La nueva reforma constitucional de El Salvador autoriza a los jueces a otorgar cadena perpetua a los menores de entre 12 y 18 años. La medida, impulsada por la administración de Nayib Bukele como parte de su ofensiva contra el crimen organizado, rompe con el modelo tradicional de justicia juvenil y desata una ola de advertencias por parte de organismo de DDHH.