La UBA creó un instituto para estudiar terrorismo y crimen organizado con respaldo del Poder Judicial y el Congreso
El nuevo centro académico reunió a jueces, fiscales y legisladores. Hubo un mensaje de Rafael Grossi y un homenaje al canciller israelí Gideon Sa'ar.
27 de noviembre 2025 - 22:32hs
El camarista Mariano Borinsky y el agregado jurídico del FBI Ricardo Hernández analizaron en uno de los paneles del lanzamiento del ISETCO la evolución del terrorismo y sus mecanismos de financiamiento
La Universidad de Buenos Aires formalizó la creación del Instituto de Estudios sobre Seguridad Estratégica en relación al Terrorismo y Crimen Organizado Internacional (ISETCO) en una ceremonia que se desarrolló en el Salón Rojo de la Facultad de Derecho. La iniciativa busca producir análisis interdisciplinarios sobre amenazas transnacionales y contó con la presencia de autoridades políticas, judiciales, diplomáticas y académicas, además de representantes de organizaciones civiles y especialistas en seguridad.
Entre los asistentes estuvieron el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil; los senadores Carlos Espínola, Sergio Uñac, Fernando Salino, Sandra Mendoza, Juan Manzur y Flavia Royón; y una nutrida representación del Poder Judicial que incluyó a los jueces federales Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña, Marcelo Martínez De Giorgi y Ariel Lijo. También participaron el camarista Mariano Llorens, el procurador general porteño Juan Bautista Mahiques, el procurador bonaerense Julio Conte Grand y las fiscales federales Alejandra Mángano y Cecilia Incardona. Embajadores, agregados extranjeros y miembros de las fuerzas de seguridad federales y de la Ciudad completaron la lista de invitados.
Los periodistas Eduardo Feinmann, Jorge Liotti, Romina Manguel y Daniel Santoro moderaron los diferentes paneles de la jornada, que comenzó a las 09:30 con las palabras del rector de la UBA, Ricardo Gelpi; el decano de Derecho, Leandro Vergara; el juez federal Ariel Lijo; y la directora ejecutiva del nuevo instituto, Luciana Micha. Antes de iniciar los paneles, Gelpi entregó un reconocimiento institucional al canciller de Israel, Gideon Sa'ar, quien se encuentra de visita en la Argentina.
Gideon Sa’ar, ministro de Relaciones Exteriores de Israel
Grossi destacó la "necesidad" del nuevo centro
Se proyectó un mensaje del diplomático Rafael Grossi, director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), recientemente postulado por el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino para quedar al frente de la Secretaría General de las Naciones Unidas. Grossi calificó la creación del instituto como "una iniciativa que encuentro tan necesaria como oportuna en un sentido global y también para nuestro país, nuestra región y el sistema multilateral en su conjunto".
La directora Luciana Micha presentó los lineamientos fundacionales. "El ISETCO somos todos", dijo al comenzar su exposición, antes de explicar que la entidad dependerá del rectorado y estará basada en una perspectiva interdisciplinaria. Remarcó que el objetivo es anticipar fenómenos complejos: "Este espacio tiene que ser plural y estratégico, para poder tener la información y los datos precisos para poder leer, diagnosticar y prevenir las amenazas". También alertó sobre el riesgo de respuestas estatales tardías.
El juez Ariel Lijo definió al ISETCO como "un legado institucional de la universidad" y remarcó que tendrá proyección internacional al enfocarse en "cuestiones muy concretas que atraviesan el mundo". También describió un rol judicial más complejo frente a estas amenazas: "El juez va a ser el eje de un difícil equilibrio entre la seguridad pública y ciudadana y el sistema de garantías". Y completó: "En definitiva, el gran desafío es no volver a atravesar situaciones que ya atravesamos en el país, y a eso se abocará el ISETCO".
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El rector Ricardo Gelpi, el decano Leandro Vergara, el juez federal Ariel Lijo y la directora ejecutiva Luciana Micha encabezaron la apertura institucional del acto de lanzamiento del ISETCO en el Salón Rojo de la Facultad de Derecho
El rector Gelpi cerró la apertura con una reflexión sobre el papel histórico de la universidad. "Hablar de la UBA es hablar de libertad, justicia, autonomía, excelencia, vocación y solidaridad", dijo, y afirmó que la institución vuelve a "dar un paso al frente con el liderazgo que la caracteriza desde hace muchos años". Subrayó que los desafíos actuales "no reconocen fronteras" y que el instituto nace con la intención de convertirse en "un ámbito de articulación internacional".
