Luis Alberto “Chiche” Peluso, ex interventor del Instituto de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Daniel Scioli, vuelve a aparecer en el panorama político. Esta vez, su protagonismo no proviene de su paso por la función pública ni tampoco por ser un asiduo concurrente a los casinos de lujo de la costa uruguaya adonde se traslada utilizando aeronaves de una compañía de vuelos privados, sino de su rol como empresario en el sector de la limpieza. A través de su empresa Linser Sacis, Peluso ha visto un incremento notable en los contratos adjudicados por el Estado en 2024, duplicando los obtenidos en años anteriores y comenzando el 2025 con adjudicaciones millonarias, varias de ellas procedentes de dependencias vinculadas al actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli.
El 6 de febrero de este año marcó un punto clave para la empresa Linser. En esa jornada, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) otorgó cinco contratos a la firma de Peluso por un total de $17.827 millones. Estos contratos incluyen la limpieza de diversas sedes regionales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y otras regiones clave del país, lo que reafirma la tendencia creciente de la compañía en los últimos años. En total, en 2024 Linser se adjudicó 20 licitaciones, un número que supera ampliamente las 10 que obtuvo en 2023 y las 7 de 2022, según datos oficiales.
Los vínculos políticos y las licitaciones del pasado
El crecimiento de la empresa de Peluso en los últimos años ha generado interrogantes sobre los posibles vínculos políticos que mantienen su empresa con el actual Gobierno y su relación con el ex gobernador Scioli. A pesar de que en varias de las licitaciones Linser no presentó las ofertas más competitivas en términos de precio, la empresa de Peluso fue la adjudicataria. Las explicaciones oficiales han señalado que las propuestas ganadoras de Linser cumplían con “mejores características técnicas” que las de sus competidores, aunque esta justificación ha sido puesta en duda en varios sectores del ámbito político y empresarial.
De hecho, el exgobernador Daniel Scioli fue señalado en el pasado por la diputada Elisa Carrió, quien lo acusó de utilizar empresas como Linser para presuntamente financiar campañas electorales, calificando a Peluso como “recaudador” de su campaña presidencial de 2015. Sin embargo, desde el entorno de Scioli se ha desmentido cualquier vínculo ilícito, y fuentes cercanas a la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes aseguraron que no existe ninguna relación de favor con Peluso y que las adjudicaciones se hicieron en función de las características técnicas de las ofertas presentadas.
A pesar de los desmentidos, los registros oficiales muestran coincidencias que refuerzan la conexión entre Peluso y los círculos cercanos al exgobernador. Por ejemplo, la inmobiliaria Samarcom, una de las empresas de Peluso, compartió domicilio con Emprendimientos de Luján SA, una empresa presidida por Eladio González Rodríguez, padre de la nieta de Scioli.
El historial judicial de los Peluso
El ascenso de Luis Alberto Peluso en el sector público no es el único que involucra a la familia. Su hermano, Norberto Peluso, también está vinculado al rubro de la limpieza a través de su empresa Limpiolux, que hasta ha competido en licitaciones contra Linser. Sin embargo, en 2024, Limpiolux no tuvo el mismo éxito que Linser, obteniendo solo una licitación menor. De todas maneras, Norberto tiene la mira puesta en un contrato clave para la limpieza del Ministerio de Economía, dependiente de Luis Caputo.
La historia judicial de la familia Peluso ha sido compleja. En 2017, Cecilia Peluso, expresidenta de Limpiolux, fue procesada junto al entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, por presuntas maniobras de sobreprecios en contrataciones públicas. El caso involucra un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que alertó sobre un incremento significativo en el costo de los servicios de limpieza, a pesar de que el número de operarios y las horas de trabajo requeridas eran menores que en el contrato anterior. Según los informes judiciales, esta diferencia de precios podría haber representado un perjuicio económico para el Estado, lo que llevó al juez Sergio Torres a procesar a los implicados por negociaciones incompatibles y administración fraudulenta.
La causa, que fue elevada a juicio oral en 2019, aún no ha comenzado, a pesar de que ya han pasado seis años desde el procesamiento. Este atraso en el sistema procesal ha generado críticas tanto en el ámbito político como en el judicial, ya que aún no se ha podido establecer si hubo irregularidades en el manejo de los fondos públicos.
Por otro lado, la causa judicial que involucró a Luis Alberto Peluso por presunta corrupción en su paso por el Instituto de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires también quedó atrás. En 2009, Peluso dejó su cargo en medio de denuncias que señalaban la omisión de una propiedad en Miami en su declaración de impuestos y la posible operación de una mesa de dinero ilegal en el casino flotante de Puerto Madero. Sin embargo, la causa prescribió en 2017, según confirmaron fuentes judiciales, y no se avanzó más con la investigación.
