Los denunciantes de la Coalición Cívica, Matías Yofe y Facundo del Gaiso, presentaron este viernes un escrito ante el juez federal Daniel Rafecas para solicitar el allanamiento inmediato de una propiedad ubicada en Villa Rosa, Pilar, presuntamente vinculada a Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino, presidente y secretario general de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) respectivamente. La denuncia apunta contra Luciano Pantano y Ana Conte, señalados como posibles testaferros de los directivos futbolísticos.
El escrito, al que accedió Clarín, expresa una preocupación urgente por la posible pérdida de elementos probatorios. "Se están retirando pruebas todos los días", manifestaron Yofe y Del Gaiso en su presentación judicial. Los denunciantes alertaron sobre la circulación en redes sociales de imágenes de camiones y grúas que ingresan y egresan de la mansión, transportando automóviles de lujo y contenedores.
La propiedad en cuestión, ubicada en Misiones 4097, cuenta con una superficie de 105.000 metros cuadrados y alberga, según la denuncia original, una colección de automóviles de alta gama, un haras con caballos árabes y pura sangre de carrera, pista de entrenamiento equino, helipuerto e instalaciones deportivas múltiples. El valor estimado de la quinta asciende a varios millones de dólares.
Dos medidas para preservar las pruebas
Los representantes de la Coalición Cívica solicitaron al magistrado dos acciones concretas para evitar lo que califican como un potencial "vaciamiento" del predio. En primer lugar, reclamaron que se ordene "de manera inmediata el allanamiento de la finca" para "constatar in situ la existencia y estado de los bienes suntuosos", procediendo "en su caso a su secuestro preventivo o registro fotográfico".
Como medida alternativa o complementaria, pidieron que se disponga "con carácter urgente una consigna policial permanente (u otra medida de seguridad equivalente) en todas las entradas y salidas del citado inmueble". El objetivo, según explicaron, es "controlar el movimiento de bienes desde o hacia la propiedad e impedir la eventual sustracción o traslado de los objetos de alto valor allí existentes mientras se sustancian las pericias e inspecciones correspondientes".
En su fundamentación, los denunciantes advirtieron sobre el "riesgo cierto de que los bienes detallados sean trasladados, ocultados o disipados, frustrando así la efectiva investigación judicial". Según su apreciación, existe una "demora prolongada respecto de la definición de la competencia y la falta de imposición de medidas preventivas para la preservación de los bienes muebles identificados en el predio en cuestión".
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"Esta circunstancia imprime a la situación un carácter de urgencia extrema, habida cuenta de que la permanencia de los objetos de lujo en el domicilio en cuestión no estaría garantizada por más tiempo si no se adoptan de inmediato medidas procesales de resguardo", señalaron Yofe y Del Gaiso en el documento presentado.
La demora en la investigación
El expediente atraviesa desde su inicio un conflicto de competencias que impide el avance de la investigación. La causa fue sorteada originalmente al juzgado de Rafecas, quien se excusó y la remitió al fuero de Penal Económico. El caso recayó entonces en el juzgado N° 10 de Marcelo Aguinsky, actualmente de licencia y subrogado por Javier López Biscayart.
López Biscayart se declaró incompetente y devolvió el expediente a Rafecas. Si el juez mantiene su postura inicial, la decisión final sobre qué magistrado investigará la denuncia quedará en manos de la Cámara Federal de Comodoro Py.
En su escrito, los denunciantes argumentaron que "la gravedad de los hechos denunciados —una posible utilización de testaferros para la adquisición de una propiedad valuada en varios millones de dólares, dotada de instalaciones propias de un altísimo poder adquisitivo— sumada a los indicios de vaciamiento mencionado, amerita la respuesta más diligente por parte de ese Juzgado".
La denuncia fue presentada originalmente por Yofe, Del Gaiso y la diputada Elisa Carrió, y apunta a investigar una presunta maniobra de lavado de activos mediante el uso de personas interpuestas para la adquisición de bienes de alto valor. Mientras se define qué juez tendrá a cargo la investigación, la Coalición Cívica presiona para que se adopten medidas cautelares que impidan la desaparición de elementos que consideran fundamentales para esclarecer los hechos denunciados.
