En la agenda postelectoral del Gobierno aparece, por ahora de forma marginal, un cambio rotundo en el universo de la asistencia social que maneja Sandra Pettovello desde el Ministerio de Capital Humano. La profundidad de la modificación y la fecha en que entrará en vigencia está por verse. Sin embargo, desde el Ejecutivo dejaron en claro que buscarán reemplazar las transferencias directas de dinero a los movimientos sociales por un sistema de cupones o vouchers de capacitación.
El plan establece que los beneficiarios canjean los vouchers por cursos y entrenamientos laborales. La propuesta se articula desde el Ministerio de Capital Humano, que negocia acuerdos con empresas, organizaciones productivas y centros de formación técnica. Fuentes cercanas a la ministra explican que trabajan en un sistema para que la gente se capacite en trabajos útiles para cada región del país.
El solo anuncio puso en alerta a los movimientos sociales que, independientemente de esta decisión, ya plantean una gran protesta que se llevará a cabo en el mes de diciembre y que se extenderá en todos y cada uno de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires.
En ese marco, y según pudo saber El Observador por fuentes del Ministerio de Capital Humano, el proyecto aún es embrionario. El foco está puesto en abril. Y la idea que sobrevuela todo está construido en espejo a lo que fue el “plan empalme” que se llevó a cabo durante el gobierno de Cambiemos. Aquella política buscaba la inserción laboral a partir de la cooperación público-privada. Sus resultados fueron más que modestos.
Los movimientos sociales en alerta
Advertidos de la lógica, los movimientos sociales ya buscan en sus archivos la estadística que pone de manifiesto el fracaso de la iniciativa.
El esquema que se trabaja dentro del Ministerio de Capital Humano propone que el Estado aporte infraestructura y mantenimiento, mientras que las empresas privadas se hacen cargo de los contenidos y la formación práctica.
Los movimientos sociales no cierran la puerta a la discusión, pero quieren ser escuchados. Algo que por ahora no parece estar en la agenda del Gobierno. En ese sentido, los dirigentes le reconocen al Gobierno “la viveza de plantear la reforma laboral como una solución a la informalidad”, pero entiende que más allá de lo discursivo, las modificaciones planteadas por el Gobierno no van en ese sentido y piden una silla en la mesa de discusión.
La reforma, explican, va por un carril en donde se encuentra hoy la minoría de los trabajadores de la Argentina. Por eso reclaman espacio para dar a conocer una contrapuesta que permita el debate sobre una solución real a los sectores que lidian con la informalidad y que supera, solo en el trabajo en el espacio público, a los 800 mil trabajadores.
La letra chica de los vouchers
La medida de cambiar planes por capacitación, afecta específicamente a los actuales titulares de los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social. Estos programas reemplazaron al ex Potenciar Trabajo. El Gobierno estima que cerca de un millón de personas participa hoy en los programas sociales que experimentan el cambio.
El objetivo oficial busca reconvertir los programas asistenciales en herramientas de formación y empleabilidad. Funcionarios aseguran que el proyecto busca reducir la intermediación y vincular de forma más directa a los beneficiarios con empresas que realmente buscan trabajadores. El Gobierno sostiene que el esquema actual genera dependencia y no promueve la independencia económica. La meta pasa de programas de transferencias a programas de empleabilidad gradual.
