La oposición en la Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para el martes 8 de octubre al mediodía con un temario que representa un desafío frontal para el Gobierno nacional. Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre incorporaron como primer punto la reforma de la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia (DNU) y, como segundo ítem, el pedido de remoción de José Luis Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
El oficialismo activó un operativo político de máxima intensidad para evitar que la sesión alcance el quorum necesario. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto a funcionarios de primera línea de la Casa Rosada, reforzó en las últimas horas la presión sobre gobernadores y legisladores de la oposición dialoguista. La preocupación es mayúscula: la reforma de la ley de DNU ya tiene media sanción del Senado y, de ser convertida en ley, limitaría drásticamente el uso de una herramienta que el Gobierno considera crucial para su gestión.
La reforma propuesta eliminaría la denominada "sanción ficta", es decir, la convalidación automática de los DNU si el Congreso no se pronuncia. En su lugar, la iniciativa establece un plazo de 90 días corridos para que ambas cámaras ratifiquen un decreto; si no lo hacen en ese período, queda derogado automáticamente. Además, bastará con que una sola cámara lo rechace para dejarlo sin efecto, mientras que la norma actual exige el rechazo de ambas cámaras.
Si bien el presidente Javier Milei tiene la facultad de vetar la reforma en caso de ser sancionada, el oficialismo teme que la aprobación de este proyecto tenga efectos políticos corrosivos en un momento de extrema fragilidad para el Gobierno.
El otro punto explosivo del temario es el pedido de remoción de Espert, primer candidato libertario a diputado nacional por Buenos Aires, de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El argumento esgrimido por la oposición es el "incumplimiento de funciones", aunque también circulan referencias a sus presuntos vínculos con el empresario Fred Machado, señalado por actividades ilícitas.
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Interpelaciones y cuestionamientos
El temario incorpora una serie de emplazamientos para acelerar la discusión en comisión sobre pedidos de interpelación a figuras centrales del Gobierno. Entre ellos se encuentran el ministro de Economía, Luis Caputo, por las negociaciones de financiamiento externo; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el marco de una moción de censura; y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por los audios vinculados a supuestas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Estos audios, filtrados recientemente, mencionan presuntos pagos irregulares en la ANDIS según declaraciones del extitular de dicha agencia, Diego Spagnuolo. La interpelación al ministro de Salud, Mario Lugones, también figura en la agenda por el mismo motivo.
La sesión incluye además el tratamiento del Presupuesto 2026, aunque no como debate de fondo sino como emplazamiento para acelerar su discusión en comisión. También se abordará la designación del Defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, un cargo que permanece vacante.
El anzuelo para los gobernadores
Conscientes de que los proyectos más conflictivos no garantizarían por sí solos el quorum en el recinto, los bloques opositores incorporaron como último punto del temario una iniciativa especialmente atractiva para los gobernadores: el proyecto que establece un nuevo esquema para el reparto de la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos (ICL).
Esta iniciativa, que también tiene media sanción del Senado, redundaría en más fondos frescos para las provincias si es convertida en ley. La oposición lo incluyó estratégicamente en el temario como anzuelo para los legisladores que responden a los mandatarios provinciales.
Desde la Casa Rosada desplegaron un fuerte operativo de presión para disuadir a los gobernadores de participar en la ofensiva opositora. El jefe de Gabinete Francos y el ministro del Interior, Lisandro Catalán, son los más activos en este operativo. A ellos se sumó el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, especialmente inquieto ante la posibilidad de perder uno de los insumos cruciales para su gestión: el uso de los decretos.
El escenario político y los números en juego
Menem está intranquilo por un antecedente reciente. Cuando hace dos semanas se votó en el recinto el emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento para que se dictaminara sobre la reforma de los DNU, el resultado le fue adverso: 142 diputados votaron a favor y 88 en contra. Hubo 26 ausentes.
Este resultado permite una doble lectura. Por un lado, la oposición tendría los votos suficientes para sancionar la ley, ya que se necesita una mayoría absoluta de 129 voluntades. Por otro, el oficialismo logró aglutinar un tercio de los votos de los integrantes del cuerpo para, eventualmente, blindar un veto presidencial.
Sin embargo, esto no representa un consuelo para los oficialistas. Temen que en el actual contexto político y económico, signado por una seguidilla de malas noticias para el Gobierno, la aprobación de la reforma de los DNU sea vista como una señal más de debilidad.
La reforma de la ley de DNU fue sancionada originalmente en 2006 a instancias de la entonces senadora Cristina Kirchner. Ahora, la oposición busca modificarla para recortar las facultades del Ejecutivo y reforzar la intervención del Congreso en la validación de estas normas.
