Desde luego, cada uno de estos problemas se intensifican cuando la situación económica del país empeora: muchos de quienes se dedican a robar cables de cobre o placas de bronces lo hacen como medio de subsistencia básica. Pero también, detrás de cada uno de estos delitos hay organizaciones delictivas de tamaño e influencia variable. Reducidores, acopiadores, chatarreros a quienes se controla o se requisa, pero que parecen ser parte de una red a la que por cada tentáculo que se le corta, le crecen varios nuevos. Y ni que hablar que el problema cobra otra dimensión cuando parece una actividad casi industrial: los cables robados se cuentan de a kilómetros y hasta pueden provocar un choque de trenes.
El robo de cables no es exclusivo de ninguna región específica en Argentina; es una problemática que afecta a todo el país. En la ciudad de La Plata, la muerte de Alex Carranza, de 24 años, mientras robaba cables cerca del Club Universitario, ilustra cómo esta actividad delictiva se ha extendido por diversas provincias. En Mendoza, Juan Gerez, de 26 años, murió electrocutado mientras robaba cables de alta tensión en Guaymallén. Brian Levi López, conocido como "Trapito", falleció en circunstancias similares en Las Heras. Ambos eventos reflejan la gravedad de este delito y su impacto a nivel nacional.
En Santa Fe y Rosario, las historias de jóvenes electrocutados y heridos mientras intentaban sustraer cobre son cada vez más comunes. En Bahía Blanca, cuatro hombres de entre 18 y 32 años murieron electrocutados mientras intentaban robar cables de 33 mil voltios.
La reacción de las comunidades ante estas tragedias a menudo revela la deshumanización de los afectados. La maestra de uno de los jóvenes fallecidos, Melina Gigli, describió el dolor de ver cómo se celebraba la muerte de su alumno en redes sociales, señalando la desesperación que lleva a estos chicos a cometer tales actos. La pobreza empuja a muchos jóvenes a robar cables, creyendo que el riesgo es menor que el de otros delitos. Sin embargo, la realidad demuestra lo contrario con frecuencia.
Al mismo tiempo, los perjuicios económicos para las empresas de energía también son significativos. La infraestructura del país sufre daños severos, y los costos de reparación son elevados. La Empresa Provincial de la Energía (EPE) de Santa Fe reportó pérdidas superiores a 4 millones de dólares en 2023 debido a estos robos.
La edad del bronce
El robo de bronce y objetos de metal en edificios y espacios públicos de la Ciudad de Buenos Aires continúa en aumento. En 2023, las autoridades porteñas detuvieron a más de 500 personas por este tipo de delitos, que han crecido en paralelo con la crisis económica y la devaluación. Los robos se evidencian en picaportes, buzones, porteros eléctricos, placas en entradas de casas y edificios, y en monumentos públicos, que sufren diversos actos de vandalismo. Hace pocas semanas, fue muy notorio el deterioro observado en el Monumento de los Españoles, frente a los bosques de Palermo.
Para enfrentar esta situación recurrente en muchos barrios, las autoridades decidieron centrarse en frenar la circulación irregular de estos elementos valiosos en mercados específicos. En particular, se están reforzando los controles en las chatarrerías ubicadas en Constitución.
Las intervenciones directas a los ladrones de bronce a menudo resultan en imputaciones por daños menores, sin grandes consecuencias. El Ministerio de Justicia y Seguridad porteño sostiene que se trata de delitos de subsistencia, ya que quienes roban picaportes de bronce no suelen estar vinculados a redes criminales complejas. Sin embargo, en la cadena de comercialización irregular, las responsabilidades son mayores.
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El nuevo enfoque oficial busca abordar el problema desde el vandalismo del espacio público. Por ello, se han intensificado los operativos en las chatarrerías, donde la procedencia del material comprado no es cuestionada. Un artículo como una canilla o una baranda, por ejemplo, se compra por kilo a unos $2500. Al ser fundido en lingotes de ocho kilos, el valor del material se multiplica al menos por cuatro, beneficiando significativamente a quienes venden los metales a los recicladores.
En la ciudad bonaerense de San Nicolás, un comerciante de chatarrerías fue imputado por “el delito previsto en el artículo 277 del Código Penal, que reprime a la persona que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro en el que no hubiera participado, adquiere, recibe u oculta dinero, cosas o efectos provenientes de un delito. Además, se alegó que la situación del imputado se ve agravada por haber actuado con ánimo de lucro”, según informó el Ministerio Público Fiscal sobre el caso ocurrido en mayo pasado.
