La administración Trump se amparó en la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a decenas de migrantes venezolanos a la cárcel de máxima seguridad de Nayib Bukele en El Salvador sin un debido proceso. Al invocar dicha legislación de 1798, el gobierno argumentó que se trataba de miembros de la banda criminal Tren de Aragua (TDA), pese a que la mayoría no tenía antecedentes, y que el grupo tenía vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro. Un memorando reveló ahora que las agencias de inteligencia no comparten esta última afirmación.
"Si bien el entorno permisivo de Venezuela permite operar al TDA, probablemente el régimen de Maduro no tiene una política de cooperación con TDA y no está dirigiendo el movimiento de TDA ni sus operaciones en los Estados Unidos", dice el memo del Consejo Nacional de Inteligencia, fechado el 7 de abril y dado a conocer el lunes por The New York Times.
Este documento coincide con los hallazgos iniciales de inteligencia reportados por el diario en marzo, que afirmaban que las agencias de espionaje estadounidenses no compartían la afirmación de Trump de que el gobierno de Venezuela estaba detrás de las acciones de la banda criminal en EEUU.
Las conclusiones de la comunidad de inteligencia
Al anunciar a mediados de marzo la invocación de la Ley de Enemigos de Extranjeros, utilizada normalmente en tiempos de guerra, el gobierno aseguró que los migrantes indocumentados deportados eran miembros del Tren de Aragua que "llevaban a cabo una guerra irregular" y que actuaban "bajo la dirección" del régimen de Maduro en Venezuela.
La valoración compartida por la comunidad de inteligencia, según el Times, fue que el gobierno de Venezuela y la banda eran adversarios, aunque algunos funcionarios venezolanos corruptos tuvieran vínculos con algunos miembros de la banda. También se dijo que la banda carecía de un mando y control centralizados y que estaba demasiado desorganizada para cumplir instrucciones.
El memo dado a conocer esta semana apunta además que las fuerzas de seguridad venezolanas detuvieron a miembros del Tren de Aragua y participaron "periódicamente en enfrentamientos armados con el TDA, con el resultado de la muerte de algunos miembros del TDA", lo que demuestra que el gobierno trata a la banda como una amenaza.
Y asegura que, aunque hay indicios de que algunos "funcionarios venezolanos de nivel medio y bajo probablemente se benefician de las actividades ilícitas de la TDA", la composición descentralizada de la banda haría "logísticamente difícil" que la organización en su conjunto actuara a instancias del gobierno.
La reacción del Departamento de Justicia
Tras la publicación del informe del Times en marzo y otro similar de The Washington Post un mes después, el Departamento de Justicia anunció una "investigación criminal relacionada con la filtración selectiva de información inexacta, pero clasificada, de la comunidad de inteligencia sobre el Tren de Aragua".
En ese momento, el departamento deploró "los intentos políticamente motivados del Estado en la sombra para socavar la agenda del presidente Trump mediante la filtración de información falsa", recogió la agencia AFP.
Donald Trump con Tulsi Gabbard en Wisconsin - Directora de inteligencia 2024 (Foto por AFP).avif
Tulsi Gabbard con Donald Trump
AFP
La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, dijo la semana pasada en el podcast de Megyn Kelly que la difusión de las conclusiones de las agencias de inteligencia estaba "siendo investigada".
Según la funcionaria, los que filtraron dicha información "omitieron de manera selectiva e intencionalmente lo más importante", que es que el FBI sí cree que el gobierno de Maduro estaba apoyando las actividades de la banda en Estados Unidos. Este dato sí fue consignado por ambos medios, que explicaron, sin embargo, que otras agencias no compartían esta evaluación.
La disputa con la justicia por las deportaciones a El Salvador
La administración Trump sostiene una disputa con la justicia por la utilización de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar en marzo a más de 200 migrantes a El Salvador. Abogados han denunciado que algunas de las identificaciones de los deportados se basaron en los tatuajes que llevaban. Sus familiares alegan su inocencia y consideran injusto su traslado a al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de Bukele.
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Protesta en Venezuela de familiares de migrantes deportados a El Salvador
AP
En medio de esa pelea, el juez Fernando Rodríguez, de Texas, dictaminó el jueves pasado que el uso por parte de la administración Trump de este poder, pensado para los tiempos de guerra, ha sido "ilegal" y se invocó indebidamente.
La decisión del juez se produce a raíz de una demanda presentada por los abogados de un centenar de venezolanos que se encuentran detenidos en Texas y que iban a ser deportados a El Salvador. Rodríguez indicó que la ley solo debe ser aplicada cuando EEUU hace frente a un "ataque organizado armado", y que este no es el caso.
Esta es la primera vez que un juez federal declara que el uso de esta ley es "ilegal". Previamente, otros tribunales habían dictaminado que el gobierno de Trump no puede usar la ley para deportar inmigrantes sin notificarles previamente su destino y darles la oportunidad de impugnar su deportación ante un juez.
Uno de los casos paradigmáticos de estas deportaciones es el del salvadoreño Kilmar Ábrego García, que contaba con una protección especial para vivir legalmente en Estados Unidos e igualmente fue enviado al Cecot. La Casa Blanca sostiene que el inmigrante era un pandillero y se niega a devolverlo a EEUU, pese a que la Corte Suprema dictaminó que debe "facilitar" su regreso.
