La tensión entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid escaló este lunes después de que Pedro Sánchez anunciara que el Ejecutivo llevará a los tribunales al Gobierno regional por negarse a elaborar el registro de objetores de conciencia frente al aborto, una obligación recogida en la Ley de salud sexual y reproductiva.
El presidente del Gobierno confirmó que la Abogacía del Estado presentará un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. “Defenderemos los derechos de las madrileñas en los tribunales”, escribió en X.
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Moncloa acusa a la Comunidad de Madrid de incumplir de forma reiterada la ley y de mantener un modelo que deriva “más del 99 %” de las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas, convirtiendo —según Sánchez— “un derecho esencial en un negocio”. El Ejecutivo recuerda además que el registro es confidencial y está diseñado para organizar los servicios sanitarios, no para identificar públicamente a los profesionales.
Ayuso responde con dureza: “Solo un dictador les puede obligar”
La reacción desde la Puerta del Sol no se hizo esperar. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, elevó el tono del enfrentamiento con un mensaje en X:
Ayuso agregó además que “el PSOE de Castilla-La Mancha derivó a Madrid 2.000 abortos el año pasado”, en un intento de devolver el foco al Gobierno central y a otras autonomías.
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La consejera de Sanidad niega que Madrid vaya a publicar nombres
En paralelo, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, defendió que nadie obligará a la Comunidad a publicar los nombres de los objetores “por cuestiones éticas, morales, religiosas o filosóficas” y aseguró que el Gobierno regional “defenderá” a los sanitarios en los tribunales.
“Con la Constitución en la mano defenderemos la libertad de conciencia”, afirmó Matute, que reprochó a la ministra de Sanidad, Mónica García, utilizar “la política para beneficio propio” y actuar movida por un afán de confrontar con Madrid.
La consejera insistió en que el Gobierno autonómico mantiene su posición: que el aborto sea “legal, seguro y poco frecuente”, sin perseguir “ni a quien lo hace ni a quien lo practica”, y pidió que sea un tribunal —y no “una ministra sectaria”— quien aclare la legalidad del registro.
Un conflicto que escala y marca un nuevo frente político
El choque abre un nuevo capítulo en la batalla entre Génova y Moncloa sobre el modelo sanitario y la aplicación de leyes estatales. Mientras el Gobierno insiste en garantizar el acceso al aborto en la sanidad pública, Madrid acusa a Sánchez de invadir competencias y de querer imponer una visión ideológica en los hospitales.
Con la vía judicial ya en marcha, el conflicto promete convertirse en uno de los ejes de tensión política en los próximos meses, con el derecho a la objeción de conciencia y la gestión sanitaria como epicentro del debate.
FUENTE: El Observador
