El juez del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona, encargado de investigar una posible trama de corrupción en Hacienda durante los gobiernos del PP, ha decidido no considerar delito que el exministro Cristóbal Montoro recibiera correos electrónicos con datos fiscales de políticos de distintos partidos.
Esta investigación se centra en una serie de acusaciones que sugieren que se habrían modificado leyes para beneficiar a empresas a cambio de dinero.
Personación de los perjudicados: Rato y Monedero
En varios autos emitidos en junio de 2023, el juez ha denegado la personación como perjudicados del exministro Rodrigo Rato y del exdirigente de Podemos, Juan Carlos Monedero, quienes habían solicitado ser parte del caso tras considerar que habían sido víctimas de la trama.
Según el magistrado, Montoro estaba "plenamente autorizado" y "legitimado" para recibir dicha información fiscal, ya que como ministro de Hacienda tenía la responsabilidad sobre la Agencia Tributaria.
Imputaciones en la trama de corrupción
La investigación ha sido secreta desde 2018 y está centrada en una supuesta trama de corrupción en Hacienda, que involucra a exaltos cargos del Ministerio de Hacienda, socios del bufete Equipo Económico y dirigentes de varias empresas fabricantes de gases industriales.
Se les imputan delitos como cohecho, fraude, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
No hay delito de revelación de secretos ni infidelidad en la custodia de documentos
El juez ha determinado que no se configura un delito de revelación de secretos ni de infidelidad en la custodia de documentos, ya que los correos electrónicos con los datos fiscales de los políticos no fueron divulgados a terceros.
La información fue transmitida internamente entre el jefe de gabinete de Montoro y el propio ministro, lo que no constituye un acceso indebido ni una violación de la ley, ya que Montoro, como responsable máximo de la Agencia Tributaria, tenía derecho a conocer esos datos.
Fiscalía revisó los correos sin hallar indicios de delito
El propio juez subraya que la Fiscalía, al revisar la documentación del caso, ya había determinado que el contenido de los correos y su mera remisión no constituían un delito.
En cuanto a Juan Carlos Monedero, el juez enfatiza que en los correos no se observa que se hayan realizado inspecciones fiscales sin fundamento o que los datos fiscales de Monedero hayan sido falseados o alterados.
La información contenida en esos correos solo reflejaba las actuaciones que la Agencia Tributaria estaba llevando a cabo en relación con el exdirigente de Podemos.
Montoro estaba autorizado para recibir los datos fiscales
El magistrado también destaca que Cristóbal Montoro, como ministro de Hacienda, tenía la autoridad legal para acceder a la información que recibía.
En su auto, el juez señala que Montoro estaba "plenamente autorizado" para conocer los datos fiscales de los ciudadanos, ya que su cargo le otorgaba la superior dirección de la Agencia Tributaria, lo que implica que tenía la responsabilidad de supervisar las actuaciones de la misma.
En este contexto, el acceso a esos datos no se considera un abuso ni una violación de la ley, sino parte de sus funciones oficiales.
El acceso a los datos fiscales estaba dentro de las funciones del ministro
El juez aclara que para que existiera un delito de revelación de secretos, los datos en cuestión tendrían que haber sido reservados y las personas que los accedieran no debían estar autorizadas a hacerlo.
En este caso, tanto el ministro de Hacienda como su jefe de gabinete estaban legalmente autorizados a acceder a la información que se transmitió, y por tanto, no se puede considerar que se haya cometido un delito.
Denuncia de un periodista también desestimada
En relación con la persona que también solicitó personarse como perjudicada, un periodista que denunció ser víctima de Montoro tras publicar artículos sobre los negocios del bufete Equipo Económico, el juez también ha desestimado su solicitud.
El periodista había alegado que su situación fiscal había sido expuesta para silenciarlo y evitar que continuara publicando.
Sin embargo, el juez concluye que los correos electrónicos no evidencian ningún intento de intimidación o de ocultar información para que el periodista no publicara más artículos, ya que los datos fiscales que se transmitieron no daban lugar a esa deducción.
Conclusión del juez
En resumen, el juez ha determinado que Cristóbal Montoro actuó dentro de los límites legales al recibir y conocer los correos electrónicos con datos fiscales, dado su cargo como ministro de Hacienda y la función que desempeñaba en la supervisión de la Agencia Tributaria.
Además, el magistrado ha subrayado que los datos fiscales fueron manejados de manera interna y no se dieron a conocer a terceros sin autorización, lo que excluye la comisión de delitos relacionados con la revelación de secretos o la infidelidad en la custodia de documentos.
