libertario responden que hay “operaciones” y que la prioridad fue “blindar el territorio” ante presiones externas. Entre acusaciones cruzadas, lo concreto es que los aportantes ya condicionan futuros desembolsos a un giro inmediato en la conducción del operativo.
Luis Ontiveros
El PRO se retiró de la fiscalización en La Matanza por el malestar con las formas de La Libertad Avanza.
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El pasado político de Ontiveros tampoco colabora: junto a su esposa, transitó desde sectores residuales del peronismo hasta el radicalismo y el extinto Juntos por el Cambio antes de recalar en LLA. Ese zigzag alimenta sospechas dentro de la tropa que hoy le discute autoridad y método. “Desconoce a sus propios mandos, incluso a Sebastián Pareja”, señalan voces del armado bonaerense. Cerca de Pareja, aclaran que rechazan de plano la situación y empujan una corrección urgente del esquema: reglas claras, auditoría exprés y control político sobre la caja.
El retiro del PRO altera la aritmética fina del día D. La Matanza requiere un ejército de fiscales de mesa y generales, abogados y responsables de logística para cubrir un padrón monumental. Sin la pata amarilla, LLA queda obligada a reprogramar turnos, redibujar radios, cerrar huecos críticos en González Catán, Laferrere, San Justo y Rafael Castillo, y garantizar transporte, alimentos y reposición para una jornada extensa. La ingeniería electoral no perdona agujeros: donde no hay fiscal propio, manda la incertidumbre.
En el oficialismo libertario aseguran que activaron un “plan B”: reclutamiento acelerado, cruce de padrones internos, un call center para confirmar presencia en tres franjas horarias y un esquema de incentivos que prioriza apertura, mediodía y cierre. El problema es el tiempo: la desconfianza política erosiona la motivación de la tropa y la calle se llena de rumores. Cada boleta mal contada, cada acta mal confeccionada y cada mesa sin testigo es un lujo que el espacio no puede darse en el conurbano.
La otra variable, sensible, es la caja. Viáticos, combustible, agua, papel, movilidad y alimentación cuestan en una elección de alta escala. Si los aportantes se ponen en modo “esperar y ver”, el comando se queda sin oxígeno para aceitar una maquinaria que precisa flujo constante. Por eso, cerca de Pareja piden una auditoría inmediata de las rendiciones, un tablero único de gastos y una mesa política chica que cierre un protocolo básico: quién decide, cómo se paga y qué se prioriza en cada franja.
¿Qué viene ahora? En el PRO, la decisión de bajarse busca también enviar un mensaje disciplinador: sin reglas claras, no hay confluencia. En LLA leen el movimiento como una presión para desplazar a Ontiveros o, al menos, encorsetarlo en un “comando unificado” con supervisión externa. En paralelo, crecen las voces que reclaman designar un interventor operativo por quince días, concentrar la logística en dos hubs, profesionalizar la carga de actas y aceptar refuerzos “sin mirar camisetas”.
La Matanza es símbolo y termómetro. Un mal desempeño en ese distrito se amplifica hacia todo el conurbano y alimenta el relato de fragilidad organizativa que la oposición intenta instalar. Por eso, más que una interna doméstica, lo que está en juego es la capacidad del oficialismo de convertir votos en bancas sin que se pierda nada en el camino. La conclusión que repiten en la trinchera es brutal: o corrigen en 72 horas o repiten septiembre. Y en una elección pareja, una mesa sin fiscal vale más que mil discursos.