Reclamos por actualización del Código Penal
El programa académico comenzó con un panel dedicado al terrorismo global, moderado por Eduardo Feinmann. El camarista de la Casación Penal Federal Mariano Borinsky y Ricardo Hernández, agregado jurídico regional del FBI para Latinoamérica, examinaron la evolución del terrorismo contemporáneo y sus fuentes de financiamiento. Borinsky recordó los ataques contra la embajada de Israel en 1992 y contra la AMIA en 1994, y advirtió sobre la falta de adecuación normativa. "Es importante tener una arquitectura jurídica adecuada, que hoy no la tenemos", expresó. El camarista señaló que el Código Penal está vigente desde 1921 y que el país "está juzgando los atentados con delitos comunes". En materia de persecución económica, sostuvo que el decomiso anticipado es clave "para que los bienes vuelvan al Estado desde el comienzo". Hernández, por su parte, afirmó que todo acto terrorista tiene impacto transnacional y destacó el rol de las tecnologías emergentes: "Hoy en día el individuo tiene la capacidad, por ataques cibernéticos, con impresoras 3D y con el movimiento de criptomonedas, de autofinanciarse y autoabastecerse".
Crisis estatal y nuevas modalidades delictivas
El segundo panel, moderado por Jorge Liotti, analizó las transformaciones del crimen organizado en las Américas. Lourdes Puente Olivera, directora de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Católica Argentina; el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi; y la fiscal federal Alejandra Mángano abordaron la reconfiguración del narcotráfico en la región y el debilitamiento estatal. Puente Olivera planteó que "uno de los graves problemas que tiene esta lucha contra el crimen organizado es la fragmentación" y que la ausencia estatal después de la pandemia "empoderó a muchos carteles". Defendió la necesidad de articulaciones regionales porque "las resoluciones locales son absolutamente insuficientes porque el Estado está en crisis, está débil; no tiene plata ni capacidades ni poder social". Mángano describió nuevas modalidades delictivas asociadas a plataformas digitales, como mulas financieras y suplantación de identidad. "Lo que parece que ocurre de manera virtual y efímera produce en la realidad violencia física, extorsiones y muertes", aclaró.
El tercer panel, moderado por Romina Manguel, abordó desafíos para la investigación penal y herramientas digitales. El fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques, el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal Daniel Petrone y la fiscal federal Cecilia Incardona discutieron sobre nuevas tecnologías de investigación. Mahiques dijo que el fortalecimiento del sistema acusatorio resulta esencial para hacer frente a fenómenos globales que adquieren dimensiones cada vez más complejas. Petrone destacó la inteligencia artificial como un instrumento "super poderoso" para sumar eficacia en las pesquisas, aunque advirtió que debe tener "un balance con las garantías individuales".
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Juan Bautista Mahiques, Daniel Petrone y Cecilia Incardona debatieron sobre tecnología, cooperación internacional y los límites del sistema judicial para enfrentar delitos complejos
Los atentados en Argentina y la memoria institucional
El cuarto panel, moderado por Daniel Santoro, reunió a los jueces Carlos Alberto Mahiques, Mariano Llorens y Diego Barroetaveña; el presidente de la DAIA Mauro Berenstein; y el académico Jorge Szeinfeld. La mesa repasó los ataques sufridos en el país y examinó las dificultades históricas para consolidar investigaciones. Llorens recordó su participación en la causa que juzgó el hecho que dejó 85 víctimas el 18 de julio de 1994 y explicó que la Cámara validó el procedimiento del juicio en ausencia respecto del atentado a la AMIA, lo que permitirá identificar a los autores que están en Irán. Barroetaveña señaló: "El terrorismo es, sí, una detonación, pero también es todo aquello que ocurre después: la búsqueda de la verdad, la frustración, el compromiso institucional y la memoria que se rehúsa a desaparecer".
El quinto y último panel abordó respuestas institucionales para la prevención del terrorismo y el crimen organizado. Participaron Juan Rodríguez Ponte, director ejecutivo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos; Juan Manuel Olima Espel, del Ministerio Público Fiscal; el procurador bonaerense Julio Conte Grand; y el ex secretario de Inteligencia Miguel Ángel Toma. Los oradores analizaron los mecanismos institucionales y judiciales destinados a la prevención, con especial foco en los instrumentos para combatir el lavado de activos. Toma repasó la evolución histórica de la legislación en materia de defensa y seguridad, y sostuvo que muchas normas vigentes fueron concebidas para responder a amenazas que ya no existen. Recordó que, tras los alzamientos militares de 1987, se redactaron las leyes de Defensa Nacional, Seguridad Interior e Inteligencia, diseñadas para "neutralizar la amenaza de volver al pasado". Sin embargo, advirtió que la naturaleza de las amenazas actuales exige actualizar la legislación: "Desaparecida la amenaza anterior, y aparecidas nuevas amenazas, corresponde dar nuevas respuestas".
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Rodríguez Ponte, Olima Espel, Julio Conte Grand y Miguel Ángel Toma abordaron los desafíos para actualizar la legislación, mejorar la cooperación y combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo
