La Argentina logró un respaldo diplomático sin precedentes en el marco del juicio por la expropiación de YPF. Nueve países y tres organizaciones internacionales se presentaron formalmente ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York como amicus curiae en defensa del país.
El listado incluye a Estados Unidos, Israel, Italia, Francia, Ecuador, Uruguay, Chile, Ucrania y Rumania, además de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), el Bank Policy Institute y la American Bankers Association. Este nivel de apoyo, considerado "histórico" por la Procuración del Tesoro, refuerza la estrategia argentina para evitar la ejecución del 51% de las acciones de YPF que la justicia norteamericana ordenó entregar.
Qué implica el apoyo
La figura del amicus curiae (amigo del tribunal) permite que terceros presenten argumentos técnicos o jurídicos relevantes para el caso. En este contexto, las potencias y entidades internacionales advirtieron que autorizar la ejecución de activos soberanos en el extranjero “violaría el derecho internacional consuetudinario” y sentaría un precedente riesgoso para todos los Estados.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos reiteró su posición por tercera vez en un año, algo inusual en la historia judicial bilateral. Tanto la administración de Joe Biden (en 2024) como la de Donald Trump (en julio de 2025) habían respaldado la inmunidad soberana argentina, señalando que permitir la ejecución de activos estatales “sería incompatible con el sistema jurídico estadounidense”.
El caso de Israel también fue relevante: es la primera vez que ese país interviene en un litigio de esta naturaleza, alertando que una decisión adversa contra Argentina podría “generar un régimen de inmunidad global impredecible”. Francia, por su parte, envió una carta diplomática de apoyo.
La audiencia del 29 de octubre: punto de inflexión
La audiencia clave se realizará el 29 de octubre y definirá si la Argentina logra revertir la sentencia que la obliga a pagar más de USD 16.000 millones más intereses por la expropiación de YPF en 2012. La Procuración del Tesoro, encabezada por Rodolfo Barra y el subprocurador Juan Ignacio Stampalijá, coordina la estrategia junto a la Cancillería y el equipo jurídico en Estados Unidos.
El país sostiene que la orden de entregar el paquete accionario estatal (51%) viola la doctrina de inmunidad soberana y representa una amenaza al principio de autonomía de los Estados. El Gobierno considera que el fallo original, emitido por la jueza Loretta Preska, “fue una interpretación forzada del derecho comercial” que desconoce el carácter público de YPF.
Lo que viene: diplomacia, litigio y estrategia
Si la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito revierte la sentencia, la Argentina podría recuperar margen para negociar una reducción sustancial de la deuda o incluso reabrir la discusión sobre la jurisdicción del caso. En cambio, si se ratifica el fallo, el país deberá enfrentar la posibilidad de un embargo o la ejecución de activos en el exterior, aunque aún puede recurrir ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.
El Gobierno, que ya presentó tres apelaciones consecutivas, busca sostener una narrativa de “defensa soberana” acompañada por aliados estratégicos. “Se trata de un apoyo internacional sumamente contundente en favor de la posición del país”, afirmó Stampalijá. En paralelo, la Procuración y la Cancillería trabajan para mantener la atención diplomática sobre el caso y asegurar que el resultado final no comprometa ni las reservas del Banco Central ni el control estatal sobre YPF. Resulta importante destacar que el apoyo global recibido coloca a la Argentina en una posición más sólida que en cualquier etapa previa del litigio.
