La estafa comenzó con la falsificación de correos electrónicos provenientes de una dirección similar a la oficial de la UBA, "[email protected]". A través de estos correos, los estafadores enviaron órdenes de transferencia al Banco Nación, que, en lugar de requerir una solicitud física con las firmas de los responsables de la cuenta, procesó las transferencias de manera electrónica, violando los protocolos de seguridad de la universidad.
¿Qué es la "transferencia MEP"?
La "transferencia MEP" es un procedimiento bancario que, en su modalidad legítima, requiere que las transferencias sean solicitadas mediante documentación física firmada por los responsables de la cuenta. Sin embargo, en este caso, los estafadores enviaron solo correos electrónicos falsificados, y las transferencias fueron realizadas sin las firmas necesarias ni la documentación adecuada. Este aspecto de la investigación ha revelado posibles fallas en el sistema de verificación del Banco Nación, que facilitó el fraude.
¿Cuánto dinero fue sustraído y cómo fue distribuido?
El total robado ascendió a $1.600 millones. Las transferencias se distribuyeron entre ocho personas físicas y dos personas jurídicas, identificadas como Elysium SA y Ekzplodo SA. Los estafadores intentaron realizar tres transferencias adicionales por un total de $341 millones, pero no se concretaron. Aunque la UBA y el Banco Nación están trabajando para recuperar el dinero, hasta ahora no ha habido respuestas satisfactorias.
¿Qué implicaciones tiene para la UBA?
El dinero robado formaba parte del presupuesto de la universidad, utilizado tanto para el funcionamiento cotidiano de las facultades, como para proyectos de mayor envergadura. En la Facultad de Derecho, los fondos se destinaron a gastos operativos y salarios, mientras que en la Facultad de Odontología el dinero se había destinado a un ambicioso proyecto de investigación científica y mejora en la atención del hospital odontológico de la facultad. El robo afecta gravemente el financiamiento de estos proyectos.
¿Cuál es el avance de la investigación?
El fiscal Eduardo Taiano y el juez Sebastián Ramos están a cargo de la investigación. A día de hoy, cuatro personas han sido detenidas, y 17 más están siendo investigadas por delitos de fraude a la administración pública y falsificación de documentos. La investigación está centrada en descubrir cómo los estafadores pudieron tener acceso a las cuentas de la UBA y por qué el Banco Nación procesó las transferencias sin seguir los procedimientos requeridos. Además, se está indagando si existió alguna complicidad interna o alguna falla en la verificación de los correos electrónicos enviados al banco.
¿Cuál es la posición de la UBA sobre el incidente?
Desde la UBA, se ha reiterado que la institución no tiene responsabilidad en el robo y que las transferencias fraudulentas fueron realizadas sin su conocimiento. Matías Ruiz, subsecretario de Hacienda de la UBA, explicó que la universidad no realiza operaciones bancarias mediante correos electrónicos y que la estafa fue exclusivamente contra el Banco Nación. La universidad ha iniciado sumarios internos y ha solicitado la restitución del dinero, incluyendo los intereses correspondientes.
¿Cómo se vincula la estafa con la deuda de la UBA?
En un contexto confuso, el gobierno lanzó una acusación hacia varias universidades, incluyendo la UBA, por deudas no rendidas por 33.000 millones de pesos. La UBA, que debe casi 900 millones de pesos a la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología, ha sido vinculada erróneamente con esta acusación. Sin embargo, el subsecretario de Hacienda de la UBA, Matías Ruiz, negó cualquier vínculo entre la estafa bancaria y la acusación de deuda, destacando que la universidad está siendo víctima de un robo millonario.
Cómo sigue
La investigación judicial continúa y se espera que se esclarezcan las responsabilidades dentro del Banco Nación, así como el posible vínculo entre los estafadores y algunos empleados del banco. Además, se están llevando a cabo investigaciones internas tanto en la UBA como en la entidad bancaria, con el objetivo de determinar las fallas en los procedimientos de seguridad que permitieron el robo.
