La huelga general convocada este miércoles 11 de noviembre por la crisis de la vivienda y el costo de la vida ha dejado dos fotografías opuestas en España: manifestaciones multitudinarias en las principales capitales y un impacto económico y laboral muy limitado en los centros de trabajo. 14 años después de la última huelga general celebrada el 14 de noviembre de 2012, los indicadores objetivos —con el consumo eléctrico a la cabeza— reflejan un seguimiento notablemente inferior al de aquella jornada.
Aunque la convocatoria contó con 23 días de preparación desde su registro oficial el 19 de octubre —frente a los catorce de 2012— y con el respaldo explícito del Gobierno de Pedro Sánchez, la actividad productiva apenas echó el freno. Sin embargo, decenas de miles de ciudadanos tomaron las calles impulsados por la crisis habitacional y el malestar social acumulado tras el desahucio y el decreto Maricarmen.
Consumo eléctrico del 11-N frente a la huelga general de 2012
El comportamiento de la demanda energética, uno de los medidores más objetivos del seguimiento laboral, confirma que el parón productivo estuvo muy lejos de las movilizaciones de hace 14 años.
Según los registros de Red Eléctrica, el consumo eléctrico durante la jornada del 11-N se situó en 703,4 GWh, frente a los 730,9 GWh previstos por la empresa pública, lo que supone un retroceso del 3,8 % (el 3,9 % según el balance global de la jornada y apenas el 3,7 % a las 18:00 horas). Este descenso queda muy por debajo de la caída del 13,5 % registrada el 14 de noviembre de 2012, cuando la reducción superó el 13 % hasta las 17:00 horas.
La comparativa con jornadas anteriores refuerza esa brecha. Frente al miércoles anterior (4 de noviembre, con 754,5 GWh), la demanda bajó un 6,8 % (en torno al 7 % al cierre de la edición), frente al desplome cercano al 16 % de 2012. Respecto al martes 10 de noviembre (726,0 GWh), el descenso fue de apenas el 3,1 %. Mientras que hace catorce años la caída de la demanda se mantuvo elevada durante todo el día, este miércoles el retroceso fue más acusado a primera hora de la mañana pero se recuperó de forma considerable a partir del mediodía.
En el sector industrial, el consumo energético cayó un 25 %, muy lejos de los descensos del 80 % o el 90 % registrados en huelgas generales anteriores. En la práctica, no hubo un parón generalizado de la gran industria, más allá de paradas puntuales a primera hora de la noche en plantas clave como la factoría de Seat en Martorell (Barcelona).
Guerra de cifras entre sindicatos y patronal por el seguimiento del 11-N
La interpretación del respaldo laboral ha abierto una brecha absoluta entre las organizaciones convocantes y la patronal:
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La postura de CCOO y UGT: Los sindicatos calificaron la jornada de "éxito", pero descartaron ofrecer un porcentaje global de participación nacional argumentando que el impacto fue muy "desigual" entre territorios según la gravedad del problema de la vivienda en cada región. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, rechazó elaborar promedios nacionales al considerarlo "bastante aburrido". Por su parte, CCOO difundió estimaciones parciales por comunidades autónomas: situó el seguimiento en el 84 % en Cataluña (más del 80 % según el balance matinal), en el 70 % en Madrid, Andalucía, Asturias y Aragón, y cerca del 60 % en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.
El balance de la CEOE: La patronal aseguró que el paro registró "mínimos históricos a nivel sectorial y territorial", cifrando el seguimiento en menos del 5 %. Para la CEOE, se trata de la participación más baja estimada por los empresarios en toda la historia de la democracia española, por debajo del 12 % que atribuyeron a la huelga del 14 de noviembre de 2012. Además, advirtió de que la huelga costará a España un mínimo de 2.000 millones de euros en PIB y criticó que el Gobierno alentara una protesta que perjudica la imagen exterior y desanima la llegada de inversiones.
Una multitudinaria marcha llena el centro de Logroño este miércoles en pro de salarios y vivienda dignos como broche final de la jornada de huelga general de este 11N.
