El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha defendido su inocencia ante el Tribunal Supremo en el caso de la presunta revelación de secretos que afectaría a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. En su escrito de defensa, García Ortiz sostiene que la información esencial ya había sido difundida desde el "aparato institucional de la Comunidad de Madrid" antes de cualquier actuación suya.
El documento, presentado por la Abogacía del Estado en su representación, subraya que no hubo delito, ya que su única intención fue responder —en el marco de sus competencias— para proteger la imagen de la Fiscalía frente a una "campaña de desinformación" que cuestionaba la integridad de sus miembros.
Quiénes tenían acceso a la información
García Ortiz también señala que aproximadamente 600 personas dentro de la Fiscalía, además de personal judicial, podían haber accedido a los correos electrónicos relacionados con el caso. Esto incluiría el mensaje enviado el 2 de febrero por la defensa de González Amador, en el que se ofrecía a reconocer los delitos fiscales a cambio de un acuerdo.
Acusa al entorno de Ayuso
La defensa pone el foco en las maniobras del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, quien, según el escrito, habría iniciado desde las 19:00 del 13 de marzo una estrategia de comunicación para presentar a González Amador como víctima de una operación política orquestada por el Gobierno central. Entre otras acciones, Rodríguez habría difundido información falsa a periodistas y facilitado el contacto entre González Amador y un reportero de El Mundo, lo que llevó a la publicación de una noticia que, según García Ortiz, contenía los datos clave que luego se le atribuyen haber filtrado.
Señala a los medios
La defensa asegura que fue El Mundo quien publicó primero, a las 21:29 del 13 de marzo, los elementos esenciales: que González Amador reconocía los hechos, que había una propuesta de acuerdo, y el contenido de dicha propuesta. Además, señala que eldiario.es ya manejaba desde el 6 de marzo información sobre la investigación, que publicó el día 12, lo que habría motivado una operación política por parte del entorno de Ayuso para contrarrestar el impacto mediático.
El argumento de la defensa
García Ortiz recibió los correos completos la noche del 13 de marzo, según su defensa. El primero lo recibió a las 21:59, y el último —el de 12 de marzo, citado por El Mundo— a las 23:44. En ese contexto, asegura que solo entonces comprendió la magnitud de lo que se estaba publicando y ordenó recabar información de forma urgente.
La defensa argumenta que no fue una filtración desde la Fiscalía, sino una confluencia de dos procesos paralelos: la investigación periodística impulsada por el interés público, y la necesidad interna de esclarecer lo ocurrido.
Sobre el borrado de datos y teléfonos
El fiscal general también rechaza que el borrado de su móvil personal y de su cuenta de Gmail constituya un indicio de culpabilidad. Alega que lo hacía de forma regular por seguridad y que cambió de teléfono porque se había hecho público y recibía mensajes hostiles.
Pide que declare Gonzalez Amador y Miguel Ángel Rodríguez
Por otro lado, la Abogacía del Estado subraya que la filtración no ha perjudicado a González Amador, ya que las negociaciones con la Fiscalía aún podrían retomarse. Para el juicio, se propone que testifiquen tanto González Amador como Miguel Ángel Rodríguez, entre otros.
