El presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, y el vicepresidente de la institución, Fernando Giménez, fueron detenidos este martes en el marco de una operación de la Guardia Civil (UCO) que investiga presuntas contrataciones irregulares vinculadas a la compra de material sanitario durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19.
El caso de las mascarillas
La causa, conocida como el “Caso Mascarillas”, tiene su origen en un contrato adjudicado por la Diputación almeriense en abril de 2020 para el suministro de mascarillas, guantes y monos de protección, con un valor superior a los 2 millones de euros.
Según los primeros informes de la UCO, el contrato podría haber estado vinculado a la obtención de comisiones ilegales, que habrían alcanzado el 10% del importe adjudicado, lo que representaría una suma cercana a los 200.000 euros.
La empresa involucrada en este contrato es Azor Corporate Ibérica SL, que, según la investigación, habría recibido el encargo sin seguir los procedimientos adecuados en un contexto de emergencia sanitaria. Esta irregularidad ha llevado a la detención de los principales responsables políticos de la Diputación.
El papel del presidente y vicepresidente
Javier Aureliano García, además de ser presidente de la Diputación, es el líder del Partido Popular en la provincia de Almería, cargo que lo ha colocado en el centro de la política regional. Su detención representa un golpe importante para la imagen del PP en la provincia, que se enfrenta ahora a la presión de los medios y la oposición.
El vicepresidente, Fernando Giménez, también ha sido arrestado en el contexto de la investigación, que apunta a una serie de irregularidades administrativas. Según los investigadores, ambos habrían tenido conocimiento de las contrataciones irregulares, aunque aún no se ha establecido su grado de implicación.
Un nuevo escándalo en la gestión pública
Este caso se suma a una serie de escándalos en varias administraciones públicas que han tenido lugar a lo largo de los últimos años, donde la contratación de material sanitario durante la pandemia ha sido cuestionada por posibles prácticas corruptas.
La detención de García y Giménez se suma a una creciente lista de políticos y empresarios investigados por presuntas malversaciones de fondos públicos.
La Diputación de Almería, bajo la presidencia de García, había sido un actor clave en la gestión de la emergencia sanitaria en la región, lo que ha añadido una dimensión política aún mayor a la investigación. Además de la compra de material sanitario, los investigadores no descartan que existan más contratos irregulares que podrían ser parte de una red de corrupción dentro de la administración pública provincial.
¿Qué sigue en la investigación?
La operación está en marcha y podría tener más repercusiones en la política andaluza y española. Los investigadores se centran ahora en determinar la magnitud de las comisiones ilegales, el papel de las empresas contratadas, y si existen más irregularidades en otros contratos adjudicados por la Diputación.
Además, el caso podría abrir un debate sobre la transparencia y el control de las contrataciones públicas en situaciones de emergencia, especialmente en el contexto de la pandemia, donde muchos procesos fueron acelerados y algunos funcionarios aprovecharon la urgencia para obtener beneficios personales.