Del paro masivo de 2012 a la crisis de la vivienda y el teletrabajo
El contraste entre ambas convocatorias responde a realidades económicas, laborales y tecnológicas comDe la recesión al problema habitacional: En 2012, España atravesaba una crisis financiera y de deuda con más del 25 % de paro (50 % entre los jóvenes), tres millones de empleos destruidos entre 2008 y 2012, el cierre de 245.000 empresas y duros recortes en Sanidad y Educación que dieron origen a las mareas blanca y verde. Hoy, en cambio, hay más gente trabajando que nunca y la actividad resiste, pero millones de ciudadanos con empleo no llegan a fin de mes o no pueden pagar un alquiler ni acceder a una vivienda en propiedad.
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Teletrabajo y redes sociales: La implantación del teletrabajo tras la pandemia de Covid-19 amortiguó el impacto económico de los cortes de carreteras, retrasos en autobuses y cancelaciones de trenes. Paralelamente, las redes sociales y las aplicaciones de mensajería ejercieron como herramienta de movilización instantánea, otorgando al Sindicato de Inquilinas una capacidad de convocatoria en las calles equiparable a la de las dos grandes centrales sindicales.
Aspecto de los disturbios que se están produciendo en el centro de Barcelona tras las manifestaciones por la huelga general.
Manifestaciones multitudinarias y disturbios en Madrid, Barcelona y País Vasco
Mientras los centros de trabajo mantuvieron su actividad habitual, las calles registraron una elevada afluencia. En Madrid, pese a la intensa lluvia, la Policía estimó la asistencia en 60.000 manifestantes y la Delegación del Gobierno la elevó hasta los 120.000, cifras próximas a las de las marchas convocadas en solitario por el Sindicato de Inquilinas tras el rechazo al decreto Maricarmen (70.000 personas).
El final de la jornada estuvo marcado por graves altercados, decenas de detenidos y un cruce de acusaciones sobre el orden público:
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En Barcelona: Grupos de jóvenes lanzaron objetos y pirotecnia contra los Mossos d'Esquadra y destrozaron escaparates en el centro de la ciudad, incluida la tienda de Apple.
En Madrid: La Policía dispersó a los grupos violentos con pelotas de goma y gas pimienta. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, denunció la "violencia" policial y anunció acciones por la vía penal por el uso de gas pimienta contra los piquetes en MercaMadrid.
En el País Vasco: Varios encapuchados asaltaron y destrozaron la sede del Partido Popular en Barakaldo, atacando a dos militantes que se encontraban en el interior. La CEOE condenó de forma rotunda los incidentes de piquetes no informativos y los actos vandálicos que impidieron el acceso aislado a centros de trabajo.
El cálculo político de Moncloa y la estrategia de los "martes sociales"
A diferencia de 2012 —cuando la huelga se dirigió directamente contra las políticas de austeridad del Gobierno de Mariano Rajoy—, el paro del 11-N se ha desarrollado en plena precampaña electoral con el respaldo explícito del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que buscaba movilizar al electorado de izquierdas en torno a la vivienda y desviar el foco del accidente de Urda.
Los ministros vaciaron sus agendas oficiales en señal de apoyo. Durante los días previos, la portavoz Elma Saiz celebró la convocatoria, el ministro Pablo Bustinduy aseguró que haría "todo lo posible" para su éxito y el propio presidente Sánchez difundió un vídeo en redes sociales advirtiendo de que "lo que costó un siglo conquistar se puede perder en un instante", enmarcando la protesta como una huelga preventiva contra un hipotético Gobierno de PP y Vox. En la misma línea, los diputados socialistas y de izquierda ausentaron sus escaños en el debate presupuestario del Parlamento de Andalucía —con María Jesús Montero a la cabeza, lo que Juanma Moreno calificó de "irresponsabilidad"— y en las Cortes Valencianas.
Pese a que en Moncloa guardaron silencio al término de la jornada sin valorar el resultado, el Ejecutivo mantiene su hoja de ruta preelectoral vinculada a la agenda social:
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Convalidación del decreto de vivienda: La Diputación Permanente del Congreso abordará este jueves los decretos aprobados el 6 de octubre cuya derrota parlamentaria forzó el adelanto electoral.
Los "martes sociales": Moncloa ha diseñado una batería de medidas en el Consejo de Ministros hasta las elecciones. Este martes aprobó el derecho a la pensión de viudedad para parejas con hijos que acrediten dos años de convivencia, mientras queda pendiente la posible subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) respaldada por los expertos del Ministerio de Trabajo y los sindicatos.
