25 de febrero 2026 - 7:26hs

Milei, en el primer encuentro de Gabinete del año, les pidió a sus ministros que armen diez iniciativas por cartera para engrosar el banco de proyectos que administra la mesa política de La Libertad Avanza (LLA). En Balcarce 50 sostienen que la clave para 2026 es no ceder la centralidad: “Una ametralladora de proyectos”, definió un integrante de la cúpula libertaria, con la idea de disparar reformas aun sin certeza de sanción.

El Gobierno ya definió las dos reformas para empezar en el Congreso en marzo

Ese razonamiento se apoya en dos premisas. La primera es que el Gobierno entiende que la oposición todavía no encontró cómo pararse frente a un Milei que abre discusiones en distintos ámbitos y fuerza a los bloques a reaccionar en temas simultáneos. La segunda es que en LLA ya miran 2027 como un año de parálisis: elecciones provinciales y nacionales, negociaciones más empastadas y aliados que podrían transformarse en rivales. “Hay que hacer todo este año porque el que viene el Congreso va a estar prácticamente cerrado”, admiten en el gabinete.

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En ese marco, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adelantó que el Ejecutivo tiene unos 50 proyectos en carpeta para enviar al Parlamento. La mesa política definirá qué iniciativa conviene empujar según el contexto y recién después sondeará a los aliados para medir factibilidad. Si los números no aparecen, en la Casa Rosada evalúan si igual vale avanzar para instalar el tema y sostener el control del debate público.

Mesa politica LLA
El Gobierno ya definió los dos primeros proyectos para iniciar la hiperactiviad de reformas en el Congreso.

El Gobierno ya definió los dos primeros proyectos para iniciar la hiperactiviad de reformas en el Congreso.

Los pedidos de La Libertad Avanza en el Congreso

La reforma de la ley de glaciares aparece entre las primeras. La iniciativa, que el Senado podría debatir este jueves 26 de febrero, está atravesada por un pedido concreto de gobernadores de provincias mineras de la zona cordillerana: acelerar inversiones y explotación de minerales, con cambios regulatorios que, aseguran, destraben proyectos. El texto apunta a redefinir el alcance de la protección sobre el ambiente periglaciar y los criterios de intervención permitida, un punto que ya activó objeciones ambientales y de sectores científicos.

En paralelo, la Casa Rosada prepara un nuevo intento de normalizar el financiamiento universitario después de dos años de conflicto sostenido. El secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, llevan semanas de conversaciones con rectores y autoridades para elaborar una normativa alternativa.

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El Gobierno ya definió los dos primeros proyectos para iniciar la hiperactiviad de reformas en el Congreso.

El Gobierno ya definió los dos primeros proyectos para iniciar la hiperactiviad de reformas en el Congreso.

¿El fin del conflicto por el financiamiento universitario?

El conflicto universitario se profundizó durante 2024, cuando Milei vetó la ley de financiamiento universitario tras la masiva marcha federal de octubre. La tensión volvió a escalar en 2025: el Presidente vetó nuevamente un proyecto (publicado en el Boletín Oficial) y, en septiembre, el Congreso rechazó el veto y el debate se mezcló con una nueva movilización federal y paros. En el oficialismo repiten que los mecanismos de actualización automática chocan con el objetivo de sostener el superávit fiscal; en las universidades responden que, sin previsibilidad, el funcionamiento queda atado a decisiones discrecionales del Ejecutivo.

La secuencia que ensaya el Gobierno para las próximas semanas busca ordenar ese menú: proyectos con chances de aprobación inmediata, iniciativas que requieren negociación larga y otras que funcionarán como bandera política para acumular identidad rumbo a 2027. Por eso, mientras Milei ordena a los ministerios que “produzcan” propuestas, la decisión final seguirá concentrada en la mesa política, que seleccionará el próximo disparo según el clima de la calle, el termómetro de los gobernadores y el conteo fino de votos en ambas cámaras antes de mandar cada texto.

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