Varios comercios han sido cerrados debido a infracciones detectadas por las oficinas de control. El Ministerio de Justicia y Seguridad porteño indicó en un comunicado que “APRA participa en este tipo de inspecciones, ya que se han verificado irregularidades en gestión de residuos peligrosos, incumpliendo en algunos casos con acopio diferenciado y segregado, ante lo cual se han impuesto medidas preventivas, como clausuras”.
Entre los locales inspeccionados, una chatarrería ubicada en Brasil al 1800 tuvo que cerrar temporalmente por una clausura impuesta por inspectores porteños. La clausura se debió a la falta de higiene en el establecimiento, el acopio inadecuado de residuos peligrosos y la obstrucción del acceso a los matafuegos. Las acciones oficiales también envían un mensaje claro: se está enfocando en el control de la comercialización de estos materiales, donde tradicionalmente se compraba sin indagar sobre su origen.
El negocio del acopio
La magnitud del problema también se refleja en las operaciones policiales para detener el tráfico ilegal de metales. En marzo, Gendarmería Nacional interceptó dos camiones en Corrientes que transportaban 46 toneladas de cobre y bronce robados en el Conurbano Bonaerense. Este hallazgo llevó a un allanamiento en Rosario, donde se encontraron 200 bolsones con alambre de cobre, 10 mil dólares y 4.810.000 pesos. Una semana antes, en Paso de Los Libres, se incautaron 28 toneladas adicionales de cobre, valoradas en 788 millones de pesos, provenientes de Rosario con destino a Puerto Iguazú.
Las operaciones para frenar el tráfico de metales robados revelan la complejidad y la magnitud del problema. Los camiones que transportan cobre y bronce suelen estar autorizados para mover chatarra, lo que facilita el contrabando al ocultar el material robado en grandes bolsones. Las cifras millonarias involucradas subrayan la rentabilidad del negocio ilegal.
El aumento del precio internacional del cobre ha intensificado aún más esta problemática. La demanda global de cobre, impulsada por la transición hacia energías renovables y la expansión de la infraestructura tecnológica, ha elevado significativamente su valor en los mercados internacionales. La rentabilidad del cobre robado en el mercado negro aumenta proporcionalmente con su valor en las bolsas de metales, exacerbando la crisis del robo de cables en Argentina y complicando los esfuerzos de las autoridades para combatir este delito.
Estructura legal y control
Es evidente entonces que el mercado negro de metales no podría sostenerse sin la complicidad de mafias y redes organizadas que operan a lo largo del país. Estos grupos se dedican a recolectar, almacenar y distribuir el cobre y otros materiales robados, asegurando un flujo constante de recursos y beneficios económicos. Los revendedores y acopiadores juegan un rol clave, comprando el metal robado a precios significativamente inferiores a los del mercado legítimo y vendiéndolo posteriormente a chatarreros y exportadores que, en muchos casos, están al tanto de la procedencia ilegal del material.
En Argentina, la legislación relacionada con el comercio de metales busca regular la compra y venta de estos materiales para prevenir el comercio ilegal y el robo de metales. La Ley Nacional 24.449 establece normativas para el reciclaje y la comercialización de metales, incluyendo requisitos de registro para los compradores y vendedores, así como la obligación de presentar documentación que certifique la procedencia de los materiales. Además, el Código Penal prevé penas para quienes comercialicen metales robados, así como para aquellos que encubran o faciliten estos delitos. Otras leyes provinciales complementan en cada caso la normativa nacional.
Sin embargo, esta legislación no parece ser suficiente. La implementación efectiva de las normativas es limitada debido a que muchas veces las autoridades enfrentan su propia escasez de recursos, lo que hace notoria la falta de control y supervisión en los puntos de venta y reciclaje. Las chatarrerías a menudo eluden los requisitos legales al no registrar adecuadamente las transacciones o al aceptar materiales sin verificar su origen. Además, la alta demanda y el valor del cobre y el bronce en el mercado negro mantiene el incentivo para que los delincuentes sigan robando y vendiendo estos metales.
Es cierto que, en las últimas semanas, el precio internacional del cobre tuvo una baja abrupta luego del fuerte aumento en lo que va de 2024. Pero nada parece indicar que este índice vaya a modificar sustancialmente la base del problema, por lo que, si la vigilancia y el control tienen sus límites, sólo queda esperar entonces a que la situación económica mejore.
